"Cada prohibición crea un
Nuevo mercado ilegal."
Jello Biafra
Desde el fin de semana pasado empezaron a llegar inspectores a restaurantes del Distrito Federal exigiendo el cierre de los establecimientos. Incluso pedían desalojar a los comensales que ya se encontraban en los locales. La pena por no obedecer era la clausura definitiva; en otras palabras, la pena de muerte para el establecimiento.
Ayer la medida, que se había venido aplicando de manera discrecional, se hizo general. Un decreto del Gobierno capitalino prohibió a todos los restaurantes servir alimentos en sus instalaciones.
Una vez más la pena a los infractores es la clausura definitiva.
La medida sólo se está aplicando en el Distrito Federal. Ninguna otra entidad ha llegado tan lejos en las restricciones a la actividad económica por la emergencia sanitaria.
De hecho, la medida no ha sido recomendada por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.
El Consejo de Salubridad General, máxima autoridad del país en materia de salud después del presidente de la república, no sólo no ha pedido el cierre de los restaurantes sino que ha solicitado que no se tomen medidas que afecten de manera significativa la actividad económica.
Las consecuencias de la decisión del Gobierno capitalino pueden ser enormes. En el Distrito Federal 35 mil establecimientos venden comida preparada.
Cuatrocientas cincuenta mil personas viven de la operación de estos establecimientos, que representan el 20 por ciento del producto bruto de la ciudad.
El decreto no exenta a los restaurantes de los hoteles. Quizá la autorización a los "alimentos para llevar" permita ofrecer servicio a cuartos, pero en el momento en que escribo no hay confirmación oficial. Los huéspedes de los hoteles pueden morirse de hambre en una ciudad sin restaurantes.
La restricción se convierte en un incentivo más para la economía informal. Los establecimientos amenazados con pena de muerte son todos formales.
Ayer pude observar restaurantes pequeños y humildes cerrados, pero los puestos de tortas y jugos que representan una competencia desleal sí están operando. El gobierno capitalino, que dice estar actuando para proteger la salud pública, no se interesa por los expendios que más abiertamente violan las reglas de higiene.
Uno puede entender la intención del Gobierno de detener una epidemia que ha alcanzado su mayor extensión y peligrosidad en el Distrito Federal, pero la prohibición a la operación de los restaurantes es insensata.
Más inteligente habría sido impedir las aglomeraciones en los restaurantes, pero la inteligencia está ausente en las burocracias.
No se ha impedido, por otra parte, la operación de otros establecimientos mercantiles, como tiendas o comedores industriales, con el mismo peligro de contagio, ni tampoco la operación del transporte urbano, cuyas unidades representan un peor riesgo de infección que los restaurantes.
La medida parece más política que sanitaria. En estos tiempos electorales el Gobierno capitalino parece querer demostrar que está dispuesto a ir más allá que cualquiera en las medidas de autoridad para enfrentar la epidemia.
Una vez más el Gobierno capitalino parece empeñado en demostrar su prejuicio contra los "ricos".
Sólo que en esta ocasión los afectados son principalmente dueños de pequeños restaurantes y trabajadores de escasos recursos.
Los políticos y funcionarios del Gobierno capitalino, que al final de la quincena recibirán su sueldo pase lo que pase, no entienden que el medio millón de personas que están afectando con su decisión necesitan trabajar para obtener de qué vivir.
Mucha gente, incluyendo a funcionarios bien pagados y supuestamente educados, no parece entender cómo se propaga el virus de la influenza porcina. Éste no se transmite por los alimentos sino por las vías respiratorias a través de un contacto con un paciente infectado o con su saliva, por ejemplo, en un estornudo.
