El Ejecutivo federal propuso en su paquete de reformas que exista una segunda vuelta en la contienda presidencial en caso de que ningún candidato obtenga el 50 por ciento del total de los votos, además modificaría la fecha de elección de legisladores.
Según la propuesta de reforma al artículo 81 constitucional, será electo presidente de la República por mayoría absoluta quien obtenga la mitad más uno del total de los sufragios emitidos.
Si ningún candidato obtiene dicho número de votos se realizará una segunda votación donde únicamente participarán los dos aspirantes que hayan obtenido el mayor número de votos emitidos.
El Presidente Calderón propuso que la primera vuelta de la elección presidencial se realice el primer domingo de julio, mientras que la segunda vuelta y los comicios para elegir legisladores federales se efectuarían el segundo domingo de agosto.
Esto implicaría, según la iniciativa, que la instalación de cada legislatura se haga a partir del 1 de octubre del año de la elección presidencial, en lugar del tradicional 1 de septiembre.
Cabe señalar que el presidente Calderón obtuvo la presidencia de la República con el 35.89 por ciento de los votos, seguido de Andrés Manuel López Obrador con el 35.33 por ciento, una diferencia del 0.58 por ciento.
Además, el presidente Calderón también propuso establecer las candidaturas independientes, para lo cual se deberán presentar un número de firmas no menor al uno por ciento del padrón electoral de la demarcación que corresponda.
Se debe recordar que el 5 de marzo de 2004 el ex canciller Jorge Castañeda intentó registrarse como candidato independiente o ciudadano ante el IFE, petición que le fue negada pues se trata sólo de una facultad de los partidos políticos.
Inconforme, Castañeda acudió a la Suprema Corte de Justicia, la cual determinó en el año 2005 que no era válida su petición, por lo que recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
Finalmente el organismo internacional falló en septiembre de 2008 en contra de Castañeda al señalar que el Estado mexicano no violó sus derechos políticos y de igualdad al negársele el registro como candidato independiente.
