A tres años de que se lanzara el primer operativo conjunto contra el narcotráfico, el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Martín Barrón, consideró necesario que las autoridades revisen y modifiquen su estrategia de lucha.
Recordó que de 2007 a 2008 la cifra de muertes dolosas o ejecuciones de los narcotraficantes se incrementó en 117 por ciento, pero reconoció que aún no se ha determinado las razones que llevaron a los sicarios o delincuentes a actuar con mayor y extrema violencia.
Sin embargo, Barrón asegura que aún con las cifras mas alarmantes, en México el problema de los homicidios dolosos no es tan grave ya que se estaría hablando de 0.02 por ciento del total de las muertes.
Por otro lado, consideró que el problema es de percepción, pues los medios de comunicación dan a conocer situaciones de extrema violencia y esto llama la atención de la sociedad, pero no es que mientan sino que detallan la forma en que son ejecutadas las personas y eso es lo que debe trabajarse para evitar que se afecten las visiones sobre el problema.
Apenas a diez días de que tomar posesión el presidente Felipe Calderón, el 11 de diciembre de 2006, lanzó el primero de los operativos conjuntos en Michoacán.
En días subsecuentes, los operativos entraron en vigor en otras zonas del país como Guerrero, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo león y Tamaulipas, que hoy mantienen en desplegados en operación permanente a 45 mil militares y 20 mil agentes de la Policía Federal.
Como parte de este plan, el gobierno federal, a través del Gabinete de Seguridad integrado por las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Gobernación, Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, dio a conocer un documento en el que dan a conocer su Modelo de Operación Estratégica y Táctica Frente a la Delincuencia Organizada.
El documento señala que 'el objetivo de los operativos conjuntos puestos en marcha es apoyar a las autoridades locales para recuperar, a favor de la sociedad condiciones mínimas de seguridad que le permitan una mayor calidad de vida, además de fortalecer la presencia de la autoridad y rescatar espacios públicos de trabajo o esparcimiento para la población'.
Por ello, advierte que 'la delincuencia organizada no debe convertirse en un problema de seguridad nacional y para enfrentarla debemos hacerlo con toda la fuerza del Estado'.
Ese diagnóstico oficial señala que 'al inicio de esta administración, la violencia y la inseguridad tenían secuestradas a muchas poblaciones del país, y la impunidad tenía en estado de indefensión a los ciudadanos frente a los criminales'.
Además había que enfrentar no sólo una red de tráfico de droga, sino a estructuras consolidadas de crimen organizado en todo el país, que con las acciones delictivas estaban acabando con el tejido social.
El Gobierno Federal reconoce en el documento que el problema es mucho más complejo que el mero tráfico de drogas, aunque es la mayor causa de la violencia, ya que 'la operación criminal se ha diversificado y hoy busca controlar plazas, tráfico y el consumo doméstico que destruye a niños, jóvenes y nuestro futuro'.
El documento señala que el crimen organizado también busca controlar toda clase de la ilegalidad, como el contrabando, piratería, giros negros, robo de autos, secuestros, extorsión, trata de blancas, migración ilegal y tráfico de armas, a partir de la intimidación y cooptación de cuerpos policiales.
Ante este panorama de amenaza a la sociedad y a las instituciones el gobierno federal asegura que 'había que actuar y actuar rápido, y por eso nos dimos a la tarea impostergable de combatir a fondo la inseguridad y el crimen'.
