La bancada del PAN en la Cámara de Diputados propuso reformas al Artículo 73 constitucional para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de vivienda y con ello establecer un marco legal a nivel nacional con estándares mínimos de calidad y tamaño de nuevas construcciones.
El diputado federal del PAN y secretario de la Comisión de Vivienda, Daniel Chávez García, destacó que "es urgente establecer un marco jurídico que asegure la conjunción de esfuerzos del gobierno, en sus diferentes ámbitos, para que la vivienda digna sea una realidad para todo mexicano".
Argumentó que en México la regulación en la materia no satisface la coordinación o concurrencia adecuada entre las diversas instancias del poder público, de la Federación, de los estados y de los municipios, así como la concertación con los sectores privado y social.
En entrevista en San Lázaro expuso que una gran cantidad de ordenamientos legales participan en la regulación jurídica habitacional, lo que lejos de promover, impulsar y agilizar su actividad, la entorpecen y dificultan.
"Esta situación hace necesario reestructurar dicho marco jurídico, para dar unidad y congruencia a los esfuerzos y acciones de los actores involucrados en el ramo", dijo el legislador federal por Michoacán.
La reforma, que ya fue turnada a comisiones para su análisis, plantea la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de vivienda mediante una ley general que regule todo el mercado en el país.
Chávez García recordó que actualmente la Constitución carece de disposiciones que permitan al Congreso de la Unión legislar de manera concurrente la materia de vivienda, lo que tendría que derivar en una ley de carácter general.
"Hoy el alcance de las normas en materia de vivienda queda reducido al ejercicio de facultades federales. A pesar de que se trata de una materia donde coinciden regulaciones de los tres niveles de gobierno".
Subrayó que de ahí la necesidad de darle al Congreso federal la facultad establecer responsabilidades para cada ámbito de gobierno de acuerdo con sus atribuciones, de manera que se generen mecanismos de coordinación entre gobiernos para construir una verdadera política de estado e materia de vivienda.
