Con el objetivo de dar seguimiento a la situación jurídica de los ex funcionarios de Michoacán que fueron procesados por tener presuntos vínculos con el crimen organizado, se busca llevar a cabo la constitución de un Grupo Plural de Trabajo que será integrado por senadoras y senadores de los distintos Grupos Parlamentarios, afirmó el Vicecoordinador de la Fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, Silvano Aureoles Conejo.
La iniciativa fue propuesta por el michoacano, después de realizar la visita a los ex funcionarios en Tepic Nayarit y fue turnada a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República en un punto de acuerdo que señala que el impacto social y político provocado por este operativo policiaco-militar en todo el país ha sido de tal magnitud, que exige de los órganos de procuración y administración de justicia federales fundar y motivar debidamente las detenciones sin dejar duda alguna, en aras de preservar intacta la soberanía de una entidad integrante del pacto federal.
El texto presentado por Carlos Sotelo García, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Fernando Castro Trenti, Ramiro Hernández García, Silvano Aureoles Conejo, Jesús Garibay García y Marko Antonio Cortés Mendoza, justifica su argumento debido a las declaraciones de presunta violación a las garantías constitucionales de los ex funcionarios, referidas por sus familiares y representantes legales.
La propuesta fue apoyada por los senadores de las principales fuerzas políticas y señalaron que se podría estar vulnerando elementos del proceso penal como la de audiencia y debida defensa, la de legalidad, la garantía de presunción de inocencia, la de igualdad procesal, la de valoración de pruebas, y la de justicia pronta y expedita.
En el texto especifica que las acciones del 26 de mayo del año en curso, donde fueron detenidos 27 ex funcionarios de Michoacán, se trata de un operativo sin precedentes de un gobierno federal en contra de funcionarios estatales y mandatarios municipales de una entidad federativa.
Los senadores coincidieron en que el combate al crimen organizado necesita la cooperación y el trabajo conjunto del gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, a través de un entendimiento mutuo, coordinación y respeto de la soberanía de todas las entidades federativas.
