En lo que podría constituir una chispa más en la pradera seca, se está gestando una rebelión de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad en Chiapas, ante lo que se califica de escandalosas tarifas aplicadas por la paraestatal.
Se da el caso, por ejemplo, que a un patético jacal del municipio de Chenalhó en el que habita una familia indígena sin más cercanía con la civilización que un foco amarillento y un enchufe al que se pega un radio, le llegó un recibo por 22 mil 241 pesos con 50 centavos.
Algo así como lo que paga una industria mediana de alto consumo de energía en un bimestre.
Del tamaño de la desproporción habla una acumulación de facturas sin cobrar por 780 millones de pesos, en un escenario en que 149 mil inconformes se han integrado a la asociación civil "Dos Valles Valientes", que está anunciando una magna marcha de protesta para el 9 de septiembre.
En el intermedio, la organización colocó en la mesa de la paraestatal un pliego petitorio de seis puntos, el primero de los cuales habla de exigir la presencia en la entidad federativa del titular de la empresa pública, Alfredo Elías Ayub, para instalar una mesa de trabajo en la que se discutiría la justeza de los cobros.
El documento habla de fijar una tarifa preferencial doméstica para todo el Estado; que la CFE le pague a ésta por el agua que se lleva convertida en energía eléctrica, además de pagar un predial por los terrenos en que construyó sus cuatro presas: Chicoasan, Peñitas, Malpaso y La Angostura.
Adicionalmente, colocada la guerra en el plano del toma y daca, se exige que los empleados y trabajadores de la CFE paguen por la energía que consumen, lo que representa un privilegio injusto para el resto de los usuarios.
Más allá, se pide a la propia paraestatal que deje de interponer denuncias penales contra los directivos de la Asociación Civil por el supuesto delito de robo de la energía, además de reparar las fallas, reinstalar los transformadores descompuestos por causas naturales, así como postes y cableado.
De acuerdo con la CFE, hasta mayo pasado había 403 mil 820 usuarios morosos, entre ellos 117 de los 118 municipios existentes en la entidad federativa.
Para calibrar el nivel de ira alcanzado, hay que señalar que en enero del año pasado un grupo de desconocidos quemó las oficinas de la CFE en el municipio El Porvenir, uno de los más pobres de la zona, dejando a la vista letreros como "ratas de 10 mil patas".
La paradoja del caso es que las denuncias llevan 10 años en la mesa sin que hasta hoy se haya realizado una acción de fondo. De pronto, a la vista de usuarios que pagaban 130 pesos bimestrales que sin más se convirtieron en 6 mil, se les acusó de permitir que una tortillería adjunta colgara un "diablito" para jalar la energía.
Y cuando no se trata de "errores administrativos", la paraestatal se lava las manos aduciendo que los usuarios utilizan el doble de aparatos que declaran, o simple y llanamente que los medidores están alterados.
El caso es que a la vista del descontento, los últimos gobiernos de Chiapas han instrumentado programas para apoyar con subsidios a los consumidores de menores recursos, cuyo fracaso ha sido estrepitoso.
El primero de ellos se inició en 1993, bajo el sugestivo título de Luz Amiga. El segundo nació en 2003 bajo el slogan de Vida Mejor, dando paso este año a un tercero, denominado Luz Solidaria.
En el penúltimo de los programas el gobierno local aportó 60 millones de pesos; en el último se llegó a 280 millones.
Y ni así. El corto circuito, pues, está a la vista.
El primer desencuentro entre el gobierno y la primera minoría priísta que arribará a la Cámara de Diputados llegará con la presentación, ¡válgame Dios!, de un presupuesto de egresos alterno al que planteará el gobierno para el año próximo.
La idea es reorientar el gasto hacia un nuevo esquema que plantee un escenario de mayor apoyo social en circunstancias críticas para el país; que haga efectiva la austeridad del gobierno y le ofrezca incentivos reales a las pequeñas y medianas empresas.
Las erogaciones del gobierno, pues, como ariete del cambio de rumbo económico del país.
La posibilidad se le había planteado hace dos años al secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, quien la rechazó tajantemente. El jaloneo, pues, será de antología.
Tragedia administrativa
Dígase lo que se diga, la tardanza en la entrega de la hoy famosa lista de contratistas de guarderías subrogadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además de dar tiempo a espulgar nombres que pudieran causar escándalo en perjuicio de los intereses panistas, obedeció al desorden administrativo del organismo.
El armado requirió sacar de los cajones unas piezas, de los archivos otras, de las carpetas de los funcionarios otras más, y del archivo muerto la mayor parte.
Se diría que la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo desnudó otra: el desorden administrativo del organismo, con cargo, al menos a los tres últimos directores: Fernando Flores Pérez, Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam.
De hecho, la primera respuesta que se le dio al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública ante un requerimiento surgido a bote-pronto tras la muerte de 48 niños, fue que era imposible armar el rompecabezas.
Por lo pronto, en el caso de Genaro Borrego Estrada, las guarderías que manejan, diploma de excelencia al calce, sus hermanas Pilar y Mónica, se subrogaron cuando éste no era ya director general del Seguro Social.
Cemex, ya casi
Hasta hoy son cinco bancos internacionales, dos tercios de sus acreedores, quienes han aceptado las condiciones de Cementos Mexicanos (Cemex) para reestructurar su colosal deuda de 14 mil 500 millones de dólares.
Las intermediarias son el Citigroup, de Estados Unidos; el RBS, el Bilbao Vizcaya/Argentaria, HSBC y Santander.
Las condiciones hablan de alargar los vencimientos previstos para éste y el próximo año hasta 2014.
La negociación se realiza en Madrid, España.
Una para el ISSSTE
En lo que representó la primera emisión bursátil en toda su larga historia, el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste) logró colocar 3 mil 500 millones de pesos a un plazo de hasta 30 años, con una tasa de rendimiento de 5.31%. La emisión del Fovissste es parte de un programa autorizado por 20 mil millones de pesos.
Lo interesante del asunto es que, pese a la astringencia del mercado, los certificados bursátiles tuvieron una demanda de hasta 5 mil millones de pesos.
La emisión fue calificada por tres agencias: Standar & Poors, Fitch Ratings y Moody's.
Albertobach@yahoo.com.mx
Barrancoalberto@prodigy.net.mx
