El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, desechó por notoriamente improcedente la solicitud que le hizo el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, para que el máximo tribunal investigara la posible violación grave de garantías cometidas por el gobierno federal al liquidar la compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
El lunes pasado, Martín Esparza presentó un escrito en el que le solicitó al alto tribunal que ejerciera la facultad de investigación que le otorga el artículo 97 de la Constitución, mismo que ha empleado en casos como el del incendio de la guardería ABC, en el conflicto magisterial en Oaxaca y los enfrentamientos en la comunidad de Atenco.
El presidente de la Corte la desechó porque los que tienen atribuciones para pedirle al máximo tribunal que ejerza este tipo de indagatorias son, entre otros, el presidente de la República, los gobernadores y el Congreso de la Unión.
Después de que el ministro José Ramón Cossío también desechara, ayer martes, la demanda de controversia que promovió la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en contra del decreto que emitió el presidente Felipe Calderón para extinguir LyFC, ahora el único recurso legal que le queda al sindicato era el juicio de amparo que promovieron en contra de esta misma medida.
Dicho amparo está a cargo de la juez Guillermina Coutiño Mata, titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región.
De acuerdo con el abogado del sindicato, Carlos de Buen, la juez fijó el próximo 24 de noviembre como la fecha en la que se realizará la audiencia constitucional, después de la que determinará si les concede o no el amparo.
