El senador demócrata estadounidense Patrick Leahy justificó este miércoles su rechazo al informe que preparaba el Departamento de Estado sobre Derechos Humanos en México —que condiciona un 15% de los fondos de la Iniciativa Mérida— al asegurar que, si bien “Estados Unidos simpatiza con la causa y desea el éxito del presidente Felipe Calderón” en su lucha contra los carteles de la droga, su gobierno aún necesita “mostrar evidencias de que las fuerzas armadas están sujetas al cumplimiento de la ley”.
Leahy, quien es presidente del subcomité de asignaciones para operaciones en el extranjero, rechazó en una sesión informativa con funcionarios del Departamento de Estado el borrador de un informe lleno de contradicciones e inconsistencias frente a las denuncias presentadas por organismos humanitarios por las violaciones perpetradas por elementos del ejército mexicano en la lucha contra los carteles de la droga.
“Los requisitos a los que se ha comprometido el gobierno de México, incluido el procesamiento de militares y policías que han violado los derechos humanos, no han sido cumplidos, por lo tanto es prematuro que se envíe el reporte al Congreso”, aseguró en un comunicado transmitido por su oficina.
“Hemos tenido conversaciones de buena fe entre México y funcionarios estadounidenses a fin de alcanzar estos requisitos en la ley y espero que podamos continuar en ese espíritu”, añadió.
Además, el senador por Vermont aseguró que si bien él sigue apoyando los objetivos de la Iniciativa Mérida, no está seguro de que “la solución militar por sí sola sea la solución a largo plazo“ cuando “aún no está claro lo que se ha conseguido en el corto término”.
El rechazo de Leahy, al borrador del informe sobre México, obligará al Departamento de Estado a reescribir su reporte y retrasará la aprobación total de los fondos —poco más de 100 millones de dólares—, que están sujetos a la valoración del Departamento de Estado sobre la actuación del gobierno mexicano en el terreno de los derechos humanos.
El resto de los fondos, 1,300 millones de dólares aproximadamente, no están sujetos a ningún tipo de condicionamiento por parte del Congreso pero aún así, advirtió Leahy, “tiene que haber evidencia de que las fuerzas armadas están sujetas al cumplimiento de la ley”.
Leahy ha querido matizar así su posición frente al a apoyo incondicional que ha mostrado la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien apenas el pasado 16 de julio adelantó su voto de confianza al gobierno de Felipe Calderón.
“El gobierno de México enfrenta una lucha muy difícil contra los narcotraficantes más despiadados de planeta”, justificó en ese entonces Clinton al asegurar que lo que valoraría el gobierno de EU era “el nivel de compromiso del gobierno mexicano para hacer frente a los carteles de la droga”.
Desde el Departamento de Estado, funcionarios familiarizados con el reporte se limitaron a reconocer que el rechazo de Leahy retrasará un informe que buscaba su aprobación antes del viaje del presidente Barack Obama a la cumbre de Líderes de América del Norte que se celebrará en la ciudad de Guadalajara, los próximos 9 y 10 de agosto.
El rechazo de Leahy ha sido aplaudido por distintas organizaciones humanitarias convencidas de que el tema de los derechos humanos ha llegado para quedarse a la agenda de la colaboración bilateral entre Estados Unidos y México:
“Esta es una señal de la importancia que le concede el Congreso al respeto de los derechos humanos en México que, desafortunadamente, no ha hecho los esfuerzos suficientes para investigar, procesar y sentenciar a policías y militares acusados de abusos y violaciones”, consideró Maureen Meyer de la Oficina en Washington para Latinoamerica (WOLA, por sus siglas en inglés).