Las administraciones municipales saliente y entrante revelaron ayer desacuerdos sobre la liquidación de los funcionarios que deberían dejar sus cargos con el cambio de Gobierno.
El alcalde José Ángel Pérez dijo que no le pedirá la renuncia a sus colaboradores para el 31 de diciembre como se la solicitó el presidente municipal electo, Eduardo Olmos.
Argumentó que es ilegal hacerlo y que no hay dinero para una liquidación.
Sin embargo, el primer regidor electo, Rodrigo Fuentes, reiteró la demanda de que la actual administración tramite las renuncias de jefes de departamento hasta directores generales.
"Que (el alcalde) se lleve a su gente que contrató por cuatro años'', dijo. "No queremos más que lo justo, la gente que él trajo".
El alcalde dijo que la próxima administración "se quiere ahorrar liquidaciones y que nosotros las paguemos''.
Fuentes dijo que la renuncia de los funcionarios se planteó desde las primeras reuniones de la comisión de entrega-recepción, pero que el alcalde "se deslindó".
José Ángel Pérez afirmó que indemnizar a los funcionarios de todos los niveles, incluyendo a los directores generales, le corresponde a la administración de Olmos.
Recordó que hace cuatro años su administración pagó la liquidación de los funcionarios del anterior alcalde, Guillermo Anaya, a un costo de cuatro millones de pesos.
Consultado al respecto, Anaya dijo que su administración no heredó todas las liquidaciones, sino que alcanzó a indemnizar a todos los directores generales y a varios funcionarios de segundo nivel, mientras que personal de menor jerarquía permaneció en la Presidencia Municipal y muchos fueron removidos por la actual administración.
