El cineasta Roman Polanski. ARCHIVO
En caso de que Roman Polanski decida recurrir el fallo en contra de su petición de libertad condicional, el Ministerio de Justicia Suizo no analizará una segunda petición hasta tomar una decisión judicial final sobre la primera.
El portavoz de la Oficina Federal de Justicia, Folco Galli, informó a la agencia suiza ATS que de acuerdo con el procedimiento, "Polanski no podrá presentar otra petición mientras la demanda precedente esté siendo examinada".
Según expertos, Polanski además de encontrarse en prisión ahora se encuentra "atrapado" entre procedimientos legales pues no presenta una segunda demanda de libertad provisional aportando una fianza válida, como una garantía bancaria, o bien decide recurrir ante el Tribunal Federal la decisión del Tribunal Penal Federal.
En días pasados el Tribunal Penal Federal rechazó la petición de libertad condicional de Polanski debido al "alto riesgo de que el director franco-polaco se diera a la fuga".
Además, el chalet del cineasta ubicado en Gstaad, una exclusiva estación de esquí en los alpes suizos, no fue considerada una garantía conforme a la ley por las autoridades helvéticas.
Por su parte, el abogado suizo de Polanski, Lorenz Erni, no ha anunciado cuál será el paso a seguir, señaló ATS, mientras la semana pasada Estados Unidos presentó la demanda de extradición del director de "Repulsión" y "El bebé de Rosemary".
La solicitud de extradición se basa en una orden de detención emitida por el Tribunal Superior del Estado de California el 1 de febrero de 1978. El cineasta, ahora de 76 años, no se presentó en aquel entonces ante el juez y huyó de Estados Unidos.
De ser extraditado y condenado, el cineasta ganador de un Oscar por "El pianista", enfrentaría una pena máxima de dos años de cárcel por mantener relaciones sexuales con una menor de 13 años en 1977, afirmó Galli el viernes pasado.
"En el marco del procedimiento estadunidense, Polanski se declaró culpable de haber mantenido una relación sexual con una menor, y es buscado por las autoridades de esa nación para que el tribunal pueda pronunciar la pena por ese delito", añadió.
"Según la ley estadunidense vigente, la pena máxima para ese delito es de dos años de prisión", dijo Galli.
Además, "una persona extraditada sólo puede ser procesada por los delitos por los cuales se autorizó la extradición", precisó el portavoz de la Oficina Federal de Justicia.
