El rechazo de las cuentas públicas de dos años de ejercicio (2002 y 2003) del ex presidente Vicente Fox el pasado jueves 15 de abril, es simplemente una batalla más de la guerra electoral que libran el PAN y la Oposición, sin mayores consecuencias jurídicas y, en este caso, parece que ni siquiera políticas, pues en general los medios masivos de comunicación minimizaron el hecho.
Sin embargo, el hecho sí da cuenta de la inoperancia de las instituciones mexicanas; el caso evidencia entre otras: lo extemporáneo de la discusión de las cuentas públicas (nueve años después, incluso cuando ya se cambió de Administración); la duplicidad de funciones de las comisiones de la Cámara de Diputados; la displicencia de los legisladores para cumplir con sus responsabilidades; y la descuidada operación política del coordinador parlamentario del blanquiazul en la Cámara.
Las dos últimas son las más evidentes, por ello se abordan primero. Es de llamar la atención que los dos dictámenes (el de la cuenta pública de 2002 y del 2003) fueron votados únicamente por 338 y 344 diputados, respectivamente, es decir, ligeramente más de las dos terceras partes de los 500 legisladores que conforman dicha Cámara; obviamente esto implica que estaban ausentes del salón de sesiones alrededor de 160 diputados. Esto muestra su poco compromiso con las instituciones y sus obligaciones, seguramente una buena parte de estos diputados todavía disfrutaban de unas inmerecidas vacaciones con sus familias, aprovechando que las vacaciones escolares, en la educación básica se extendieron hasta el pasado viernes 18.
Pero, vinculado a este hecho, resulta inexplicable que Héctor Larios, líder de la bancada blanquiazul, no haya tomado la más mínima precaución para asegurar la presencia de los diputados en la discusión de los dictámenes, pues su grupo parlamentario cuenta en la actual legislatura con 206 diputados, lo que hubiese sobrado para aprobar los dictámenes (fueron rechazados por 174 y 175 votos en contra) y haberse evitado la exhibición.
Los líderes de las bancadas de Oposición, particularmente, los de las fracciones priista y perredista, de inmediato se percataron de la situación y la aprovecharon para montar el espectáculo, que es eso simplemente, pues no tiene ninguna consecuencia jurídica. La revisión con consecuencias jurídicas ya la realizó, esa sí oportunamente, la Auditoría Superior de la Federación. De hecho el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se basa fundamentalmente en el trabajo que ya realizó dicha instancia. Incluso en el decreto que se rechazó se da cuenta de las acciones correctivas que no han concluido.
La revisión estricta del ejercicio presupuestal, es decir, el correcto manejo administrativo de los recursos públicos e, incluso, el cumplimiento de los programas y la evaluación del cumplimiento de sus metas y objetivos, lo realiza la ASF. Y, en ese caso, la ley es muy estricta en los plazos y los tiempos: el Ejecutivo tiene que entregar la denominada Cuenta Pública, "dentro de los diez primeros días del mes de junio", del año siguiente al ejercicio y sólo está permitida una prórroga, previa autorización de la Cámara tras solicitud suficientemente justificada, de 45 días; así el informe del ejercicio de 2002, se entregó en junio de 2003; y el de 2003, en junio del 2004. A su vez, la ASF tiene "un plazo improrrogable que vence el 31 de marzo del año siguiente" para entregar a la Comisión de Vigilancia de la Cámara su informe, así éstos se entregaron en marzo de 2004 y marzo de 2005.
Los diputados tuvieron en su poder ambos informes, los del Ejecutivo y de la ASF, desde hace exactamente cinco años, en el caso de la cuenta de 2002, y cuatro años, en la de 2003. Los integrantes de la Comisión de la pasada legislatura (2003-2006) incumplieron con la responsabilidad de realizar el análisis de los informes y rendir su dictamen, que en realidad, como lo muestran los dos casos, tienen como fin identificar fundamentalmente las debilidades y amenazas que detecten para implementar políticas públicas correctivas.
En el presente caso, detectan el incumplimiento de un 8 acciones correctivas (todavía en marzo de 2008) de las observaciones realizadas por la ASF en la cuenta pública de 2002; y de 32, en la de 2003 y, obviamente, exhortan a finiquitarlas. Pero también recomiendan revisar el marco jurídico "con la intención de asegurar que los permisos de autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción o de exportación e importación de energía eléctrica se mantengan apegados con las disposiciones constitucionales que rigen en la materia"; y que en casos análogos a la expropiación de la industria azucarera, "se establezcan las bases o los elementos necesarios, que garanticen su fiscalización y puntual seguimiento, en aras de la transparencia y de una justa rendición de cuentas".
Como puede verse en estos ejemplos puntuales, lo que pretenden estos dictámenes es detectar áreas de oportunidad para mejorar el funcionamiento del Ejecutivo y/o impulsar reformas legislativas. La intención es loable, pero adolece de dos grandes problemas: es totalmente extemporánea y se derivan directamente de observaciones de la ASF, así que en realidad implican una duplicidad de esfuerzos. Lo que los dictámenes no hacen es una autocrítica, para eliminar la doble revisión (ASF y Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública), así como, reformar la normatividad para establecer plazos perentorios e improrrogables. La votación del miércoles es simplemente un golpe mediático más, pero sin consecuencias; pero lamentablemente muestra plásticamente todas las carencias de la débil institucionalidad mexicana.
