Lucha constante. La incursión del Ejército a la lucha contra el narcotráfico ha ocasionado varias bajas.
En la Séptima Zona Militar, los soldados conocen hasta la piel y la entraña el significado del grito "¡Murió por la Patria!".
Y es que hace casi un año, entre el 15 y el 24 de octubre, se puso en marcha una matanza sin precedentes contra las Fuerzas Armadas asentadas en Nuevo León: 11 militares, 9 de ellos en activo y 2 ex elementos.
Siete de los soldados asesinados pertenecían al mismo batallón, el 22 de Infantería.
A ese periodo sangriento, los militares le dieron un nombre: "Octubre Negro".
Del 22 Batallón de Infantería cayeron el cabo Óscar Jiménez Ruiz, los soldados Gerardo Santiago Santiago, Juan José Pérez Bautista, Anastacio Hernández Sánchez, Roberto Hernández Santiago, David Hernández Martínez, Eder Missael Díaz García y el militar retirado David Hernández Aquino.
El sargento Germán Cruz Lara y el cabo Claudio Abad Hernández Román eran del 16 Batallón de Infantería, y el sargento Eligio Hernández López, ya retirado, perteneció al Batallón de Fuerzas Especiales de la Cuarta Región Militar.
La caza comenzó tres días después de que el Consulado de Estados Unidos en Monterrey fuera atacado a balazos y con una granada que no explotó.
El acecho a los militares continúa: el 9 de septiembre se reveló la desaparición del sargento Jesús Medina Betancourt.
Luego, el 30 del mismo mes fueron reportados desaparecidos los soldados José Germán Lozano Elizondo y Juan Carlos González Padilla, quienes daban servicio de escolta a un abogado.
Este litigante asumió durante algunos meses de 2006 la defensa de integrantes del comando armado encabezado por los presuntos capos de un cártel.
Los militares asesinados en su mayoría eran originarios de San Luis Potosí y Veracruz. Todos solteros, a excepción de Gerardo Santiago Santiago y del sargento Eligio Hernández Hernández.
De acuerdo al Ejército, sus deudos recibieron 181 mil pesos por su seguro de vida (aproximadamente el salario mensual base de 5 mil pesos multiplicado por 40, de acuerdo al colectivo de retiro); los servicios funerarios y el fondo de vivienda, que en este caso por ser nuevos en su mayoría fue de una cantidad mínima: casi 600 pesos.
"Esos días fueron un golpe durísimo para nosotros", dice una fuente militar. "Nos habían tocado bajas en el combate al narco en los sembradíos, en la sierra, pero nunca habíamos vivido algo así.
"Pero, ¿sabes qué? A partir de aquellos días ni uno de nuestros hombres ha desertado o presentado su solicitud (de retiro)".
Ni la Procuraduría estatal ni la PGR han dado a conocer informes de sus investigaciones en torno a los crímenes.
