De acuerdo con lo previsto, esta mañana la empresa española de transporte de valores Prosegur cerrará una operación que le permitirá adquirir formalmente el 100 por ciento del Grupo Mercurio de Transportes, vía un pago final de 2 millones de dólares
La intención de la firma ibérica es alcanzar rango hegemónico en el ramo del país, como lo ha hecho ya en España y Argentina, tras haber adquirido a su vez a la empresa Servicios Industriales Peña Verde, y recibir un contrato del grupo financiero Santander para operar su servicio de transporte de valores conocido como Tameme.
El problema, ¡válgame Dios!, es que las tres operaciones son violatorias de las leyes mexicanas.
De acuerdo con el artículo sexto fracción primera de la Ley de Inversiones Extranjeras, está prohibido a los capitales foráneos participar en el transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, por más que se excluyan los de mensajería y paquetería.
La tarea, pues, está reservada para manos exclusivas de mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión para extranjeros, entendida ésta como la prohibición de incluir en la sociedad directa o indirectamente a socios o accionistas del exterior.
Constituida en Madrid en 1976, la compañía de seguridad Prosegur ha logrado colarse gradualmente al país vía la adquisición de activos de firmas nacionales como fase previa a su integración, por más que la operación se disfraza como sociedad neutra, es decir, a través de acciones de voto limitado. Digamos que la compra de infraestructura y cartera se utiliza como ariete.
De acuerdo con lo dispuesto en la ley, las inversiones neutras no se computarán para determinar el porcentaje de inversión extranjera en el capital social de sociedades mexicanas.
Bajo ese ropaje, pues, se firmó en diciembre de 2003 un acuerdo de opción de compra de los activos de la empresa Servicios Industriales Peña Verde domiciliada en la capital del país
De la integración surgiría, por consejo de los abogados de la firma española, una nueva sociedad denominada PS-México, Compañía de Seguridad Privada, Custodia de Valores y Gestión de Efectivo, de la que el dueño de la firma en función de caballo de Troya adquirió 10%
Con la fachada levantada, el siguiente paso fue adquirir los activos del Grupo Mercurio, conocido como Grumer, incluida su cartera de clientes, con una cláusula anexa que le permitía a su vez subcontratación en los servicios.
Más adelante, se alcanzó un acuerdo con el grupo financiero Santander para realizar operaciones de transporte de valores a las entidades federativas y a la capital del país.
El contrato se pactó a ocho años, con un precio de 4 millones de euros a pagar a cinco años, en función de facturación. Firmado en 2007, el arreglo permitía a la compañía española crear una nueva empresa para operar el servicio, o adquirir la que opera el banco propiedad del grupo.
En el organigrama, aunque se reconocía la propiedad de Prosegur, la operación se desarrollaría bajo PS México, de la que derivaron dos compañías a su vez: la propia Prosegur Compañía de Seguridad Privada, y Transportes Escobedo.
Esta última, pues, daría la cara en caso de algún problema por violación a las leyes mexicanas.
El problema es que en el camino se pasó por alto el artículo 28 de la Ley Federal de Armas de Fuego, que obliga a dar aviso oportuno del cambio de propiedad en una empresa cuyos empleados utilizan armamento.
Lo inaudito del asunto es que originalmente la operación de compra de Grumer se pactó como un simple convenio para sentar las bases de colaboración y coordinación entre las partes "para que entre ambas realizaran un intercambio de su experiencia en materia de comercialización, proceso de efectivo, en el área de capacitación e imagen de unidades blindadas
Pian pianito, pues.
El ejemplo es representativo de las maniobras que se realizan en el país para darle la vuelta a leyes que el propio gobierno considera incómodas, pero que la oposición ha rechazado una y otra vez modificar. De ahí, pues, la mano laxa de la autoridad.
Otra para los españoles.
A contrapelo de la promesa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de no afectar programas sustantivos, uno de los sectores más golpeados por el reciente recorte de 50 mil millones de pesos al presupuesto es el educativo.
El golpe afecta a 76 de los 185 programas de la Secretaría de Educación Pública, entre ellos los subsidios otorgados a las escuelas de bachillerato.
Naturalmente, ninguna universidad recibió un centavo adicional a lo planeado, pese a los apremios que enfrentan.
Entre los capítulos recortados están el Programa Nacional de Fomento a la Lectura; el Educativo Rural; el de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica y el de becas para educación básica. La poda alcanza más de 7 mil millones de pesos.
ALSEA YA CASI
De acuerdo con lo anunciado a sus accionistas, la empresa líder de franquicias en México, Alsea, estaría por ganarle un pleito a la Secretaría de Hacienda que le significaría una devolución de impuestos por 325 millones de pesos.
El aserto se finca en una sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Circuito en Ciudad Victoria, que consideró fundado un recurso de inconformidad planteada por la firma ante la sentencia adversa de un juez. De hecho, ésta fue revocada.
El pleito lleva dos años en los tribunales, tras negarle a la quejosa el Servicio de Administración Tributaria una devolución del Impuesto al Valor Agregado, bajo el argumento de operar con tasa exenta, no con tasa cero.
Ahora que de confirmarse la enésima derrota del fisco, 30% de la millonaria devolución será para los abogados.
CLUB DE TOBI
La esperanza de romperse el escenario de Club de Tobi, de la Coparmex, donde la silla mayor es sólo para hombres, se está desvaneciendo al no alcanzar hasta hoy la candidata María Fernanda Garza el consenso requerido. La dama que rompería una jefatura de 70 años del organismo empresarial cuenta hasta hoy con sólo un tercio de apoyo de los centros empresariales estatales.
La razón es doble: el activismo de su rival en la contienda, Genaro Gutiérrez, cuyo padrino es el ex gobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco, y la percepción de las bases de que no habría la misma enjundia para defender la causa.
Lástima.
