Aunque, en calidad de tentempié, se plantea la posibilidad de un impuesto a las transacciones financieras, la posición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su nuevo rol de fracción dominante en la Cámara de Diputados es aplazar para 2010 la posibilidad de una reforma fiscal.
La exposición de motivos alude a una recomendación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que señala letra por letra que "México no debe apresurarse a una consolidación fiscal que agrave la recesión innecesariamente".
Reforma de fondo sí, pero en su momento, es decir, cuando esté realmente cimentada la posibilidad de recuperación. Por lo pronto, en un documento de circulación interna entre la bancada del ex partido oficial, en cuya elaboración contribuyeron el ex secretario de Hacienda, David Ibarra Muñoz, y el ex subsecretario de Ingresos, Francisco Suárez Dávila, se plantean algunas pinceladas para trazar el boceto:
- No puede plantearse una fórmula de carácter estrictamente recaudatorio.
- La reforma tributaria no puede concentrarse, como algunos pretenden, en el Impuesto al Valor Agregado, pese a que tampoco puede excluírsele. Se requiere actuar sobre el Impuesto a la Renta para personas físicas, haciéndolo más progresivo sobre los altos ingresos.
Adicionalmente, se plantea un aumento "sustancial" en el impuesto predial que cobran entidades federativas y municipios, además de imponer sanciones al derroche de agua.
La alternativa habla, asimismo, de un gran programa de racionalización del gasto del Estado en todos los niveles, considerando que el gobierno federal es capaz de hacer sacrificios, y que las entidades federativas rendirán cuentas más claras ante el aumento de sus participaciones.
El eje de la reforma, según ello, sería la definición de un gran objetivo social que garantice una ampliación efectiva de la red de protección a los sectores más débiles. Bajo ese prisma, se convocaría a un pacto nacional en afán de involucrar a todos los sectores en el objetivo común de contribuir para el despegue.
Naturalmente, a estas alturas se estaría usted preguntando cómo rayos le haría el fisco sin reforma fiscal para paliar el formidable boquete en la recaudación. Bien, pues la respuesta es mayor endeudamiento.
De acuerdo al documento intitulado La política económica para 2010, se podría llegar a un déficit ingresos-egresos equivalente a 4% del Producto Interno Bruto, es decir, el doble de lo previsto, bajo el marco de la regla europea de Maastricht que sitúa un escenario "manejable" en 3%.
Lo cierto es que el déficit promedio de los países integrados a la OCDE es cercano a 9%, incluyendo a las economías calificadas de "milagro", como la española o la irlandesa.
En los dos casos la deuda interna global es cercana a 100% del PIB, mientras en México llega a sólo 30%, representando la más baja de los 29 países enlistados en el organismo.
La premisa es simple: cuando la banca no presta a la economía o no hay demanda de crédito, lo conducente es que el ahorro se canalice a la inversión vía el gobierno.
"Por ello, la deuda interna debe ser la principal fuente para financiar el déficit mexicano".
Más aún, se señala que la Ley de Responsabilidad Hacendaria permite un déficit fiscal en circunstancias excepcionales, para corregirlo en un horizonte temporal.
Adicionalmente, decíamos, se plantea la imposición de un tributo a las transacciones financieras como el aplicado en algunos países sudamericanos, cuya recaudación se incrementó en medio punto del PIB en promedio.
La justificación es demoledora: "Es mejor un impuesto cuyos recursos vayan al gasto social que las 'comisiones impositivas' que cobran los bancos para sí".
En paralelo, la receta priísta habla de compensar la caída de ingresos con parte de los "guardaditos" de la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, los fondos de estabilización petrolera, además de reducir algunos subsidios fiscales.
En contraparte se plantea un gasto de inversión de 3 billones de pesos. Ahora que de cara a la posibilidad de que el país pudiera ser degradado en su calidad crediticia por las calificadoras internacionales al plantear un presupuesto con déficit, se señala que éstas se manejan con economistas de segunda y responsabilidades de primera. Otro ¡pácatelas!
Sin embargo, se plantea una vía para tranquilizarlas: adoptar la regla chilena, es decir, déficit en la recesión, que luego se compensa obligatoriamente con un superávit en las "vacas gordas".
El compromiso es de mediano plazo.
En síntesis: no a una reforma hacendaria de parches; sí al déficit fiscal como estrategia de salida; más gasto público de inversión y mayor apoyo a los segmentos desprotegidos.
Las recetas del PRI.
BALANCE GENERAL
Detrás de la tardanza de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para otorgarle la toma de nota a Martín Esparza Flores tras su reelección como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas está la intención de doblegar a éste frente a la pretensión de revisar el contrato colectivo con Luz y Fuerza.
El objetivo habla de eliminar cláusulas que vuelven improductiva a la paraestatal, en un escenario en que requiere de un subsidio de 40 mil millones de pesos al año.
La idea es replicar, con el consenso de los trabajadores, el numerito con el contrato-ley de la industria azucarera, en que se desmantelaron cláusulas para permitir la multifuncionalidad de los trabajadores.
La amenaza habla de que si no hay una sacudida de fondo se liquidaría lo que queda de la eléctrica paraestatal.
BOQUETES A PASTO
Relegada la discusión sobre la gravedad de los boquetes que arrastra el Seguro Social ante la irrupción en escena de la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, esta mañana el tema regresará inevitablemente a la mesa, al fragor de la Asamblea General Ordinaria del organismo.
De acuerdo al último reporte financiero al Ejecutivo y al Congreso, éste arrastra un faltante de reservas para atender las jubilaciones y pensiones de sus trabajadores superior al billón de pesos, en paralelo a un déficit de igual calibre en sus seguros de enfermedades y maternidad y atención a jubilados y pensionados.
Del tamaño de la precariedad habla el que haya tenido que tomar 18 mil millones de pesos de sus lánguidas reservas para poder afrontar el cierre del año, con la novedad de que Hacienda le reclama seis mil más para reforzar éstas.
Por lo pronto, el orador por la causa patronal del órgano tripartita será el presidente de la Concanaco, Mario Sánchez Ruiz.
