La propuesta del presidente Felipe Calderón Hinojosa en dirección a lo que el Ejecutivo Federal califica como una profunda reforma política, tiene como intención anunciada la de reconciliar al ciudadano mexicano promedio con la clase gobernante y liberar el proceso de modernización institucional que requiere el país, de la parálisis que le aqueja.
Los temas contenidos en la propuesta no son necesariamente de la autoría original del Presidente, sino que flotan en el ambiente de tiempo atrás sugeridos por actores diversos de nuestra vida pública.
Una de tales reformas concierne a la reelección inmediata para legisladores federales y alcaldes. El argumento de apoyo a esta idea, se basa en que la posibilidad de la reelección inmediata permitiría premiar o castigar en forma oportuna y directa el desempeño del funcionario de que se trate, lo que se interpreta como incentivo en pos de la calidad y la eficiencia gubernamentales.
En el caso de los gobiernos municipales, la posibilidad de la reelección hasta por doce años haría posible la ejecución de planes a largo plazo, lo que evitaría los males que trae consigo la discontinuidad.
La propuesta en comento tiene sus inconvenientes, pues precisamente la revolución de Francisco I. Madero tuvo como una de sus banderas la de la no-reelección, en función de otra parálisis, la generada por la falta de renovación de cuadros políticos durante el Gobierno de Porfirio Díaz.
Por cierto que Don Porfirio no es el único aferrado a permanecer en el poder en la historia y por el contrario, se trata de un vicio de nuestra vida pública en todos los niveles que durante los gobiernos posteriores a la Revolución, se manifiesta en el continuismo de grupo o facción y en el sistema chapulín que implica pasar de un puesto a otro.
Entre los extremos de la permanencia indefinida en el poder de las mismas personas a la que los políticos mexicanos han sido proclives y la ruptura institucional, se encuentra la renovación de los titulares de los puestos públicos por vía electoral, lo que exige un presupuesto de calidad en nuestro sistema democrático que sobre todo en el nivel estatal de gobierno, aún deja mucho que desear.
Otros dos temas importantes de la propuesta que es objeto de comentario, sugiere una segunda vuelta en el caso de las elecciones presidenciales para configurar una mayoría absoluta como respaldo para el Gobierno del candidato que resulte favorecido con el voto y la regulación de las candidaturas ciudadanas, que implican la posibilidad de que se admita en la competencia electoral cualquier ciudadano sin que sea obligada la postulación por un partido.
La propuesta de una segunda vuelta no admite mayor objeción sin embargo, el asunto de las candidaturas ciudadanas en nuestro sistema en el que los partidos como actores electorales se mantienen del erario público, traería como consecuencia una falta notable de equidad en la competencia o llevaría a un dispendio insostenible de recursos.
La principal objeción a la propuesta que es objeto de comentario reside en la naturaleza de nuestra clase política y la de los mexicanos en general, a quienes nos resulta aplicable la insana sospecha según la cual "no tenemos remedio".
Como botones de muestra están los resultados cuestionables de la reforma electoral de 2007, que al coartar el derecho de los ciudadanos y asociaciones de la sociedad civil a manifestarse durante los períodos electorales viola el derecho de libertad de expresión; la reforma fiscal de corto alcance votada en 2007 que se agotó en dos años y la reforma energética aprobada en 2008 que como tal nació muerta.
Los antecedentes mencionados deparan que para el caso de la reforma política que anuncia el Presidente que propondrá ante el Congreso dominado por una Oposición empeñada en el fracaso del Gobierno, no será una reforma profunda como quisiera Felipe Calderón, sino que será como las otras que se mencionan, una reforma defectuosa y de medio pelo.
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