Las procuradurías generales de Justicia del Estado (PGJE) y de la República (PGR) reiteraron que desde 2005 se advirtieron irregularidades en las instalaciones de la guardería ABC, que se incendió el pasado 5 de junio.
El titular de la PGJE, Abel Murrieta Gutiérrez, y el delegado de la PGR en Sonora, Martín Godoy Castro, mostraron en conferencia de prensa un documento en el que se solicitó a los propietarios de la estancia infantil por parte del IMSS realizar adecuaciones.
El documento data de 2005 y el subdelegado de Prestaciones Sociales y Económicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Emigdio Martínez García, dirigió una petición a Marcelo Meouchi Tirado, representante legal de la guardería ABC.
El funcionario del IMSS solicitó principalmente cambiar la puerta del acceso principal e instalar una de dos metros de ancho, así como realizar la sustitución de los plafones de la guardería, cuyo incendio ocasionó la muerte de 46 menores de edad.
Murrieta Gutiérrez expuso que el representante legal de los propietarios de la guardería, que obtuvieron su operación por parte del IMSS en el año 2001 por asignación directa, es parte fundamental en la investigación, pero no lo han localizado.
Reiteró que en el transcurso de la indagación se siguen encontrando irregularidades en los procesos realizados por el IMSS, puesto que el personal de la institución de dio cuenta de una u otra manera de las situaciones fuera de lo normal.
Aún así, explicó el fiscal estatal, en 2006 se renovó el contrato con los propietarios, cuya vigencia vence el último día del presente año y expuso que los padres de las víctimas pueden aportar periciales externos.
El fiscal estatal destacó que 'las investigaciones -sobre la tragedia de la guardería- van dirigidas hacia todos los involucrados, no exenta a nadie'.
Informó que este día se integran a los trabajos de la investigación peritos procedentes de la capital del país con certificación internacional en su trabajo, y su participación es para mayor seguridad y confiabilidad en el proceso.
Por su parte, el delegado de la PGR en Sonora refirió que la investigación que se realiza en forma coordinada por parte de ambas procuradurías contempla desde el año 2001 cuando se asignó la concesión hasta el día del incendio.
Se analiza cada documento y las personas relacionadas con los mismos se han citado a declarar, pero hasta este momento las diligencias y periciales de la indagatoria no permiten emitir una resolución sobre culpabilidades directas, anotó.
