Al comentar en nuestra anterior colaboración sobre el desarrollo regional de la Comarca Lagunera, resulta imposible referirse a la estrecha relación que ese proceso ha tenido con los cuerpos de agua dulce formados en torno a los ríos Nazas y Aguanaval, en la medida que éstos han soportado su crecimiento económico y demográfico. También expresamos que las generaciones pretéritas hicieron uso del agua, los suelos fértiles y otros recursos bajo el supuesto que eran recursos naturales abundantes y quizá inagotables, algo entendible si se dimensiona como se sentían aquellos pequeños núcleos de población en medio de ese, entonces, inmenso valle irrigado.
El asunto es que en menos de dos siglos esa idea ha cambiado diametralmente, ocurriendo algo que parecía imposible: tales recursos se observan ya escasos y deteriorados. Pero esta percepción es antropocéntrica y, por tanto, errónea, en la medida que los laguneros en un momento creímos en la abundancia no sólo porque éramos pocos, sino porque adoptamos patrones de uso que están agotando esos recursos rápidamente, y es precisamente en esta última cuestión donde debemos reflexionar con la participación de los actores locales sobre un replanteamiento del desarrollo regional.
Es obvio que toda actividad antrópica altera los sistemas naturales, pero no resulta lógico que sustentemos el desarrollo económico-social de una población sin considerar los umbrales que la naturaleza nos impone; sin embargo, al cambio en los patrones de uso de los recursos naturales y productivos debe anteceder un cambio cultural en nuestro paradigma de desarrollo, o en la cosmovisión local que tenemos de las condiciones ambientales que conforman nuestro entorno. En otras palabras, cambiar el modelo de desarrollo económico regional basado en un uso intensivo y depredador de los recursos naturales, sólo será posible si los laguneros modificamos el concepto o la percepción que tenemos de las actividades económicas que realizamos y el modo de vida que adoptamos, ejercicio que pretendemos realizar algunos miembros de la generación actual y es a lo que llamamos reto generacional, pero para ello tenemos que convencer a quienes toman las decisiones sobre el uso de esos recursos, sean desde oficiales de gobierno y empresarios hasta los ciudadanos comunes, tarea no precisamente fácil si los patrones de uso forman parte de las políticas públicas, son la fuente de redituables ganancias económicas o constituyen un modo de vida, o que simplemente desconocemos lo que sucede, pero sobre todo, la dimensión de estos hechos.
Este ejercicio de construir consensos resulta sumamente complicado precisamente por las concepciones y percepciones vigentes en los tomadores de decisiones, las cuales se convierten en reticencias culturales que les impiden ver las nuevas realidades. En el ámbito gubernamental existen aún algunas oficinas o funcionarios que reflejan la vieja concepción autoritaria que se adjudican la prerrogativa de ser los únicos autorizados para tomar decisiones, olvidando que el país transita o requiere transitar a una forma de gobierno democrático en el que esas decisiones respondan al interés de los ciudadanos y no de grupos de interés que ocupan cargos públicos, además de que se debe reconocer en las esferas oficiales la responsabilidad adquirida, no por el funcionario en turno, de decisiones tomadas por la entidad institucional, tal es el caso de la permisibilidad que sucedió con el acuífero principal en la asignación de concesiones de pozos profundos para extraer 700 Mm3 cuando sólo se recargaban 500 Mm3, situación que agrava su sobreexplotación al no poder medir las extracciones de agua, o la falta de planeación que incluya la fijación de normas en explotaciones ganaderas intensivas, por ejemplo, para el manejo de estiércoles y control de emisiones de gases de efecto de invernadero, de modo tal que a la fecha establecerlas y aplicarlas resulta complicado porque implica modificar las tecnologías en que se basan los patrones de uso, con la consecuente omisión, evasión o resistencia de los usuarios de los recursos.
Si bien no se trata de estar echando culpas, es ineludible asumir responsabilidades y tomar las decisiones adecuadas para remediar los impactos ambientales y disminuir los costos económicos y sociales derivados de esas decisiones, y que la búsqueda de soluciones requiera consultas abiertas a diversos sectores de la sociedad o niveles de gobierno como se está intentando con el Proyecto Irritila, para determinar el pago de servicios ambientales a los dueños del bosque, de modo tal que se nos asegure la provisión de agua dulce suficiente y de calidad en los próximos 50 a 100 años a quienes residimos en la parte baja de la cuenca, algo a lo que no nos negamos, pero también queremos ver acompañado de medidas complementarias que se conviertan en soluciones actuales, particularmente en el suministro de agua potable no contaminada y de recuperación del acuífero principal. La búsqueda de esos consensos es importante porque permite que las políticas públicas se diseñen no sólo dentro de marcos legales vigentes, sino que también se legitimen con avales de los segmentos de la sociedad que puedan verse afectados y/o beneficiados. Otro ejemplo es la protección de los reservorios naturales donde aún existe una importante biodiversidad, y su conservación debe verse como parte del manejo integral y sostenible de la cuenca hidrográfica Nazas-Aguanaval, dos de ellos actualmente gestionados por grupos civiles con serias restricciones financieras. Ha resultado sumamente difícil convencer a las élites políticas locales sobre la necesidad de resguardar estos ecosistemas y hábitat que prestan servicios ambientales y recreativos a la población lagunera, y no es justificable que por su desconocimiento o falta de visión regional no los incluyan en sus agendas de desarrollo, o les regateen apoyos, particularmente para las acciones de conservación que involucren a las comunidades rurales que tienen la propiedad de esos terrenos, pauperizadas y quienes difícilmente como dueños se comprometerán a conservar la riqueza biológica que ya resguardan si no reciben beneficios que les permitan remontar sus rezagos sociales; de alguna manera, los políticos que toman estas decisiones evaden el reto generacional que implica conservarlos, y de suceder que se fragmenten y pierdan esos hábitats, también se perderá de manera irreversible su biodiversidad, algo que las generaciones futuras nos reclamarán y ante las que no tendremos respuesta, al menos creíble.
Ciertamente, ese cambio cultural en los tomadores de decisiones tardará en ocurrir en tanto no hagan suya la identidad regional, aplicable aún a los funcionarios públicos que transitan temporalmente por las instituciones y que no deben evadir la responsabilidad que les corresponde; por ello hoy los ciudadanos buscamos acceder al espacio público que nos permita expresarnos ya que no aceptamos recoger los tiraderos que nos dejen, cuyos costos pagarán las generaciones futuras. Desde luego, no todo es negativo, ya que actualmente se observa una mayor participación de más personas, en su mayoría de clase media que trabajan en instituciones académicas, o alta que pertenecen a cámaras empresariales, pero también grupos civiles de la ciudad y el campo, como los ejidatarios de Jimulco, que quieren compartir con las oficinas de gobierno la toma de decisiones, en grupos colectivos y diversos como el Secretariado Técnico que elabora un Programa Regional para enfrentar el Cambio Climático, la Fundación Jimulco, el Consejo Consultivo Regional para el Desarrollo Sostenible, Unidos por el Nazas, otros organismos civiles y los diversos consejos ciudadano-gubernamentales que reúnen a esta diversidad de actores que actúan de manera corresponsable, y que son instrumentos para construir consensos que han optado por ciudadanizar la gestión pública como el mejor camino para reorientar el desarrollo de nuestra región.
