Al menos 300 funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) han sido cesados durante la actual administración federal por presuntos actos ilícitos, informó la comisionada de esa instancia, Cecilia Romero Castillo.
Entrevistada durante una gira de trabajo por Chiapas, la funcionaria refirió que hay elementos del INM que son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR), por su presunta vinculación con el tráfico de seres humanos.
Resaltó que pese a los esfuerzos del gobierno federal y de los estados para erradicarlo, en México continúa la violación de los derechos humanos de los migrantes.
Aseguró que "es un problema serio que tienen el gobierno y la sociedad mexicana, y que debemos, como Estado Mexicano, continuar combatiendo de manera constante, permanente y determinante, como lo ha instruido el presidente Felipe Calderón".
Agregó que se ha canalizado al Organo de Control de ese instituto una serie de quejas y denuncias, que han tenido como consecuencia la amonestación, inhabilitación, cese e incluso consignación de algunos elementos.
Enfatizó que "no vamos a solapar a nadie", al dar a conocer que una de las medidas que adoptó el INM es la de cambio constante de adscripción de los elementos para que "no se arraiguen a las redes de corrupción, lo que ha sido favorable".
En el caso de Chiapas, Romero Castillo indicó que varios elementos de Migración decidieron ampararse, al conocer que serían cambiados a otras regiones del país y el INM esperará la resolución que emitan las autoridades.
Asimismo, expuso que en México han bajado de manera considerable los flujos migratorios, y citó como ejemplo que en el 2007 el INM repatrió a más de 120 mil personas aseguradas, mientras que en 2008 la cifra bajó a 90 mil.
Detalló que algunas de las causas de esta disminución son la política antiimigrante de Estados Unidos, la delincuencia y la crisis global.
Al referirse a la frontera sur de México, la comisionada señaló que "es desde siempre un espacio de convivencia entre guatemaltecos y chiapanecos, en donde el gobierno federal busca hacer un lugar de paz, orden, seguridad y armonía".
Manifestó que "la porosidad de la frontera sur no se va a acabar, lo que se tiene que terminar es la ilegalidad de aquellos que como polleros, coyotes o traficantes de personas, pretenden aprovecharse de este espacio".
Indicó que alrededor de 85 por ciento del 1.6 millones de cruces que se dan de manera furtiva en esa zona, es tránsito que podría ser documentado.
Por último, enfatizó que la frontera sur requiere de mayor vigilancia por parte de las autoridades federales, al indicar que espera que en breve se pueda contar con más plazas para agentes migratorios que sean asignados a esta región.
