Evidencias. Esta es una muestra de cómo se alteraban las facturas, documentos que están en poder de la SPF .
MÉXICO, DF.- Una red de corrupción en la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que operó en los dos últimos años del sexenio de Vicente Fox fue identificada y desarticulada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) federal.
De acuerdo con información oficial, en este caso estarían implicados alrededor de 236 funcionarios, que habrían ocasionado un quebranto de por lo menos 7.2 millones de pesos.
La SFP presentó 45 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra ex funcionarios, inhabilitó ya para el servicio público a Miguel de Santiago García, por 15 años; Salvador Hurtado, por 12 años, e Isaac Reyes, por 11 años, además de otro cuyo nombre no fue proporcionado, a quien multaron con 2.5 millones de pesos.
En 2005 los daños patrimoniales ascienden a 3.4 millones de pesos y en 2006 a 3.8 millones de pesos. En ese entonces despachaba como titular de la SEP, Reyes Tamez, designado coordinador parlamentario de la fracción del Partido Nueva Alianza, en San Lázaro.
En 2008, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 417.6 millones de pesos a la DGEI, que cayó a 100 millones 825 mil pesos para 2009. En 2005, fue de 159.7 millones de pesos y 2006 de 163.1 millones de pesos.
COMPRAS FICTICIAS
Como parte de la red se menciona a Patricia Salas Contreras y Guadalupe Antonio Martínez Muñoz, funcionarios de la institución, quienes realizaron, según la información, algunas compras directas ficticias.
Además de presentar viáticos simulados y otorgamiento de prestaciones económicas con documentos falsos.
Los funcionarios, tanto los sancionados como los que aún son investigados por las autoridades, tienen posibilidad de impugnar ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
A esta red le han comprobado 869 facturas falsas y 615 certificados médicos apócrifos, así como compras simuladas de útiles de oficina, procesamiento, refacciones, accesorios para bienes informáticos, entre otros, por 5.7 millones de pesos.
También hay entradas y salidas de almacén que eran virtuales y que eran reconocidas por los encargados y en este caso han hallado responsabilidad en 23 servidores públicos, tres proveedores y dos personas no identificadas aún.
La red también presentó viajes simulados por 157.6 mil pesos pues en 2006 sustentaron 68 comisiones con documentos apócrifos y en este caso son 36 personas las implicadas.
Sin embargo, según la documentación los oficios de comisión eran firmados por el jefe inmediato y autorizado por el coordinador administrativo. En este caso son dos los inhabilitados por 10 y 15 años, mientras que otros 26 aún siguen bajo investigación de la SFP.
En relación con las prestaciones falsas, al menos 184 servidores públicos accedieron a la prestación de anteojos y aparatos ortopédicos con 40 proveedores y presentaron 636 facturas; sin embargo, 534 facturas resultaron falsas y se hallaron 615 certificados médicos del ISSSTE igualmente falsos.
La Función Pública presume que al menos dos servidores públicos de la Dirección General de Educación Indígena comercializaban facturas y certificados médicos falsos con costos de 400 a 800 pesos.
Piden castigo
El PRI en el Senado promoverá un punto de acuerdo en la próxima sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exigir a la SFP que castigue con rigor a los presuntos responsables de un quebranto en la Dirección General de Educación Indígena de la SEP.
Senadores del PRI, PAN y PRD reconocieron que la SFP haya desarticulado dicha red pero exigieron ir al fondo porque se perjudica a la población más vulnerable en el país, que es la indígena.
La población
⇒ En México hay 1.97 millones de niños y niñas indígenas entre 5 y 12 años, de los cuales 1.81 millones (91.7%.) asiste a la escuela.
⇒ La Dirección General de Educación Indígena atiende a 1 millón 200 mil niñas y niños indígenas de 24 entidades federativas.
