La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la revisión del conflicto magisterial, político y social que se vivió en Oaxaca de mayo de 2006 a enero de 2007, para determinar si durante estos hechos se registraron violaciones graves a las garantías de la población.
Como primer punto el ministro Mariano Azuela, como encargado de elaborar el dictamen de este asunto, les propuso a sus compañeros declarar que sí se registraron violaciones graves de garantías, pero que las mismas no se le pueden atribuir al gobierno del entonces presidente Vicente Fox ni al gobernador Ulises Ruiz.
En su exposición, Azuela afirmó que durante meses no existió Estado de Derecho en el municipio de Oaxaca y en su zona conurbada, y que durante este periodo se violaron de manera grave los derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal, a la vida, así como las garantías a la libertad y a las libertades de tránsito, de trabajo, de pensamiento y expresión, de educación, de propiedad y a la paz.
Pero, en su opinión, no es posible responsabilizar a ningún funcionario de la mayoría de las violaciones que se cometieron durante este periodo.
De acuerdo con el dictamen que presentó ante el Pleno de la Corte, no se puede responsabilizar por dichas violaciones ni a la administración del entonces presidente Vicente Fox ni al gobernador Ulises Ruiz, porque ambos gobiernos llevaron a cabo las acciones idóneas para solucionar el conflicto, sólo que con "resultados indeseados" que no se les pueden achacar.
Y, en cambio, únicamente se ubica como participantes en algunas violaciones a los mandos de las policías Federal y Estatal, que tuvieron a su cargo los operativos que se realizaron durante el conflicto, en los que se afirma que registraron uso excesivo de la fuerza pública y tratos crueles e inhumanos durante la detención y traslado de los manifestantes.
Entre los mandos policiacos que se mencionan destaca el caso del ahora diputado Ardelio Vargas Fosado, quien preside la Comisión de Defensa Nacional y quien en el momento de los hechos era jefe del Estado Mayor de la Policía Federal; y el del director General de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, José Manuel Vera Salinas.
Se prevé que la discusión del dictamen presentado por el ministro Mariano Azuela abarque varias sesiones.
Por lo pronto, previo al inicio de la sesión, un grupo de simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se manifestó frente a las instalaciones del máximo tribunal, en donde derribaron las vallas de protección que se habían instalado alrededor del inmueble.
