Desatada una rebelión de empresas productoras de carbón contra la Comisión Federal de Electricidad, a la que acusaban de confeccionarle trajes a la medida a sus favoritos para ganar licitaciones, la Secretaría de la Función Pública se lanzó a un experimento audaz.
Estamos hablando de lo que se calificó como "subasta en reversa", una modalidad que apuntaba a la total transparencia, dada la presencia en una mesa de todos los inscritos en el concurso, previamente calificada su solvencia técnica.
A semejanza de una partida de póquer, cada uno de ellos abrió juego con su oferta a la vista del resto, hasta completar la ronda
El jaloneo terminó cuando sólo quedó un postor, al que se le asignó el contrato.
El ahorro para la paraestatal encabezada por Alfredo Elías Ayub y de pasadita, claro, para el país, fue de mil millones de pesos.
Naturalmente, la exhibición de las cartas sobre la mesa cerró la posibilidad de impugnaciones.
Lo interesante del caso es que la novedosa alternativa no es la única con que está jugando la dependencia encabezada por Salvador Vega Casillas, cuyo escenario se ha transformado radicalmente.
Se diría que llegó una revolución.
La anécdota habla de que cuando se le planteaba al titular de la dependencia la exigencia popular de desaparecerla por inútil, levantaba la mano en señal de aprobación.
Se fue, pues, la vieja instancia de perfil policiaco ideada por el ex presidente Miguel De la Madrid como la fórmula mágica para cortar de tajo la corrupción del sexenio Lopezportillista, para dar paso a otra con sentido humanista, con laxitud en las reglas
Si hasta hace 10 años el promedio de "peces gordos" que caían en las redes era de ocho al año, en lo que va de éste son 70.
La diferencia, además, es que el 90 por ciento de los casos los gana la dependencia, lo que elevó al infinito el promedio de bateo.
Se diría que se cambió la estadística por la eficiencia.
De hecho, la productividad de los servidores públicos de la Función Pública se mide por el número de casos ganados, no por expedientes acumulados.
Se daba el caso, por ejemplo, que en la evaluación anual se hablaba de 30 mil servidores públicos sancionados
El retraso era, a veces, de 10 minutos.
El problema, naturalmente, era que el proceso se desahogaba en ocho meses, lo que implicaba un desgaste administrativo brutal
Ahora que bajo el nuevo escenario el combate a la corrupción se está atajando por la vía más simple: transparentar al máximo las reglas, los procedimientos y el desahogo de las inconformidades.
Salvo casos especiales, éstos se resuelven en 20 días.
Por lo pronto, los postores a las licitaciones se inscriben una sola vez en el padrón de proveedores del gobierno federal, lo que evita el hacerlo por cada evento. En paralelo, las entidades públicas están obligadas a publicar al principio del año su lista de concursos.
Más aún, en la bases de las licitaciones se deben clarificar los causales de descalificación, en un escenario en que en sus mil vericuetos la corrupción dejaba fuera a postores porque el tipo de letra utilizado en su oferta no coincidía con el requerido.
A quién le importa si ésta planteaba un ahorro de 300 o 400 mil pesos, digo para hablar en poquito.
Naturalmente, la nueva perspectiva implicó un cambio radical en la legislación vigente, en cuya pelea por la aprobación del Congreso, Vega Casillas puso en prenda su cargo.
Ahora que del otro lado de la mesa las empresas que ganan los concursos están obligadas a cumplir a la letra los compromisos pactados, en un escenario en que el país parecía en ruinas ante la cantidad de obra pública inconclusa.
Se da el caso de que una carretera de Michoacán tardó 17 años entre el banderazo de arranque y su entrega a la comunidad.
El ejemplo más representativo de la nueva política es el del grupo Gutsa, quien eternizó la entrega de una obra de remodelación en la llamada "Autopista del Sol", México-Acapulco, cuya colosal multa e inhabilitación se exhibió como ejemplo a todas las constructoras para poner sus barbas a remojar.
En el camino, se le puso lupa a las firmas que por inercia impugnan licitaciones bajo la obstinación de ponerle zancadillas a sus rivales.
El nuevo estilo lo exhibió de cuerpo completo el concurso para detectar el trámite más inútil
El juez más implacable fue el propio Vega Casillas, cuya pasión por lo que ubica como causa ciudadana lo empuja a meterse en las "colas" de las ventanillas públicas para desnudar la inutilidad de la exigencia del requisito que se pretende cumplir.
Una de cal
La decisión del gobierno frente al jaque en que colocaron los ex legisladores panistas Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es agotar hasta el último recurso jurídico para evitar el pago de mil 500 millones de pesos a los ejidatarios propietarios de las tierras en que se asentó el Puerto Industrial de Altamira.
De entrada, la premisa es no hacer ningún pago doble.
Como usted sabe, el alegato de los litigantes habló de que hace 30 años se expropiaron las tierras, pero el gobierno no justificó la utilidad pública de la medida, por más que ésta era evidente.
Kramer contra Kramer.
Por lo pronto, de no lograr que el asunto salte a la Suprema Corte, la pesquisa se enfilará hacia los abogados de la dependencia que en el papel hubieran sido omisos o negligentes en la defensa.
SE DESNUDA LA COMER
Reacia en atender un requerimiento judicial para transparentar un contrato de operaciones de derivados a solicitud de sus acreedores de Certificados Bursátiles, la Comercial Mexicana, a querer o no, desnudó ayer sus cartas al contrademandar ante los tribunales de Nueva York al banco JP Morgan.
La evidencia exhibida es que las riesgosas operaciones con la intermediaria se pactaron sin el rigor jurídico requerido, por tanto son inválidas.
Naturalmente, de ganar el pleito la cadena abatiría su deuda en la materia a los niveles en que la había reconocido, es decir mil 700 millones de dólares.
Ahora que la exigencia de los tenedores de los papeles de deuda apuntaba, justo, a certificar que el débito total empataba aún con el valor de los activos de la acreedora.
Dicho con todas las letras, no tiene opción de declararse insolvente.
