Anteayer concluyó el primer periodo de sesiones ordinarias de la LXI Legislatura, integrada por los votantes el cinco de julio e instalada el primero de septiembre. Salvo por la elección del titular de la Auditoría Superior de la Federación, la jornada final fue típica, Faltó debate sobre asuntos cruciales, uno de los cuales fue votado apenas por 272 diputados presentes, sólo 21 más de los requeridos para formar el quórum. Puesto que se dispensó la segunda lectura de una propuesta de reforma a las leyes del servicio eléctrico y para el aprovechamiento de energías renovables y el financimiento de la transición energética, es seguro que la mayor parte de esa exigua concurrencia ignore a estas alturas, setenta y dos horas después de su jornada postrera, el contenido de esas reformas, presentadas a última hora. Fatigados por la prolongada sesión, después de cinco horas nadie pidió la palabra en pro o en contra. Sólo siete diputados se opusieron a la modificación de esas leyes, cuyo enunciado críptico no sugiere siquiera el sentido de las enmiendas aprobadas. Es de suponerse que los votos en contra surgieron de la bancada del Partido del Trabajo, porque su coordinador Pedro Vázquez no utilizó el sistema electrónico de voto y expresó en voz alta el suyo, en el sentido indicado.
Ese fue uno de los datos característicos de este periodo de sesiones ordinarias, la pugnacidad y el activismo de la bancada petista, y en particular la de los legisladores alineados con el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador: Jaime Cárdenas, Laura Itzel Castillo, Herón Escobar, Gerardo Fernández Noroña, Enrique Ibarra, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo. Probablemente los dos primeros, y en particular el segundo de ellos, Fernández Noroña, rompieron las marcas de frecuencia en el uso de la palabra, a veces con argumentos razonables que nunca prosperaron, siempre con tono incisivo y denunciatorio que molesta a quienes preferirían debates tersos y, más aún, que no hubiera debates.
La designación de quien sustituirá el último día de este año a Arturo González de Aragón al frente de la Auditoría Superior de la Federación padeció esa falta de enfrentamiento de fondo entre posiciones diversas que en éste como en otros casos, suscita no sólo la sospecha sino la convicción de que la decisión se convino en la discreción de las oficinas, y no se fraguó en el pleno. La Comisión de vigilancia de la ASF, responsable del procedimiento, produjo un dictamen alabado por todos, aun por los consuetudinariamente inconformes, que concluyó en la presentación de tres nombres para que el pleno eligiera al auditor federal. Nadie subió a la tribuna para exponer las cualidades y los defectos de los candidatos. La decisión plenaria no resultó de la discusión sobre los méritos hallados por la Comisión en tres de los treinta y tantos aspirantes. Y eso no obstante, de la votación por cédula surgió una mayoría abrumadora para Juan Manuel Portal Martínez: 408 de los 450 diputados presentes se expresaron en su favor; sólo 19 en contra suya y únicamente 8 contra el procedimiento y la terna. Cuatro diputados se abstuvieron. Concluido ese lance, desarrollado entre el barullo desprendido del ánimo festivo que movía a los legisladores que en unas horas se dirían adiós, pues se reunirán de nuevo sólo en febrero próximo, los diputados emprendieron la huida. Al mediodía quedaban 323 y al filo de las cinco de la tarde los 272 ya anotados.
El ausentismo franco y la distracción de quien no calibra la importancia de lo que se dice en tribuna no son lacras exclusivas de esta legislatura, pero en el siguiente periodo de sesiones ordinaria deberá desprenderse de ellas si quiere dejar poso, imprimir huella en la historia legislativa mexicana, cuyos anales muestran más faltantes que suficiencias. No obstante que más de un orador se ufanó del cumplimiento de los deberes constitucionales y legales de la legislatura debutante, lo cierto es que no examinó la cuenta pública, con lo que creció el rezago que ha impedido ya no digamos a los mexicanos en general sino también a sus representantes en particular conocer qué han hecho las administraciones panistas con el dinero público. Está pendiente la rendición de cuentas desde el año 2002. La legislatura anterior fue gravemente omisa en esa materia y el comienzo de la actual augura, para mal, una conducta semejante.
El encargado de dictaminar los informes sobre gasto, rendidos precisamente, por la Auditoría Superior de la Federación, es Luis Videgaray, enviado a la cámara por su jefe Enrique Peña Nieto. La comisión que encabeza, de Presupuesto y cuenta pública, sólo realizó las tareas de la primera parte de su enunciado, y no se ocupó ni por asomo de la segunda. En la materia presupuestal su desempeño distó de la idoneidad: presentó tarde y mal un dictamen que debió ser acompañado por una descomunal fe de erratas. Curso semejante siguió la aprobación de la ley de ingresos, con dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda presidida por el panista Mario E. Becerra Pocoroba. Elaborados con ineficacia, los documentos que regirán la política fiscal agreden, por las dos puntas de los ingresos y los egresos, a la mayor parte de la población.
Fue mínimo el rendimiento legislativo propiamente hablando. Atenúa la irresponsabilidad de ser legisladores que no legislan el hecho de que en su primer mes la legislatura carece de comisiones dictaminadoras. Pero, ¿y después?
