El pasado martes 18 de agosto se perpetró un nuevo ataque contra un medio de comunicación en México, en este caso fue contra el diario El Siglo de Torreón, en Torreón, Coahuila, pero lamentablemente ya no es un hecho excepcional, sino uno más de la larga cadena de agresiones contra comunicadores, ante la complacencia y pasiva (o quizá no tan pasiva) complicidad de las autoridades que siguen archivando averiguaciones previas inconclusas, generando impunidad y masacrando la libertad de expresión.
Un día después, el miércoles 19 de agosto, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, dio a conocer la recomendación general 17, relacionada precisamente con los ataques a periodistas y medios, en la que daba cuenta que el 73% de las averiguaciones previas no concluye y que de las consignadas, en el 53% de los casos no se dictó sentencia condenatoria, así únicamente en el 12% de los casos hay sanción y mientras el 88% permanece impune.
De acuerdo con la misma recomendación, entre el año 2000 y junio de 2009 se registraron 52 homicidios y 7 desapariciones de periodistas, así como, 6 ataques contra instalaciones de medios de comunicación, entre las que todavía no se encontraba la perpetrada en contra de El Siglo.
Pero la recomendación de la CNDH también es uno más de los informes (difundidos ante la pasividad de las autoridades) que dan cuenta de la violencia desatada contra los comunicadores: en mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en voz de su relatora especial para la Libertad de Expresión, condenó que de 1995 a 2008, 37 periodistas fueron asesinados en México "por razones ligadas al ejercicio de su profesión", y precisa que hay otros homicidios, durante ese período, que no se incluyeron "en la medida en que no existe una clara conexión de éstos con el ejercicio de la labor informativa."
Y el lunes 3 de agosto, Omar Raúl Martínez, presidente de la Fundación Manuel Buendía, señaló que en los últimos 18 meses fueron asesinados 17 periodistas y se registraron 365 actos de intimidación, es decir, cada día y medio se ejerce algún acto intimidatorio contra un comunicador.
La escalada de asesinatos se recrudeció en 2006, cuando se perpetraron 10 homicidios; la cifra cayó a 5, en 2007; subió a 12, en 2008; y en 2009, sólo en el primer semestre, llegó a 5. Las diferencias en las cifras obedecen a las diferencias en los criterios con los que cada una de las organizaciones registra las acciones: en el caso de la Fundación, se registran indiscriminadamente todos los actos contra periodistas, de los que se tiene conocimiento, sin importar si fueron por motivos de su ejercicio periodístico o no; la CNDH parte de las quejas recibidas; y la CIDH, sí discrimina, como ya se señaló, entre los que tienen conexión con el ejercicio periodístico y los que no; pero en todos los casos los números son alarmantes.
Y, lo peor, no parecen tener fin, pues la impunidad es irritante para los periodistas y la sociedad; estimulante para los delincuentes; y favorable para las autoridades, ante el debilitamiento del ejercicio periodístico. Hoy las autoridades ya no son señaladas como las responsables directas de los atentados contra la libertad de expresión, sin embargo sí son sus principales beneficiarios, pues al coartarse ésta se reduce su nivel de exigencia. Se redujeron sus costos y se mantuvieron sus beneficios.
Después de cada asesinato, desaparición o acto de violencia contra los comunicadores, las autoridades reiteran, una y otra vez, sus declaraciones condenatorias y sus inverosímiles compromisos. El guión se repite reiteradamente, pero en cada ciclo el ámbito de libertad se estrecha un poco más, aunque sea de manera imperceptible, y el ejercicio periodístico se degrada paulatinamente, al menos en los temas vinculados al narcotráfico y el crimen organizado.
El temor entre los periodistas se extiende y los directivos emiten órdenes que poco a poco van cediendo el control de la información a las autoridades, que terminan monopolizando la información que se publica sobre el tema, para evitar posibles represalias.
La pasividad de las autoridades para sancionar las agresiones y amenazas contra los periodistas no es únicamente por incapacidad o complicidad, es interesada, porque ellos son los más beneficiados, ya que la exclusión o disminución de la presencia de los actos delictivos en los medios de comunicación impacta directamente la percepción de inseguridad de la ciudadanía.
Pero además tampoco puede descartarse totalmente que los personeros del gobierno no se encuentren detrás de algunos de estos hechos, menos cuando en ocasiones las agresiones van precedidas de informaciones que desnudan su ineficacia y/o ineficiencia en el combate a la inseguridad o su presunta complicidad con los grupos delictivos.
Así el hecho de que hoy no sea la autoridad la que perpetra directa y flagrantemente los atentados contra la libertad de expresión, no debe aminorar el nivel de exigencia hacia ellos. El gobierno debe garantizar la libertad de expresión y de prensa y ello implica tanto el no obstaculizarla, como el asegurar que existen las condiciones necesarias para su ejercicio y esto implica el eliminar cualquier limitación para su pleno ejercicio. Sus declaraciones y compromisos incumplidos no bastan para ello.
La libertad de expresión y de prensa están hoy seriamente amenazadas y el responsable de ello es el poder público.
