Sin agotarse aún la lista de bajas provocadas por el recorte presupuestal cuyo monto alcanza 85 mil millones de pesos, la esquela habla del Sistema Nacional de Conectividad, uno de los proyectos estelares del actual Gobierno.
Estamos hablando de una tercera red para servicio de banda ancha que hacia 2012 le pondría tienda de enfrente a la de la Comisión Federal de Electricidad y la de Teléfonos de México, por más que la prioridad sería el servicio hacia el ámbito público.
De la importancia del proyecto habla el que, aun cuando se sectorizó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Presidencia de la República participaba en su coordinación.
La inversión reclamada era de 13 mil 597 millones de pesos, parte de los cuales, según ello, los aportarían las entidades federativas y aun los municipios… por más que la convocatoria hablaba también de incluir a las empresas telefónicas que se integrarían como clientes.
La cobertura alcanzaría a 150 mil centros educativos, 30 mil centros de salud, 10 mil oficinas de Gobierno (federativas, estatales y municipales) y 300 universidades. En paralelo, naturalmente, la red cubriría a las 32 entidades federativas y los 2 mil 954 municipios del país, en la idea de crear las llamadas “ciudades digitales”.
El abanico, según ello, alcanzaría para ofrecer posibilidades de banda ancha a 80% del Sistema Nacional de Educación y a 100% del Sistema Nacional de Salud. La apuesta, en paralelo, permitiría incorporar a 30 millones más de usuarios de Internet, para llegar a 60 millones.
Casi el paraíso
La exposición de motivos del proyecto diseñado originalmente por el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, perfeccionado por la ex subsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro, y retomado por el actual titular de la dependencia, Juan Molinar Horcasitas, hablaba que la interconexión a la red de Teléfonos de México es muy cara y no tiene disponibilidad. En paralelo, la de la Comisión Federal de Electricidad requiere de una entidad privada que opere día a día.
El Gobierno, pues, tomaría la estafeta para abatir la brecha digital de los Sistemas Nacionales de Educación y Salud.
El problema, de entrada, es que ninguna de las empresas de telefonía o de televisión por cable, en opción de ofrecer el servicio, quiso comprometer una inversión para conectar sus propias redes.
Ahora que a su vez, Teléfonos de México anunció que en vista de que el Gobierno entraba al relevo, no estaba dispuesto a invertir más en interconectar a poblados que carecen aún del servicio, a los que la competencia tradicionalmente los ha marginado, por no ser negocio. Adicionalmente, pocos municipios se atreverían a colocar sus fichas en la mesa, quebrados como están.
Se diría, pues, que el proyecto está muerto mucho antes que lo desahuciara el recorte presupuestal… por más que el rompecabezas parecía más que armado. Según ello, la SCT contribuiría con una red de fibra con alcance a 100 puntos a nivel nacional, tras firmar un contrato con la CFE Telecom.
En paralelo, colocaría una radiofrecuencia (asignada a nivel nacional en la banda de los 3.3 Gerthz, para alcanzar un total de 50 frecuencias en la banda de 3,300-3,400, para crear una última milla con la tecnología tipo Wimax). La dependencia sería la coordinadora de la red, manteniendo la relación con proveedores de equipo y servicios requeridos por redes locales y de control.
A su vez, CFE-Telecom sería el proveedor de conectividad dorsal; de puntos de interconexión local, y apoyaría el diseño y la planeación en sus tres niveles. Para darle forma al proyecto, además, se crearía una Coordinación que promovería la integración de las universidades; la promoción y el uso efectivo de la red; apoyaría la operación y celebraría convenios internacionales.
La participación del Gobierno se realizaría vía convenios y la implantación de un fideicomiso con el cual, en el papel, se le daría transparencia al manejo de los recursos, permitiendo en paralelo la participación privada de empresas de telecomunicaciones “como parte de sus obligaciones de cobertura social”.
Sin embargo, no se ubicó nunca en dónde estaría la clave de la rentabilidad, más allá, naturalmente, de la social, dada la gratuidad para las escuelas, centros de salud y centros comunitarios digitales.
Lo que en el papel, pues, parecía la maravilla del siglo, en la práctica derivó en otro colosal fiasco.
Por lo pronto, a contrapelo de las promesas de enmienda, la asignación de los primeros contratos no tuvo la transparencia requerida, reviviendo el esquema que derivó en el fracaso del proyecto Enciclomedia. Otro proyecto, pues, que muere apenas naciendo.
Balance general
Despedida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 2002, al negarse a avalar el desvío de recursos hacia instancias públicas vía fideicomisos privados, a contrapelo de lo dispuesto en la Ley de Egresos de ese año, siete años después la dependencia federal se niega a reinstalar a la abogada Lilia Cortés.
Las anomalías sumaron varios miles de millones de pesos, lo que hizo reaccionar a la Auditoría Superior de la Federación, y de pasadita al Congreso, que rechazó la Cuenta Pública de ese año. En el camino, la afectada ha logrado resoluciones judiciales que avalan su reclamo, en un escenario en que ha debido soportar golpizas y persecuciones sin fin.
La profesional trabajaba en la Dirección General Jurídica de la dependencia, cuya jefa inmediata era la desaparecida Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, quien de ahí saltaría a Oficial Mayor de la Procuraduría General de la República. El desacato lo ha mantenido por meses el director de Relaciones Laborales de la dependencia, Ricardo Zavala MacGregor, quien es primo hermano de la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala. Lo grave del caso es el silencio espeso que mantienen sobre el hecho el propio secretario, Agustín Carstens, y el oficial mayor de la dependencia, Sergio Hidalgo, ante lo que constituye una grave injusticia.
¿Quién se atreverá, tras el caso, a denunciar las tropelías que se cometen en las dependencias públicas? Lo que ameritaba una medalla, fue premiado a latigazos.
Funcionario incómodo
Acusado, en principio, de otorgarle contratos a granel al grupo ICA para construir plantas criogénicas, el director Corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jorge Borja Navarrete, se ha convertido en funcionario incómodo para la paraestatal, dada su reticencia a aceptar acuerdos con proveedores tradicionales.
Como recordará usted, éste llegó al cargo tras jubilarse como director general de la empresa Fluor Daniels, una de las filiales estelares de la propia ICA, especializada en construir plantas industriales llave en mano.
La encomienda que se le otorgó fue justo cerrar la vía a las componendas que engordan la corrupción de la empresa pública.
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