Liberados, a fuerza de tesón reporteril, algunos datos aislados, hasta el fin de semana el IMSS mantenía bajo siete candados el informe sobre su situación financiera y riesgos, que tradicionalmente se entrega al Ejecutivo y al Congreso el 30 de junio.
Del celo con que se guardó el documento, según ello para no hacer más olas en la fase previa a los comicios de este domingo, habla el que ni siquiera los integrantes del Consejo Técnico tuvieran una copia.
Qué importa si ellos son los firmantes.
La razón de fondo, naturalmente, es que el deterioro de las cifras se volvió escandaloso, tantito por la caída de ingresos del organismo ante el desempleo galopante, y tantito por el quiebre en la relación entre trabajadores jubilados y activos, cuyo equilibrio permitía el financiamiento del seguro correspondiente.
El déficit conjunto de los Seguros de Enfermedades y Maternidad y Jubilados y Pensionados, alcanza el equivalente a 33% del Producto Interno Bruto (PIB).
Más aún, en el renglón estricto de sus propios jubilados, el desfase supera un billón 100 mil millones de pesos, pese a que se incrementó la edad reclamada para el retiro de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las cuotas para aportación al fondo correspondiente, además de cerrarse las contrataciones.
En paralelo, el organismo arrastra un patrimonio deficitario por un billón 40 mil 129 millones de pesos, equivalentes a 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto.
Desde otro ángulo, las conclusiones del documento tocan otro punto sensible para la opinión pública: la exigencia de incrementar la subrogación en materia de guarderías para hacer frente a una creciente demanda.
Hasta el año pasado el sistema beneficiaba a sólo 194 mil 491 madres aseguradas y a 214 mil 816 niños inscritos en mil 566 unidades, bajo la modalidad de guarderías de prestación directa mediante los esquemas Madres IMSS y Ordinario, y guarderías de prestación indirecta a través del esquema Vecinal Comunitario, Único y Guardería Integradora.
Los dos últimos esquemas operan bajo el esquema de subrogación.
La primera tenía 146 unidades y 29 mil 968 lugares, y las segundas y terceras mil 423, con posibilidad de recibir a 186 mil 82 infantes.
El caso es que la demanda potencial habla de cuadruplicar la capacidad instalada, en un escenario en que según cálculos actuariales, en 2012 se reclamarían 936 mil lugares.
El problema es que existe un déficit de 15 mil 761 millones de pesos entre lo presupuestado y lo erogado en materia de guarderías.
Y aunque el año anterior se incrementó 11% el presupuesto en la materia, sólo se logró beneficiar a 7 mil 600 trabajadores.
Lo cierto es que hasta el sexenio pasado los contratos de subrogación se otorgaban por "dedazo", es decir, no existía una licitación previa que permitiera fijar condiciones mínimas de operación, en un escenario en que primero llegaba el contrato y luego se alquilaba la casa.
Ahora que bajo su condición actual de precariedad financiera, agravada año con año por la exigencia de la Secretaría de Hacienda de crear reservas, el Instituto no ha logrado alcanzar la meta mínima fijada para el primer año del actual gobierno, es decir, una cama por cada mil derechohabientes, como se tenía con creces hasta 1980.
Lo dramático del asunto es que existen aún clínicas y hospitales en obra negra por falta de presupuesto; algunos ya terminados que carecen de equipamiento, y otros de plano sin personal para atenderlos, dada la exigencia de no incrementar la nómina y con ella el déficit, pese a que el año pasado se descongelaron 37 mil de 64 mil plazas.
El absurdo, sin embargo, es que bajo la administración del actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, se expandió al infinito el número de asesores y se multiplicaran las denuncias de favoritismo en el otorgamiento de contratos.
Ahora que el sucesor, Daniel Karam, sufrió el síndrome del pánico escénico, al punto de tener que arroparlo la bancada panista para evitar que llegara al colapso en una eventual comparecencia ante el pleno de la Comisión Permanente sobre el tema de las guarderías y la subrogación en general.
Se diría que llegó al puesto sin tamaños para hacer frente a los huracanes.
Por lo pronto, la letra fina del Informe habla de la imposibilidad del Seguro Social para sumarse al seguro universal previsto por el actual gobierno para operar a partir del 2010.
Cifras al tobogán.
Le comentábamos hace unos días del absurdo que planteó la amnistía diseñada por la Secretaría de Hacienda para alfombrar el regreso de capitales "golondrinos" en circunstancias difíciles para el país, dado que la posibilidad alcanzaba sólo a los rendimientos obtenidos.
Dicho con todas las letras, incluía sólo la posibilidad de las ganancias, no el capital.
Bien, pues a la vista del fracaso estrepitoso de la medida, cuyo ejercicio, invocaba al anonimato del timbre fiscal para efectos del Impuesto sobre la Renta
Estamos hablando, ahora sí, de alcanzar un marco universal, es decir capitales y rendimientos, respetándose la máscara del timbre.
La posibilidad se ensayó con éxito durante la gestión del ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe Armella, en 1992, pese a que el año siguiente se iniciaría un éxodo que se profundizó en 1994 ante los graves problemas políticos enfrentados por el país.
¿Y LOS PAQUETES?
Lanzada toda la carne al asador por el gobierno en la campaña "Vive México", en afán de resarcir a las empresas turísticas del colapso provocado por su precipitación en paralizar al país al fragor de la epidemia de influenza, ahora resulta que las firmas no están cooperando.
Dicho con todas las letras, la segunda parte de la compaña, es decir la catarata de ofertas previstas para darle cauce al flujo de visitantes, no está llegando.
Ni hoteleros ni líneas aéreas están colaborando al punto de que siguen costando más los viajes al interior del país que al exterior.
En el camino, se está exigiendo la renuncia del titular del ramo, Rodolfo Elizondo, y de pasadita del presidente del Consejo de Promoción Turística, Oscar Fitch.
El hilo, pues, hay que cortarlo por lo más delgado.
FIEBRE DEL ORO
Inundado el país de firmas extranjeras, especialmente canadienses, que llegan a explotar nuestras minas de metales preciosos, la mayoría de estas empresas está atropellando los derechos de los trabajadores.
Las quejas apuntan, por ejemplo, a Carteno Gold, instalada en Zacatecas, cuyos trabajadores denuncian despidos injustificados y amenazas.
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