Ha pasado medio año de la descomunal tragedia de la guardería ABC en Hermosillo y todavía no se alcanza la ansiada justicia ni tampoco una solución económica para las familias de los niños fallecidos y los lesionados.
Las vidas de las 49 criaturas que cobró este infame incendio no han sido suficientes para romper las redes de corrupción y tráfico de influencias que privan tanto en Sonora como a nivel federal y que impiden un castigo ejemplar para los responsables.
A petición de los padres de familia, la Suprema Corte de Justicia contrató a un par de empresas de California para realizar a partir de esta semana sendos peritajes que conduzcan a un dictamen confiable sobre las verdaderas causas del siniestro ante las versiones disímbolas que se manejan.
Pero no hay que ser expertos en incendios para conocer a los responsables de tantas muertes, en Sonora los conocen perfectamente, pero los intereses políticos y económicos se combinaron para que los culpables escaparan o simplemente no se les consignara.
El primer responsable en esta tragedia es el Instituto Mexicano del Seguro Social al permitir que una guardería de casi 200 infantes se instalara en condiciones por demás inadecuadas y sin los requisitos básicos para enfrentar un siniestro de magnitud.
Funcionarios menores del IMSS fueron detenidos y luego salieron libres bajo fianza, en tanto el ex delegado en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga, huyó felizmente y desde hace meses se encuentra prófugo de la justicia.
Pero el director general del IMSS, Daniel Karam Toumeh, sigue en su cargo a pesar de la tragedia. En otros países por mera decencia moral un funcionario cuya dependencia esté involucrada en la muerte de 49 niños habría sido despedido de inmediato.
En segundo lugar los propietarios y directores de la guardería tienen la misma y grave responsabilidad en la tragedia. Operar en circunstancias de mínima seguridad y además adaptar una bodega para guardería es inadmisible cuando se trabaja con niños que son casi bebés. Sin duda es un crimen doloso que tendrá que ser cobrado por la justicia, tarde que temprano.
Dos de los socios eran funcionarios del Gobierno de Eduardo Bours y renunciaron casi de inmediato, pero en su momento la autoridad estatal los protegió hasta que la Federación atrajo el caso y dictó órdenes de aprehensión, pero era ya demasiado tarde.
Casi todos los socios viven en Hermosillo protegidos por amparos federales, y dicen las malas lenguas que también por la influencia del ex gobernador Bours, quien por cierto logró imponer a su procurador de Justicia, Abel Murrieta, en el nuevo Gobierno de Guillermo Padrés.
Una situación por demás inaudita en la transición de un Gobierno priista a un panista y más por las sospechas de contubernio y corrupción en el caso ABC por parte de la Procuraduría Estatal de Justicia.
En tercer término hay que culpar, no de la tragedia pero sí de la ineficiencia para aplicar las leyes, al ex gobernador Eduardo Bours y a su aparato judicial, quienes dieron largas y más largas a las pesquisas hasta que la Procuraduría General de la República intervino a casi un mes de la conflagración.
Son seis meses de impunidad, de peregrinaciones, llantos y desvelos de un grupo de padres de familia cuyo único error fue confiar en el IMSS y en los concesionarios de su guardería.
Para colmo, el fideicomiso que fue creado para apoyar a los familiares de las víctimas permanece congelado por la arrogancia del Gobierno anterior y la ineficiencia del actual, que no ha logrado destrabar los nudos legales.
Hacer justicia no devolverá ninguna vida, pero sentará un firme precedente para poner un hasta aquí a la dolosa impunidad que aflige a México.
