El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego, con el fin combatir el tráfico de armas a nuestro país.
El proyecto de decreto fue avalado por el pleno con 78 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones, y pasó a la Cámara de Diputados.
La reforma incrementa las penas y sanciones a servidores públicos que permitan el tráfico de estos artefactos. Las sanciones alcanzan la destitución del empleo y la inhabilitación.
La iniciativa fue propuesta por los senadores del PRI, Fernando Jorge Castro Trenti, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Ramiro Hernández García, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Mario López Valdez y Raúl José Mejía González.
El cuerpo de la reforma deroga la fracción II del artículo 84, para reformular su redacción como artículo 84 quater, estableciendo una pena mínima de 15 años y máxima de 45 años a los servidores públicos que no impidan el tráfico de armas a México, agregando la inhabilitación como pena y sanción administrativa adicional.
De igual manera, contiene una reforma al artículo 84 ter para establecer que las penas a que se harían acreedores los servidores públicos que permitan la entrada ilegal de armas a México podría aumentarse hasta el doble, a diferencia del aumento hasta en una mitad que establece actualmente la norma.
