"Así como nos revisan de aquí para allá, ¿por qué no vamos a revisar nosotros lo que entra a nuestro país?"
Felipe Calderón
ENSENADA, B.C.- Las medidas las toman los políticos y los burócratas en el D.F. Pero los costos los pagan los ciudadanos que tratan de trabajar y subsistir a lo largo y lo ancho de la república.
La nueva ocurrencia es el Sistema de Aforo Vehicular (Siave), que el Gobierno Federal ha establecido, aun de manera preliminar, en los puntos de cruce de la frontera norte de nuestro país. Si las revisiones migratorias de Estados Unidos a quienes cruzan la frontera desde México han generado desde hace años esperas de dos y tres horas en la frontera, ahora las revisiones que las autoridades mexicanas hacen a través del Siave han provocado esperas de una o dos horas para cruzar de la Unión Americana a México, un cruce que hasta hace unos meses se hacía en unos cuantos minutos. El resultado ha sido un desplome de los cruces y del turismo, así como un golpe brutal adicional a la ya maltrecha economía de la frontera.
Los llamados al Gobierno Federal a reflexionar han sido numerosos. José Guadalupe Osuna Millán, gobernador de Baja California, panista como el presidente, pidió públicamente a Felipe Calderón el 5 de noviembre que revise la aplicación del Siave. La Cámara Nacional de Comercio de Tijuana y la Coparmex de Baja California han pedido también al mandatario federal que reconsidere el Siave. El presidente, quien no tiene qué hacer cola al cruzar ninguna frontera, le respondió el 5 de noviembre al gobernador Osuna que la lucha contra el crimen implica "esfuerzos y sacrificios para todos".
Un funcionario de la Secretaría de Turismo federal me decía recientemente que el problema de la violencia no es la razón principal por la que los estadounidenses y mexicano-estadounidenses han dejado de cruzar la frontera con México. El problema número uno, según encuestas, es el tiempo de espera en los cruces. Éste ya era un factor fundamental cuando la espera sólo se hacía al entrar a Estados Unidos desde México. La decisión del Gobierno Federal de entorpecer también el paso a México ha sido un golpe adicional para una economía fronteriza que sufre los efectos del desplome de las exportaciones.
La imagen de inseguridad de México es, por supuesto, el segundo factor que inhibe las visitas fronterizas a nuestro país. En esto tampoco está ayudando el Gobierno Federal.
El propio Gobierno ha tratado de difundir información que señala que los homicidios violentos en la frontera y en México han disminuido en lugar de aumentar en los últimos años. En 1989 la tasa de homicidios dolosos en Baja California fue de 27.7 por cada 100 mil habitantes mientras que para 2008 habían disminuido a 16. La misma tasa para el país pasó de 17.6 a 10.8 por cada 100 mil habitantes según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Pero ¿de qué sirve que el Gobierno difunda o invente cifras como éstas, cuando en las carreteras mexicanas hay retenes militares, con soldados enmascarados, montados en tanques y trincheras, que apuntan ametralladoras directamente a los automovilistas? ¿Quién quiere arriesgar a sus hijos en un país en guerra cuando puede mantenerlos seguros del otro lado de la frontera?
No hay duda de que las decisiones importantes las toman los políticos en la Ciudad de México, pero las pagan los mexicanos en todo el país. Programas como el Siave, o los retenes militares en las carreteras, son ejemplo de estrategias que parecen más diseñadas para lastimar a los mexicanos honestos y trabajadores que a los criminales.
Parece un juego de niños malcriados. La Cámara de Diputados, controlada por el PRI, redujo los presupuestos de gastos para 2010 a la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo. En cambio aumentó los destinados a las secretarías de Reforma Agraria y Turismo que el presidente Calderón está tratando de eliminar. Al final cada uno gastará lo que diga Hacienda.
