LOS CIUDADANOS no logramos aún entender cuál el es sistema de investigación que el Ejército Mexicano y las decenas de cuerpos policiacos se supone usan en busca de los malosos con el fin de ponerlos frente a la justicia y puedan así responder por sus actos en perjuicio de la sociedad.
LA REALIDAD es que 104 millones de mexicanos estamos hartos de secuestros, crímenes y “pozoleros”; pero ahora parece que el problema no nada más lo es la delincuencia, ahora son los mismos cuerpos de seguridad que se supone deben de ubicar a delincuentes, secuestradores y secuestrados, los que vienen sembrando el terror.
TODO ESTO VIENE a colación con motivo de la irrupción que hicieron 70 miembros del Ejército Mexicano en el fraccionamiento Los Ángeles en el domicilio de un pacífico ciudadano de Torreón, 70 militares sin orden judicial ni de cateo expedida por un juez competente como lo ordena el Artículo constitucional, allanaron su domicilio, amenazaron a su familia, los encerraron en un closet, destruyeron a culatazos la puerta de entrada y en cosa de 15 minutos se retiraron. Durante el operativo cerraron el acceso a cualquier persona al fraccionamiento y los militares salen a toda velocidad sin dar mayor explicación.
EN ESTA COLABORACIÓN periodística se han venido apoyado las actividades de los cuerpos de seguridad y del mismo Ejército, con motivo de sus acciones en contra del crimen organizado, que desgraciadamente son ayunas de una investigación seria y concienzuda, como sucede en cualquier país del mundo medianamente civilizado.
EN ESTE NUESTRO MÉXICO, se siguen dando palos de ciego llamados por el pueblo como los “piñatazos”. Estos movimientos ya muy conocidos por todos consisten en arribar enmascarados a una colonia, cerrar los accesos, bajar cien o más elementos armados, estacionar patrullas, irrumpir en casa particular como si estuviésemos en el mismísimos Afganistán cuando se encontraba invadido por los rusos, atemorizar a sus moradores, revisar el domicilio y salir a toda velocidad por calles y avenidas, sin ningún resultado práctico, ningún detenido ni ningún liberado de secuestro. Eso sí con el susto y terror en la cara de todos los vecinos de la colonia.
NO DESCONOCEMOS que quizá en diez de cada cien operativos y cateos los cuerpos de seguridad han logrado algún éxito policiaco deteniendo algún maloso, pero los otros noventa operativos han sido un fracaso.
DEBEMOS TAMBIÉN reconocer que a últimas fechas en el Estado de Michoacán el Ejército ha tenido muy buenos resultados al desmantelar más de nueve narcolaboratorios. Sin duda esto ha sido un muy buen desempeño, pero en colonia, domicilios particulares y barrios no han podido tener los resultados que exigiría como una compensación práctica a la violación de la Ley constitucional; pero no ha sido así.
LA HISTORIA nos ha enseñado que la violación de la Constitución muy especialmente en el capítulo de las garantías individuales, ha tenido gravísimas consecuencias para la sociedad y los mexicanos en su conjunto. Ninguna acción inconstitucional violatoria de garantías puede ni debe tolerarse.
LA PENOSA circunstancia en que se encuentra nuestra autoridad con motivo de su desesperada lucha en contra del crimen organizado, ha venido permitiendo la violación de las garantías individuales en daño de los más débiles.
ESTA ACTITUD permisiva y tolerante, lo que es lo mismo, hacerse de la vista gorda y voltear la cara para poner a la Constitución General de la República en el bote de la basura, tanto por parte de las autoridades encargas y responsables de hacerla cumplir, como por el Poder Judicial federal que no dice “esta boca es mía” así como el silencio generalizado de las Comisiones de los Derechos Humanos que poco enfrentan el problema.
PARECERÍA QUE hemos llegado lamentablemente como Estado de Derecho y como país, a consentir calladamente la violación de la Ley y además, con la siniestra complicidad de los que deberían hacerla cumplir y también respetar.
EL PROBLEMA NO ES fácil para el presidente Calderón ni para el sistema político que los mexicanos nos hemos dado. El riesgo consiste en que cuando se suelta al Ejército y a policías a las calles sin limitación alguna y sin sujeción al marco legal, puede llegarse al peligro de que ya no obedezcan en un momento a su jefe nato, el presidente de la República. La larga historia de los mexicanos así nos lo ha demostrado en muchas ocasiones.
TAMPOCO, EN RAZÓN de los tiempos que vivimos, nos rasgaríamos las vestiduras (aunque debíamos) si los cuerpos policiacos violaran la Ley en algunas ocasiones y atendiendo a circunstancias muy especiales de cada caso. Pero que la ley constitucional se viole ante la tolerancia de todos de manera sistemática, continua y reiterada por los cuerpos policiacos y el Ejército, esto sí debe ponernos a pensar, sobre la viabilidad del Estado mexicano de Derecho y su sobrevivencia como país y como nación organizada bajo los principios de la Ley.
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