Cuanto más minimiza la gravedad de la crisis, la Administración más se aproxima si no a un Estado fallido... sí a un Gobierno fallido, como bien dice el jurista Diego Valadés.
Pese a la campaña de optimismo donde quien no sonríe, aplaude y aporta, "denigra", "divide", "demerita" o "atemoriza", la desesperación oficial es cada vez más notoria. La respuesta al empresario Carlos Slim pertenece más a una pandilla de porros, que a un equipo de Gobierno. El silencio ante el fracaso de la alianza política y electoral con la lideresa Elba Esther Gordillo pertenece más a un juego de lotería, que a una acción inteligente armada por el Gobierno y su partido. La incapacidad para encarar los frentes que el crimen abre y cierra a capricho, pertenece más a la ingobernabilidad, que al Gobierno de un problema en vía de solución.
Lo más grave del nuevo discurso y la nueva actitud oficial es que, sin querer o adrede, está politizando las crisis... y, en esa línea, terminará inevitablemente por contaminar quién sabe en qué grado la elección de julio. La combinación de la crisis económica con la crisis de seguridad en un marco electoral podría desembocar -perdón por la palabra- en una catástrofe.
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Aun cuando la confrontación marcó el arranque del sexenio, la mesura y la inteligencia en la acción sellaron el primer año de la Administración. Luego, vinieron los descalabros del segundo: mal tino en el ajuste del equipo, descoordinación en el Gabinete, indecisión política y ausencia de prioridades. Ahora, en el inicio del tercero, la confrontación recobra su fuero.
Los aciertos del primer año se transformaron en titubeo durante el segundo y, por lo visto, serán los errores del tercero donde la confrontación se perfila de nuevo en el horizonte.
Es cierto que la confrontación la alientan poderes fácticos (no sólo criminales) que desafían al Estado, pero también es cierto que la alienta la Administración.
Choca con el Banco de México; falla en la cercanía y la lejanía a guardar con las oposiciones; desprecia la crítica; exige silencio a los empresarios; combate desorganizadamente al crimen organizado; se olvida una vez más de la seguridad que debe garantizar a los ciudadanos; y convierte la política anticíclica en el reciclado de intenciones frenadas por un burocratismo en las decisiones.
En el contraste, se asocia y alía con el corporativismo sindical petrolero, magisterial o cetemista o con caciques de corbata o sotana que hacen de la impunidad, valga la expresión prestada, el jardín de sus delicias. La Administración se entrega a esos socios que de a poco lo apresan e inmovilizan.
Quien no está conmigo, está en mi contra; y quien está conmigo puede hacer lo que quiera, así suponga el sacrificio del interés público.
Ésa parece ser la divisa del tercer año de una Administración que no consigue consolidarse como Gobierno.
La Administración juega con fuego. No suma, resta. No concilia, confronta. No ofrece, exige. No concreta, ensaya.
No propone, reclama. No acuerda, dicta. No une, divide. No decide, duda. No gobierna, administra.
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En esa circunstancia, la Administración va perdiendo el oído en vez de afinarlo.
Una y otra vez, de un modo y de otro se ha advertido la necesidad de replantear la estrategia del combate al crimen organizado y evitar que el crimen aproveche la crisis económica para expandir su dominio, encontrando base social en el descontento y mano de obra barata en el desempleo.
El replanteamiento de esa estrategia la han recomendado especialistas, organismos internacionales y, ahora, hasta un grupo de ex presidentes ha concluido que el combate a la droga, sólo desde la perspectiva policial, es un fracaso con altísimos costos humanos, sociales y económicos.
La Administración no ha prestado oído a esa crítica como tampoco a la conveniencia de alinear y coordinar las distintas instancias y dependencias que participan en ese combate. La unidad que se exige a la nación frente al crimen es la división con que la Administración encara el problema. Reclama lo que no ofrece. Las diferencias entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República las sazona la Defensa con la desconfianza en aquellas dos instituciones. Ni se replantea la estrategia ni se unifica la acción y, así, demandar la unidad nacional cuando ni siquiera se garantiza la integridad y la seguridad de la ciudadanía es un grito en la oscuridad.
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Lo ocurrido en Monterrey es la evidencia de lo que la combinación de la actividad criminal y la crisis económica puede provocar.
El crimen organizado se beneficia del descontento social, el desempleo económico y la pérdida de valores cívicos para armar un Ejército popular en favor de su industria.
Es de una enorme perversión política lo ocurrido: sacar a la calle a los marginados, a los desesperanzados, a los desesperados para abanderar "las causas y las demandas" del crimen supera con mucho el anterior desafío planteado al Estado. Es un escudo social y humano con que se "blinda" el crimen. ¿Cómo se va a encarar ese nuevo desafío? Endurecer la mano es una tentación, no una solución.
En eso, la Administración falla. No tiene una visión integral de la crisis y se advierte en su actuación. Encara los problemas por separado, como si éstos no tuvieran vasos comunicantes entre sí. El crimen, en esa lógica, nada tiene que ver con la situación económica. La elección intermedia nada tiene que ver con la situación económica ni la criminal y, así, como si la política no se comportara como el agua, filtrándose donde menos se espera, la enredadera de problemas crece y crece.
Por eso llama poderosamente la atención que el partido en el Gobierno considere que es hora de tronar cohetes y no de recoger varas. Vale esa percepción del problema, si se reconoce que quien truena los cohetes no es precisamente el panismo. Se los están tronando a ellos.
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Esa disociación de los problemas en la coyuntura electoral está provocando precisamente lo que la Administración quiere -o dice querer- evitar: la politización del combate al crimen y la crisis económica.
Por su naturaleza, el concurso electoral va a subrayar las diferencias, no las coincidencias. Cada actor político, formal o informal, va a destacar aquello que lo distinga del otro y, desde luego, va a buscar obtener beneficios a partir del error del contrario.
La cosa es que, dada la circunstancia económica y la amenaza criminal, esas diferencias no integrarán un juego de espejos o de imágenes, como cree y lo quiere hacer creer la Administración. Integrará una realidad en extremo compleja. Salir con la batea de que si no se habla de la crisis ésta se atempera. Apalear con declaraciones a quien discrepe de la visión oficial es imaginar que el Producto Interno Bruto crecerá si el país echa porras y hace la ola. Insistir en una política anticriminal fracasada es renunciar a fortalecer al Estado. Minimizar la crisis por razones electorales es politizarla.
En esa tónica nomás falta que la Administración pida ajustar la letra de Silbando al trabajar de "Blanca Nieves y los siete enanos" para entonar silbando al fracasar, tra-la, ra-la, la-la-lá..., y sonreír sin abrir la boca. Así, antes de toparnos con un Estado fallido encontraremos un Gobierno fallido. ¿A eso se juega?
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