¿Por qué en México se enredan los casos judiciales de manera tan espantosa? ¿Será la corrupción, la ignorancia, la ausencia de un marco legal eficiente?
Se entiende que esto suceda en los conflictos del pasado como la Noche de Tlatelolco de 1968, el crimen de Luis Donaldo Colosio en 1994 y la matanza de Aguas Blancas en 1995.
Eran tiempos del presidencialismo a ultranza bajo la tutela de un solo partido y cuando nada se movía en México sin la aprobación expresa del mandamás de Los Pinos.
En el año 2000 se dio un gran cambio político cuando un partido de Oposición obtuvo la Presidencia de la República luego de setenta años de dominio tricolor, calificado como la dictadura perfecta por el escritor Mario Vargas Llosa.
Pero el proceso de cambio ha sido muy lento en muchos sectores del país como el educativo, laboral, económico y particularmente el judicial.
Esta semana se cumplieron dos meses del incendio en la guardería ABC de Hermosillo que ocasionó la muerte de 49 niños además de innumerables daños económicos, sociales y políticos.
El incidente convulsionó por varias semanas al estado de Sonora y a buena parte de México, pero todavía es hora que no tenemos un dictamen claro sobre sus causas y menos que se haya aplicado el rigor de la ley a los responsables de tan penosa tragedia.
Al momento una sola persona está detenida, ella es Irma Crescencia Díaz Gómez, coordinadora zonal de guarderías del IMSS en Sonora. El resto de los inculpados está libre bajo fianza, huidos o protegido por un amparo.
Tal fue el caso de los propietarios de la guardería quienes comparecieron en días pasados ante la autoridad federal en Hermosillo sin que fueran detenidos por estar amparados.
Lo cierto es que a pesar de la magnitud de los hechos y de la terrible pérdida de la vida de 49 pequeños inocentes, meter a la cárcel a los presuntos responsables del siniestro no es nada fácil porque la ley les favorece al no haber existido dolo ni premeditación.
Pero las autoridades judiciales tampoco han encontrado alternativas a este enredo judicial, vaya, seguramente ni siquiera las han buscado a decir de la resolución de un magistrado de la Suprema Corte de Justicia.
El pasado martes el ministro Sergio Aguirre Anguiano determinó que la Suprema Corte de Justicia no puede atraer la investigación de la muerte de los 49 niños de acuerdo a la petición realizada por los padres de los fallecidos.
Sin la menor sensibilidad humana, el funcionario judicial dijo que las autoridades federales y locales han actuado de manera "diligente" en el esclarecimiento de los hechos.
Se le olvidó al señor Aguirre que los padres de familia recurrieron al máximo órgano de justicia mexicano por la sencilla razón de que no confían ni están satisfechos por la labor realizada en las instancias federales y estatales.
La respuesta fue recibida por los deudos como una artera puñalada y todos en Hermosillo se preguntan qué quiso decir con "diligente" cuando a sesenta días el caso está más enredado que nunca.
En otras latitudes los presuntos responsables como el Gobierno de Sonora, el IMSS y los dueños de la guardería ya hubieran sido merecedores de una cuantiosa multa para indemnizar a los familiares y para pagar los daños físicos y sociales ocasionados.
Además de que varios de los altos funcionarios de las instituciones involucradas habrían renunciado semanas atrás para facilitar el esclarecimiento de los hechos y por elemental respeto hacia las vidas de los 49 inocentes y sus afligidas familias.
A dos meses de la tragedia, el sistema judicial no fue capaz de poner un alto a tantos intereses políticos y económicos mezclados y no vemos que las cosas puedan cambiar luego de escuchar el dictamen del ministro Aguirre de la Suprema Corte de Justicia.
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