Representantes de una organización no gubernamental solicita el apoyo del gobernador para que ordene una revisión sobre un proceso penal que consideran amañado y que tiene a tres personas de escasos recursos en la cárcel de San Pedro, acusados de despojo de inmueble.
Manuel Urquizo García, representante de Derechos Humanos, y José Carlos Rodríguez Maza, de la Unión de Gestoría, Capacitación y Desarollo Humano, A.C., informan que desde el pasado 3 de marzo detuvieron a Raúl Salas Ramírez, Ricardo Noris Mendoza y Gerardo Santillán Rodríguez, por una orden de aprehensión girada por el Juzgado Penal de San Pedro.
"Lo raro es que los acusados nunca supieron que tenían un juicio en su contra para poder defenderse y además, ya detenidos, el Juzgado les violó un derecho constitucional, pues no quiso reconocerme como abogado, cuando los acusados me lo pidieron", explica Urquizo García.
SER POBRE; UN DELITO
"El fondo del problema radica en que ser pobre es un delito, pues las casas donde se posesionaron ya tenían mucho tiempo abandonadas, estaban sin terminar y un grupo de personas con necesidad de vivienda se posesionó de ellas en lo que se llama el fraccionamiento Humberto Moreira", explican los quejosos.
Señalan que han gestionado una audiencia con el gobernador del Estado, Humberto Moreira, para darle a conocer lo que consideran irregularidades en el proceso, pero no lo han logrado.
Uno de los detenidos, añaden, es una persona de la tercera edad que se dedica a lavar coches para mantenerse.
