La aparente incapacidad, o si lo prefiere impericia, de los abogados del Consejo Coordinador Empresarial podría, en la carambola, descorrer el telón a la función del milenio: el desnudo de los empresarios gigantes que le apostaron, chequera abierta, a la derrota de Andrés Manuel López Obrador
La jugada del organismo cúpula era llevar el asunto en última instancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para desde ahí plantear un doble alegato: se le condenó sin tener opción de defensa, y sin haber cometido, en el papel, delito alguno. Más aún, el IFE no tiene jurisdicción sobre su causa. El problema es que en el camino, más de tres años después del episodio que dividió al país, el octavo tribunal colegiado en materia administrativa ratificó una resolución judicial que desechaba, bajo el argumento de "notoriamente improcedente", una solicitud de amparo del organismo cúpula empresarial frente a una orden del IFE.
La exigencia apuntaba a transparentar la polla vía la cual el organismo encabezado entonces por José Luis Barraza, hoy presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico, financió una campaña en medios electrónicos para denostar las propuestas del candidato por la coalición de partidos de izquierda
Textualmente, el bombardeo de spots advertía a los electores del "peligro" de votar por un modelo distinto al seguido por los gobiernos anteriores.
La sanción, obligada por una resolución previa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, exigía abrir de lleno el expediente, es decir, cuánto facturaron las televisoras y las estaciones radiofónicas, y quiénes fueron los padrinos, en un escenario en que tradicionalmente el Consejo Coordinador Empresarial sobrevive gracias a las aportaciones extraordinarias del poderoso Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, en el que caben los 37 empresarios más prominentes del país.
La polla, o si prefiere usted la piñata, se promovió en un escenario en que según el común de encuestadoras el candidato de la alianza PRD, PT y Convergencia llevaba adelante una ventaja de 10 puntos sobre el panista Felipe Calderón.
De acuerdo a los datos disponibles, se convocó a un cónclave en el que participaron los presidentes de los principales consorcios de Monterrey, además de los integrantes del organismo señalado y media docena de empresarios más.
Según los asistentes a la reunión, más que favorecer la causa de algún candidato, dada la pobreza de las campañas del propio Calderón o del priísta Roberto Madrazo, la intención era frenar el caballo de López Obrador, en un escenario en que sólo la encuestadora Geo, propiedad entonces del hoy director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles González Garza, lo ubicaba en desventaja.
El caso es que planteada una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por el PRD, éste alargaría dos años su resolución, regresándole la bolita al Instituto Federal Electoral. Este tardó a su vez varios meses en agotar la "investigación".
Dictada la sentencia, en lo que a simple vista parecía un absurdo, el CCE planteó un amparo ante un tribunal administrativo, con la intención, decíamos, de llegar a la Suprema Corte para sembrar un alegato de inconstitucionalidad.
De ahí, pues, el que tras señalar el juez de la causa la improcedencia, se decidió agotar la misma vía, planteando la negativa del togado ante un tribunal colegiado
De espaldas al callejón, la única alternativa para el organismo empresarial será recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien no tendría mayor alternativa que reafirmar su sentencia, emitida, ¡válgame Dios!, hasta octubre del año pasado.
La guillotina, pues, podría caer de lleno en los próximos días, en una carambola de varias bandas: si el CCE utilizó recursos propios para cubrir los costos de la campaña, se le podría acusar de desviar hacia fines políticos ajenos a la causa las cuotas que le entregan los organismos integrados, es decir, la Concamin, la Concanaco, la Asociación de Bancos de México, el Consejo Nacional Agropecuario, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
¿Exención de impuestos? ¿Devoluciones millonarias? ¿Concesiones? ¿Venta de empresas públicas? La caldera, pues, va a hervir al máximo.
Planteada como la gran alternativa frente a las tibias medidas adoptadas por el gobierno para salir de la crisis, lo cierto es que el eje de la propuesta priísta para una Ley de Emergencia Económica apuntaría de lleno a dotar de recursos a las entidades federativas para evitar un eventual colapso financiero.
La posibilidad habla de abrir el cajón de las reservas para equilibrar el precio del petróleo, cuyo monto lo guarda la Secretaría de Hacienda bajo siete llaves, además de otorgar el aval del gobierno para tramitar préstamos.
Naturalmente, se extenderían a las entidades federativas los créditos que está ofreciendo el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, cuya garantía es 25% de futuras participaciones de ingresos federales. La gran pregunta es si gran parte de la descapitalización de los gobiernos estatales priístas no la explica el derroche de la fase previa a la elección intermedia
SOMBRAS NADA MÁS
Lanzadas las fanfarrias a los cuatro vientos al lanzamiento del sitio electrónico tuempresa.gob.mx, que en teoría coloca la posibilidad de simplificar en dos horas los trámites para abrir un negocio, lo cierto es que se trata sólo de una parte del capítulo.
Estamos hablando de registrar la razón social ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, y eventualmente darse de alta en la de Hacienda.
Faltarían, sin embargo, el resto de los trámites, es decir, la licencia sanitaria, el visto bueno de bomberos, los requisitos de protección civil
Alguna vez, por cierto, el ex presidente Ernesto Zedillo convocó de emergencia a una reunión del gabinete económico, furioso porque una de sus hermanas llevaba 72 días haciendo trámites para abrir una tienda de abarrotes.
CARAMBOLA DE DOS BANDAS
Rota la cadena que les daba sustento tras la nacionalización de sus plantas en Venezuela, la empresa Holcim está vendiendo su participación en productoras instaladas en Panamá, República Dominicana y Haití, además de sus terminales en el Caribe.
Las factorías productoras de clinker y cemento se habían adquirido en sociedad con el grupo colombiano Argos, el mayor de ese país, quien adquirió el porcentaje de Holcim.
Como usted sabe, la firma suiza opera en el país como Holcim Apasco.
