El enmarañado caso del servicio de limpieza del municipio de Torreón es el más vivo ejemplo de cómo cuando no hay capacidad operativa ni voluntad política en la administración pública, un proceso de rutina, como lo es una concesión, puede terminar en la peor de las confusiones.
El proceso de revisión de la concesión inició en agosto de 2007. En ese mes, la empresa Promotora Ambiental (Pasa) presentó su solicitud de ampliación del contrato por 15 años más. A principios de diciembre, la empresa entregó al alcalde José Ángel Pérez su propuesta integral para seguir ofreciendo el servicio, misma que sería sometida a revisión por la comisión creada ex profeso, la cual, según los tiempos estipulados en el contrato vigente, decidiría el 9 de febrero de 2008 si se continuaba con la misma concesionaria y bajo qué condiciones o, por el contrario, se lanzaba una nueva licitación.
En la propuesta destacaba, entre otros aspectos, la reducción entre 3.5 y 5 por ciento en la tarifa; la entrega de un porcentaje de utilidades al Ayuntamiento por basura reciclada; el aprovechamiento del gas metano de los desechos orgánicos para la generación de energía eléctrica; la renovación del parque vehicular, y la adquisición de nuevos equipos.
Las crecientes críticas vertidas por ediles y directores municipales contra el desempeño de Pasa, parecían no dejar lugar a dudas sobre cuál sería la decisión del Cabildo. No obstante, el proceso comenzó a enturbiarse.
Cuando llegó la fecha límite, en vez de emitir su dictamen, como estaba previsto, los ediles aplazaron la decisión dos meses más, so pretexto de que no habían tenido el tiempo suficiente para analizar la propuesta de la empresa.
Mientras tanto, a la Presidencia Municipal llegaban presupuestos de otras compañías y en los medios de comunicación las voces contrarias a la ampliación del contrato se escuchaban cada vez más fuerte.
De pronto, un par de días antes de que se sometiera a votación el tema en el Cabildo, apareció un estudio realizado por investigadores del Colegio de México, encargado por regidores del PAN, en el que se recomendaba al Ayuntamiento renovar el contrato a Pasa para "ahorrar dinero y evitar problemas políticos".
La decisión tomada por el Cabildo el 9 de abril de 2008 sorprendió no tanto por el viraje repentino mostrado por los ediles en su postura frente a la concesionaria, sino por la ambigüedad de lo aprobado. En suma, el Ayuntamiento determinó renovar la concesión a la empresa si ésta aceptaba modificar las condiciones del servicio, para lo cual ambas partes se sentarían a "negociar" durante un mes un nuevo contrato, tiempo en el cual la autoridad municipal podría continuar recibiendo propuestas de otras compañías.
El discurso de los integrantes del Cabildo era entonces evitar incurrir en los mismos errores cometidos cuando en 1994 se optó por privatizar el servicio de limpieza concediendo mayores beneficios a Pasa que al Ayuntamiento.
Transcurrido el mes, las autoridades locales presentaron sus condiciones a los dueños de la empresa para la renovación de la concesión. Se acordó dar 15 días a Promotora Ambiental para que analizara a fondo dichas condiciones y respondiera si aceptaba firmar un contrato bajo un nuevo esquema.
A grandes rasgos, el planteamiento del Municipio se basó en cuatro ejes: financiero, con tarifas más competitivas y la obtención de beneficios derivados del uso secundario de residuos; jurídico, con posibles revisiones del contrato y mayor control del Ayuntamiento; operativo, con un desempeño más eficiente y auditable, y, por último, ambiental, con la utilización de mejor tecnología para un menor impacto ecológico.
Pero los 15 días de plazo para la respuesta de Pasa se convirtieron en semanas y luego en meses. Posteriormente se dio a conocer que la negociación estaba trabada en el punto jurídico, específicamente en lo concerniente a la posibilidad de revisar el contrato a la mitad del tiempo de concesión, aspecto que no agradaba a la empresa.
Ante la presión de la opinión pública, ambas partes declararon que el plazo fijado para la respuesta de la concesionaria "no era perentorio". Luego utilizaron la excusa del proceso electoral de octubre de 2008 para enfriar el tema y se comprometieron a que pasadas las votaciones se iba a concretar el nuevo contrato, lo cual no ocurrió.
A fines de noviembre Pasa entregó su contra propuesta a las autoridades locales, las cuales aseguraron que "no había fecha" para dar una respuesta a la empresa y que la decisión final podría darse en los primeros meses de 2009, "sin precipitaciones".
Las condiciones sufrieron algunos ajustes y luego de declaraciones como "las negociaciones van muy avanzadas", por parte del secretario del Ayuntamiento, Gerardo Puentes, éste fijó un nuevo plazo a la empresa: si en abril no aceptaba firmar el contrato, se lanzaría una licitación. Pero en el colmo de la contradicción, cuando ese plazo se venció el mismo funcionario dijo que "no había prisa".
A principios de junio, el alcalde José Ángel Pérez reconoció que ya tenían el tiempo encima pero que no querían tomar una "decisión apresurada". Sorpresivamente, el Cabildo decidió el 2 de junio no renovar la concesión a Pasa. Pero, como era de esperarse, la empresa se amparó y hoy el proceso de licitación está detenido y nadie en el Ayuntamiento sabe cuándo se resolverá este enredado asunto.
Lo cierto es que el contrato vence el 4 de agosto próximo, el 18 de octubre son las elecciones para renovar alcaldías, y en la Presidencia Municipal ya dan por un hecho que será la próxima administración quien se encargue de dar solución al problema.
Dos años tuvieron las autoridades locales para analizar, negociar y decidir sobre la concesión de uno de los servicios públicos más importantes de la ciudad. Sin embargo, la incapacidad y la negligencia, que han sido características del actual Ayuntamiento, terminaron por complicarlo todo. Es el triste pero más fiel colofón de una administración que en muchos sentidos ha sido desafortunada.
Argonzalez@elsiglodetorreon
