En el insólito del nuevo milenio, ahora resulta que la mano que mece la cuna en la Comisión Federal de Telecomunicaciones es la Telefónica México. Ella fue, al menos, quien ordenó la compactación de áreas de servicio local para eliminar largas distancias
Más aún, la filial de la Telefónica de España no sólo planteó el qué, sino el cómo, al colocar en la mesa las localidades a las que se debía de integrar.
Rapidito, pues, y de buen modo.
La prueba del inaudito se ubica en un documento interno de la instancia reguladora fechado el 15 de agosto de 2006, en la que habla de atender diversas solicitudes de Pegaso Comunicaciones y Sistemas, para modificar la definición de diversas áreas de servicio local.
Hay que recordar que a la firma que encabezaba Alejandro Burillo Azcárraga la engulló la Telefónica México para reforzar su empresa de telefonía inalámbrica, que opera con la razón social Movistar.
El documento reconoce que la compactación de las áreas de servicio local concluyó en junio de 2003. Sin embargo, se siguieron recibiendo solicitudes para nuevas modificaciones, "a efecto de brindar certeza a usuarios, autoridades y en particular a diversas empresas concesionarias del servicio local y de larga distancia".
El caso es que sólo se menciona como solicitante a Pegaso, es decir la Telefónica México, al que se le adjudican 95 requisiciones.
Dicho con todas las letras, la Cofetel obedeció al interés comercial de una sola firma en el mercado.
El clímax llega cuando se pasan a consulta de las firmas en el mercado, tal cual, las 95 áreas que reclama la empresa que se modifiquen.
La Cofetel, pues, no realizó cernimiento alguno para comprobar la justeza del reclamo, es decir si había lógica en éste; si realmente se trataba de poblados vecinos, o si el tráfico de llamadas justificaba un nuevo escenario.
De hecho, en algunos casos la consolidación se plantea desde la perspectiva de cuatro y hasta cinco áreas de servicio local
De lo burdo de la maniobra hablan las monografías de cada municipio que se anexan en la solicitud, a las que se les extrajo de internet.
El documento está firmado por el presidente de la Cofetel, Héctor Osuna Jaime, además del pleno de comisionados, incluidos los dos que debieron salir por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir Gerardo González Abarca y Eduardo Ruíz Vega.
El caso es que la última compactación, que se inició en 1998 y culminó en el 2002, se realizó bajo el justificante de "interés público", es decir el beneficio de la mayoría de la población del país.
La nueva, pues, atendería el interés comercial de una empresa, en cuya exposición de motivos se argumenta que Teléfonos de México constituye un monopolio.
El problema es que en su prisa por atender a la solicitante la Cofetel descuidó el procedimiento, es decir solicitar la opinión de la Comisión de Mejora Regulatoria y de la Comisión Federal de Competencia, además de publicar el esquema en el Diario Oficial de la Federación.
La omisión, naturalmente, le abrió una rendija a Teléfonos de México para ampararse.
La suspensión está viva aún, pese a lo cual la instancia reguladora está reabriendo el procedimiento, tras agotarse a medias su primera parte.
De hecho, consciente del enredo en que se metió, la propia Cofetel ha modificado en cuatro ocasiones sus resoluciones en la materia, llegando incluso a admitir que está legalmente impedida para llevar a cabo el proceso.
Se diría, pues, que tantito es la obstinación de las firmas en defender sus parcelas, y tantito la forma torpe en que actúa la autoridad para intentar equilibrar
El juego del Tío Lolo.
Heredada por la administración que encabezaba Juan Molinar Horcasitas, el Instituto Mexicano del Seguro Social enfrenta la inconformidad de una docena de empresas por lo que se ubica como una licitación amañada para descalificarlas en la pelea por un contrato para proveer hemodiálisis.
Lo grave del asunto es que, pese a las pruebas planteadas por los inconformes, la Secretaría de la Función Pública ha rechazado una y otra vez la inconformidad, sin siquiera citar a los quejosos.
El caso es que éstos aseguran que la firma a la que se intenta favorecer no tiene la capacidad ni la tecnología para atender a los enfermos de insuficiencia renal.
MAL Y DE MALAS
Lo cierto es que pese a su espectacular lanzamiento, campaña al calce en la que intervino el gobierno federal, la firma española que opera el Tren Suburbano está trabajando con pérdidas por falta de aforo.
La tarifa de 15 pesos que se cobra no es accesible para el público a que está dirigido.
De hecho, sus mejores días son los fines de semana, cuando algunos capitalinos lo abordan más en plan de paseo que de necesidad.
La paradoja del caso es que según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la firma es la que ofrecía el costo más accesible al público.
MODELO SE REFUERZA
En afán de acotar las inconformidades de los socios tras aprobar la asamblea el que no hubiera reparto de dividendos correspondientes al año pasado, el Grupo Modelo integró un Comité de Finanzas en el que participan consultores independientes.
El presidente de éste será el vicepresidente de Televisa, Alfonso De Angoitia Noriega, participando además el ex secretario de Comercio, Jaime Serra Puche; Luis Fernando De la Calle, y Claus Werner Von Webeser.
Como presidente de la firma cervecera se ratificó a Antonino Fernández, y como vicepresidentes a María Asunción Aramburuzabala y Valentín Díez Morodo.
CUATES CON LA CFE
Finalmente la Comisión Federal de Electricidad llegó a un acuerdo con los pequeños productores de carbón de Coahuila, que permitió romper el cerco que impedía el abasto del producto a sus plantas generadoras.
La manzana de la discordia era la pretensión de la paraestatal de comprarles el producto a un precio inferior al que lo paga cuando viene del exterior.
Discriminación pura, pues.
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