Detrás de la furiosa embestida de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contra la línea aérea Aviacsa que la colocó de espaldas al callejón al sembrarse la sospecha de inseguridad en sus aviones, está la presión del gremio en pleno.
La manzana de la discordia es una inyección de capital a la firma con sede central en Monterrey, cuyo monto alcanzó 250 millones de pesos, equivalentes a algo menos de la mitad de su deuda con Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
La gritería habla de que los recursos debieron enterarse como abono del débito; que no se transparentó el origen de éstos; que son insuficientes para garantizar la solvencia de la compañía
Lo cierto es que en el río revuelto de la crisis en la industria agravada por la contingencia de la epidemia de influenza A H1N1, cuyas pérdidas alcanzan seis mil 406 millones de pesos, la compañía pareciera una piedra en el zapato.
Su desaparición del mapa permitiría, por ejemplo, que Volaris tuviera la opción de volar desde el aeropuerto capitalino; le restaría fuerza a la competencia de Interjet y Viva Airbus
Lo cierto es que al fragor de la andanada la dependencia cabeza de sector llegó a perder las formas, al soslayar, por ejemplo, un amparo que impedía suspender las operaciones de las línea aérea; al negar durante horas la existencia de una suspensión definitiva frente a otro; al "acusar" a la empresa ante la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos de no cumplir con estándares de seguridad.
Más aún, tras la suspensión de 25 de los aviones de una flota de 26, la SCT habló de un total de 280 irregularidades en sus naves, por más que no detalló ninguna de ellas, lo que dejó viva la sospecha de que se trata de fallas cosméticas.
La paradoja del caso es que fue tan evidente la consigna de destruir a Aviacsa, cuya razón social original con que obtuvo una concesión de 30 años es Aviaxsa, que la opinión pública la ubicó como víctima, pese a que el punto fino del asunto apuntaba a la seguridad de los pasajeros.
El hecho es que al fragor de la ofensiva la autoridad aeronáutica de los Estados Unidos suspendió temporalmente los vuelos de la línea aérea, aduciendo, letra por letra, que "existen indicios serios de graves anormalidades en el mantenimiento que otorga a sus aeronaves".
La suspensión llegó justo a un mes de que Volaris inicie operaciones en el país del norte, alimentada por la principal empresa local de aviación con quien firmó una alianza.
Por lo pronto, lanzado el resto de las partes en pugna hacia su objetivo, una de colocarle la puntilla a la línea aérea, y otra de patalear por su sobrevivencia, se pelea con todo.
De entrada, ayer en la "audiencia incidental" convocada por el juez quinto de Distrito de San Luis Potosí, Felipe Cifuentes, en el marco de la suspensión definitiva que le concedió la línea aérea contra la cancelación de sus vuelos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lanzó una andanada contra el togado, al que acusó de desconocer los términos de la Ley de Aviación Civil y sus reglamentos, que la facultan para proteger la integridad física de los usuarios y trabajadores del sector.
Del otro lado de la mesa, Aviacsa, argumentando una pérdida diaria de cuatro millones de pesos, presentó una demanda contra la Dirección General de Aeronáutica Civil en una Corte de los Estados Unidos, acusándola de provocar su suspensión por parte de la Administración Federal de Aviación con argumentos falaces, en el marco de un "severo hostigamiento".
Lo cierto es que en algunas rutas locales, sembrada la duda en el público, se ha volado con solo un pasajero.
En el maremágnum, el PRI presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para citar a comparecer al secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, sobre el asunto.
Las entretelas, naturalmente, hablaban de dilucidar si hay consigna contra la línea aérea, o la dependencia actúa en celoso cumplimiento de su deber.
La encrucijada es pavorosa: ¿Se abusa del poder para matar una empresa? ¿Aviacsa abusa del marco jurídico para burlar su certeza?
¿Se acuerda usted que durante décadas los libros de texto gratuitos remachaban una y otra vez el orgullo nacional de ser el principal productor de plata en el mundo?
Bien, pues el lugar, o si quiere el escalón, nos lo quitó ya Perú.
Y aunque este año la producción del preciado metal que durante décadas le dio brillo a las monedas se incrementará 25 por ciento, es decir llegaremos a 135 millones de onzas, frente a las 104 del 2008, está aún lejana la recuperación del trono.
Otro, pues, que se nos va.
¿FISCAL DE HIERRO?
A contrapelo de su nueva estructura que la coloca como implacable, hete aquí que la Secretaría de la Función Pública soslayó una denuncia administrativa presentada contra el Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos por no atender una denuncia de corrupción presentada por el particular José García Martínez.
La querella se planteó ante el propio titular de la dependencia, Salvador Vega Casillas.
La manzana de la discordia es un convenio celebrado entre Pemex Exploración y Refinación y la Cámara Nacional del Cemento para el coprocesamiento de los lodos de perforación.
La presunción hablaba de favoritismo para dejar fuera a empresas que no tuvieran membresía en el organismo patronal. El caso es que sin admitir mayores elementos del denunciante el expediente se cerró, con la novedad que el oficio correspondiente habla de haberse desahogado la diligencia respectiva.
OTRA DE LEVY
¿Se acuerda usted de la espesa polémica que planteó la aparición de un libro del ex subsecretario de Ingresos de Hacienda, Santiago Levy, en el que criticaba en forma demoledora la política social del país, bajo un título más que sugerente: "Buenas intenciones; malos resultados"?
Bien, pues está por sacar otro en el que coloca en el tapete de la discusión la política económica del país.
El título es también ilustrativo: "No hay crecimiento sin equidad".
La crítica, dicen, más brutal hasta hoy contra el neoliberalismo a ultranza.
El volumen se escribió en inglés. Como usted sabe, Levy mantiene una posición de primer nivel en el Banco Mundial, tras ser candidateado alguna vez para la Secretaría de Hacienda.
VIEJA HERIDA
Calificada en su momento como una victoria contundente del gobierno salinista contra un sindicato corrupto que obstaculizaba el trabajo de estiba en el puerto de Veracruz, lo que impedía la privatización de sus instalaciones, ahora resulta que el expediente está aún abierto.
La Unión de Estibadores y Jornaleros del Puerto de Veracruz está exigiendo la toma de nota que se le negó como sindicato
La petición se fundamenta en que de acuerdo a documentos que abrió el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, la requisa ordenada entonces no obligó a la disolución de la organización gremial, y de pasadita del Sindicato de Maniobristas, Carretillistas, Cargadores, Abridores y Conexos.
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