Desatada la rebatiña por el pastel presupuestal para el año próximo, la Cámara de Diputados está sacando a la luz las entrañas de un estudio en el que se reprueban el diseño, la estructura y la ejecución de los programas sociales del Gobierno Federal.
El escenario, bajo la responsabilidad de la empresa Gestión Social y Cooperación (Gesoc, AC) pinta prácticamente un barril sin fondo, dada la ausencia de resultados en el terreno práctico.
¿Se acuerda usted que al fragor de la polémica desatada por la andanada presidencial al señalar que las grandes empresas rara vez pagan sus impuestos, el presidente del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, acusó al gobierno de gastar mucho y mal?
De acuerdo con la evaluación realizada a solicitud de la propia Cámara Baja, de 104 programas sociales que maneja el gobierno federal, 38% obtuvieron una calificación reprobatoria, es decir, ni siquiera alcanzan los niveles mínimos de calidad en su diseño.
El promedio general es de 6.3%, lo que implica el clásico panzazo.
Lo más grave del caso es que los programas peor evaluados son aquellos que reclaman más recursos públicos. Ahí está, por ejemplo, el de Enciclomedia, ubicado como el proyecto estelar del gobierno foxista, que según ello revolucionaría la educación en México.
Su calificación es de un patético 1.6, en una escala del uno al 10. Y si le seguimos, el Seguro Popular, cuyo diseño se montó sobre la estructura del Instituto Mexicano del Seguro Social, apenas alcanza un triste 5.8. Más allá, el Procampo, ubicado como el antídoto frente a los subsidios que Estados Unidos les entrega a sus productores agrícolas, apenas llega a un patético 4.4.
En abundancia, la totalidad de los programas a cargo de la Secretaría de la Reforma Agraria, el DIF y el Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas en Solidaridad (Fonaes), obtuvieron calificaciones promedio de 3.8, 2.8 y 2.6 respectivamente.
En forma adicional, los programas federales de Asistencia Social, Agrarios y Urbanización y Vivienda "presentan una calidad de diseño muy deficiente", otorgándoles calificaciones de 4.8, 4.2 y 3.9, respectivamente.
Planteado el panorama hace dos semanas en este espacio, bajo el prisma del estudio completo surgen nuevos ángulos.
Por ejemplo, el que la calificación no está sujeta a mayores recursos o personal, sino "a la capacidad de los funcionarios para diseñar programas robustos, coherentes y orientados a resultados y a la ciudadanía".
Más aún, se habla de una burocracia inercial y no proactiva y comprometida con la entrega de bienes y servicios de calidad a la ciudadanía. Las entrelíneas hablan del fracaso del servicio civil de carrera, cuya instrumentación le cuesta anualmente al país 10 mil millones de pesos.
En paralelo, se habla de que aunque el gobierno intenta evaluar por su cuenta los programas, "la información se presenta en forma compleja, dispersa y desvinculada de otros aspectos clave a considerar", lo que vuelve nulo el ejercicio.
De manera adicional, se habla de la inexistencia de una relación clara entre mayor presupuesto y una mayor calidad en el diseño de los programas, con la novedad de que los elaborados más recientemente son los que plantean las mayores deficiencias.
Se diría, pues, que el PAN no sabe elaborar programas sociales.
De acuerdo con la mecánica utilizada se plantean dos parámetros para la evaluación: "Diseño y operación estratégica" y "Operación a resultados y a la ciudadanía".
En este último caso la calificación promedio fue de 4.9.
El dedo en la llaga lo había colocado hace unos meses el ex subsecretario de Egresos de Hacienda, Santiago Levy, en un libro cuyo título es más que explicativo: Buenas intenciones; malos resultados. De acuerdo con éste, el diseño de programas como el del Seguro Popular promueve la informalidad, en un escenario en el que muchas empresas pequeñas han dado de baja a sus trabajadores del escenario tradicional para incorporarlos al nuevo.
De acuerdo con ello, el esquema debió ser al revés, es decir, ofrecer la posibilidad de incorporación a la formalidad a cambio de la inscripción al IMSS, el SAR y el Infonavit, bajo programas especiales.
De 2006 a junio de 2009 se han integrado al Seguro Popular 16.6 millones de personas, en un marco en que su presupuesto se ha multiplicado. Si hace tres años se le destinaron 16 mil 100 millones de pesos, mil más de los aprobados originalmente, este año el gasto será de 45 mil 573 millones.
El documento necesariamente gravitará en el jaloneo por las partidas del año próximo, no para reducirlas, sino para hacerlas efectivas.
Así de fácil.
Detrás de la tradicional pasarela de gobernadores hacia la Cámara de Diputados en reclamo de mayores participaciones federales hay un dato inaudito: 90% de los ingresos que reciben en promedio las entidades federativas provienen de la Federación, vía los ramos 28 y 33 que corresponden a participaciones y fondos para infraestructura social, salud, y educación; 40% del presupuesto federal se destina a sus arcas. No hay, pues, esfuerzo alguno de recaudación local vía impuestos de nómina, predial o derechos.
Lo dramático del caso, además, es que el escenario jurídico permite soslayar la obligada rendición de cuentas.Se dio el caso, por ejemplo, que durante el cacicazgo de José Murat en Oaxaca éste promoviera ante el Congreso local una ley que impedía dar informes a la Federación.
Lo caido, caido, pues.
NO HUBO ERROR
En intento de justificar la andanada presidencial que propició la ruptura temporal de la luna de miel entre la cúpula empresarial y el presidente Felipe Calderón Hinojosa, el Consejo Coordinador Empresarial señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público metió la cizaña al ofrecerle al Ejecutivo datos tendenciosos.
Agustín Carstens, pues, anduvo de intrigoso.
Lo cierto es que el dato completo ofrecido por la dependencia hablaba de que los grandes corporativos pagan 1.7% de sus ingresos, en tanto en Estados Unidos la tributación es de más del doble, es decir 3.8%.
Se compararon, pues, peras con peras... por más que los gravámenes se pagan sobre las utilidades obtenidas, no sobre los ingresos.
BANORTE, SIN ETIQUETA
Será hasta el mes próximo cuando se haga efectiva la participación de la Corporación Financiera Internacional en Banorte, lo que le quitaría la etiqueta del único banco gigante de capital ciento por ciento mexicano.
La CFI le inyectará 150 millones de dólares a la intermediaria, con lo que tendrá derecho a un porcentaje accionario de 4.99 %.
La operación se cruzará en el piso de remates vía la emisión de acciones de la serie "O" por parte de la institución encabezada por Roberto González Barrera.
Por vacaciones de su autor, esta columna volverá a publicarse el próximo lunes 16 de noviembre.
