Supuestamente superada la contingencia sanitaria, la clase política pide regresar inmediatamente a "la normalidad". Lavándose las manos, desde luego. ¿Pero, en verdad, es eso lo correcto? ¿Qué no allá estamos y, en buena medida, por eso enfermamos? A esa "normalidad" se quiere volver, cuando en realidad hay que acabar con ella.
¿El esfuerzo realizado, pero sobre todo, el impulso social generado se van a desperdiciar, argumentando que el peligro ya pasó y que, por lo mismo, no queda más que seguir siendo como "normalmente" somos?
La crisis sanitaria puso en evidencia limitaciones y carencias inadmisibles en los sistemas de salud, higiene, educación, protección civil y social frente a las cuales la autoridad no puede ponerse el cubrebocas sobre los ojos. El solo hecho de no haber tenido un laboratorio -sí, un laboratorio- para conocer el virus que acongojó, enfermó y cobró vidas debería mover conciencias... pero, sobre todo, debe reorientar el gasto reconociendo prioridades. Ya, ahora, inmediatamente.
No, no hay por qué regresar a esa "normalidad". Es hora de ver dónde se despilfarra, dónde se evaden impuestos para recuperar recursos y aplicarlos, cuanto antes, ahí donde la inversión genera salud y bienestar. No se puede haber hecho todo lo que se hizo... para nada.
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Se le llena la boca a la autoridad diciendo con orgullo que el pueblo se ha forjado en la adversidad y que, por ello, como tantas otras veces, vamos a salir de ésta. ¡Qué bueno! ¡Echemos porras con cubrebocas y hagamos la ola con guantes! El detalle está en que siempre se remonta la misma adversidad y siempre se regresa a "la normalidad" que, cíclicamente, nos depara un próximo desastre.
No hay la garra, el coraje ni la decisión en la clase política para, con base en la sociedad, superar de la adversidad a partir de la construcción de otro destino. No, pasado el desastre en turno, pide regresar a esa "normalidad" sellada por la desmemoria, el cinismo y el olvido.
Año con año se repiten el deslave en la carretera mal trazada y construida; la "crecida" del río que arrastra las casas de nuevo construidas en la ribera; los ciclones y los incendios que arrasan tierras y litorales... año con año la autoridad muestra cuán acongojada está con lo ocurrido, descargando despensas, entregando cobijas o cogiendo la pala para presentarse, sin querer, como uno más, uno de tantos, pero no como el líder que, supuestamente, representa.
Ya basta. No se puede regresar a "la normalidad" pretendiendo usar el cubrebocas como tapabocas.
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La diferencia de esta emergencia con las otras es clara.
Sí, un virus desconocido se cebó sobre los mexicanos, pero el programa que, justamente, con motivo del temor al virus aviar se venía desarrollando se abandonó porque la ideología de la Administración panista no es muy compatible con la ciencia. Sí, hubo un virus desconocido, pero para ningún mexicano es desconocido el sistema hospitalario público y privado del país, donde hay que hacer filas interminables sin, por ello, asegurar el servicio o, bien, someterse voluntariamente a un asalto previo depósito de entrada.
Sí, hubo una variable incontrolable, pero hubo otras, controlables, que no se supieron gobernar. Hoy mismo no está claro si las restricciones fueron excesivas y se impusieron por miedo, y si esas mismas restricciones se retiraron por lo mismo. También quedó expuesta la talla de un Gabinete incapaz de constituir un Gobierno.
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Ante todo eso no queda más que reorientar el gasto público, detectando dónde se desperdician los recursos.
Voluntaria, temerosa u obligada, la sociedad puso de su parte e hizo sacrificios. Igual ocurrió con algunos comerciantes y empresarios, pero no se vio ese sacrificio ni aportación por parte de los partidos ni de los Poderes de la Unión. De ahí que es preciso reducir el gasto donde no constituye una inversión y entender algo tan simple como que "primero es el ser, y luego el modo del ser".
Hoy, si en verdad se quiere ir a una normalidad, sin comillas, es menester reconocer que la democracia mexicana no vale lo que cuesta. Que los 12 mil millones de pesos que gastan el Instituto Federal Electoral y los partidos políticos es un agravio cuando el dinero no alcanza para el tamiflu.
En vez de presumir que México salvó a la humanidad, el presidente de la República debería convocar a los partidos políticos a reducir en 25 por ciento sus prerrogativas.
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A su vez, el Poder Legislativo debería convocar ya a un periodo extraordinario para cumplir la promesa -una y otra vez postergada- de reducir el número de integrantes del Congreso de la Unión. Si no lo hace esta Legislatura, ese acto de racionalidad se irá, en el mejor de los casos, hasta 2015.
Un Congreso con 500 diputados y 128 senadores es un agravio a la sociedad. Sobre todo, cuando está claro que la política parlamentaria y legislativa la deciden no más de 120 diputados y no más de 40 senadores. Es un despilfarro que se multiplica por el respectivo "staff" que cada legislador, cuente o no cuente, aunque levante la mano, presume requerir.
El presupuesto del Poder Legislativo este año es de 8 mil millones de pesos y, en ese órgano, ni siquiera hay transparencia en el uso de esos dineros públicos.
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Otro ámbito donde hay que detectar si no es que al país lo afecta una epidemia de elefantes blancos, es en la infinidad de institutos, consejos y comisiones que se integran con un número excesivo de consejeros, comisionados, visitadores y vocales que a su vez, igual que los legisladores, se rodean de pesados equipos de trabajo sólo para burocratizar su función.
Tal es la desconfianza en y entre la élite política que a cada nuevo órgano se le monta un colegio de especialistas que, al final, sólo encarecen cuando no tuercen los supuestos derechos que garantizan. La vigilancia de los derechos humanos y electorales, los relacionados con las telecomunicaciones, las garantías bancarias es elevadísima y, absurdamente, a veces se ponen del lado no del elector, no del consumidor, no del usuario, sino precisamente de la entidad, la empresa o banco que deberían vigilar.
Otra normalidad y otra racionalidad debería prevalecer ahí.
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Contrastar y racionalizar el gasto corriente y el gasto de inversión de los poderes y de esa colección de instituciones permitiría incrementar la inversión social para evitar algunos desastres naturales y antinaturales.
Permitiría eso y, a la vez, reconstituir la legalidad y la legitimidad de la autoridad para, entonces, meter en cintura a concesionarios y empresarios que hacen de las prácticas monopólicas el grillete para capturar, doblegar o corromper a los gobiernos que, en vez de ordenar por el mandato que supuestamente tienen, terminan pidiendo favores y agradeciendo lo que esos monopolios no les dan.
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No se puede hablar del catarrito que se convirtió en neumonía atípica, agravada por un virus desconocido, a partir de la idea de ya vamos de regreso a "la normalidad" para seguir siendo como somos. A esa "normalidad" no hay que regresar.
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