De aprobar el pleno del Senado esta mañana una adición al Artículo 17 de la Constitución, los consumidores del país tendrán al fin una opción para plantear demandas colectivas frente a un agravio común de alguna empresa pública o privada.
La alternativa existe desde hace años en Estados Unidos, la mayoría de los países europeos y aun en los latinoamericanos como Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Perú, Costa Rica y El Salvador, bajo una figura que permite subirse a un reclamo a todos los afectados como si fuera un camión que va realizando paradas.
El llamado Action Class opera lo mismo contra empresas que emplean publicidad engañosa; contra fármacos que producen efectos secundarios no alertados, o contra el propio Gobierno por la mala calidad de los servicios públicos.
Textualmente, el párrafo que se agregaría a la Carta Magna señala: "El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas.
Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño.
Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos".
El dictamen, elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, fue aprobado por mayoría el jueves pasado.
Lo interesante del asunto es que la posibilidad le enmienda la plana al propio Senado y, en otro orden, a la Asamblea Legislativa capitalina, que desecharon el esquema aparentemente a presión de las empresas que podrían ser afectadas.
Aprobada por la Cámara de Diputados, la reforma congelada por el Senado planteaba entonces modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor, para facultar a la Procuraduría del ramo a liderar los reclamos colectivos.
Los argumentos que permitieron abrir la puerta del frigorífico hablaban de que la instancia ya tenía facultades similares, y que la posibilidad abriría un campo fértil para abogados sin escrúpulos.
Digamos que a la vera del río revuelto éstos aprovecharían la presión para chantajear a las empresas o entidades públicas en el banquillo, para engordar o adelgazar una posible sanción.
Según ello, pues, México se subiría a la ruta de los países anglosajones, donde los agravios se canjean por dólares.
Tanto por encontrar una tuerca en un envase de bebida; tanto porque la lata de alimentos venía inflada; tanto porque la crema quema el cutis...
Lo cierto, desde este último ángulo, es que en ninguno de los países que han adoptado el esquema hasta hoy se han presentado contrademandas por abusos de los consumidores.
En contraste, los gobiernos saben que tienen la guillotina frente a ellos en caso de un mal servicio, un cobro desproporcionado o una acción abusiva.
Calcule usted el tamaño del jaque contra la Comisión Federal de Electricidad por cobros desproporcionados; contra Pemex por la pésima calidad del gas natural, o a las empresas de televisión de cable por suspender algunos de los canales contratados o meter en otro paquete los partidos de un mundial de futbol.
Desde otro ángulo, si bien el Artículo 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor le permite a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor promover ante los tribunales competentes acciones de grupo, no se establece un procedimiento ágil para que los tribunales estén en posibilidades de oír, probar y resolver los casos presentados por la instancia.
Digamos que el escenario no previó empatarse con los procedimientos procesales.
De hecho, desde la última reforma a la Ley, en 1992, se han promovido sólo dos procedimientos: uno contra la línea aérea de bajo costo Air Madrid y otro contra Líneas Aéreas Azteca.
La primera, lo recordará usted, emprendió la graciosa huida del país al no empatar el negocio con sus pretensiones, y la segunda fue suspendida en sus operaciones por la Secretaría del ramo.
En ambos casos cayó el telón cuando las empresas mantenían viva la escena, es decir, el respetable público se quedó con su boleto pagado cuando se disponía apenas a entrar al teatro.
Y quién va a pelear en lo individual para obtener un reembolso en un escenario en que sale más caro el caldo que las albóndigas, por más que la línea aérea ibérica dejó colgados a la mitad boletos de viaje redondo México-Madrid-México.
El nuevo sendero, pues, pareciera más transitable.
Demandas colectivas, el principio de la reivindicación de los derechos de los consumidores... 30 años después.
Pues ahora resulta que no fue Telcel sino Avantel la firma que ganó recientemente un litigio que según ello obligaba a la segunda a pagarle una suma exorbitante a la filial de Teléfonos de México por concepto de interconexión.
Ahora que la verdadera perdedora del pleito fue la Comisión Federal de Telecomunicaciones, dado que el juez de la causa señaló que se había extralimitado en sus funciones al plantear escenarios que no le fueron solicitados.
El enredo se explica primero porque la demanda la había presentado Axtel, la matriz de Avantel; segundo, porque el juez no analizó el tema de las tarifas, y tercero porque el dardo apuntaba justo a la Cofetel.
El eje de la querella era que las tarifas implantadas para interconexión, es decir integrar las llamadas a la red de Telmex, no correspondía a la realidad.
Por lo pronto Axtel había ganado un primer pleito en que se obliga a Telcel a devolverle mil 464 millones de pesos.
CUENTA REGRESIVA
Este martes, finalmente, Comisiones Unidas del Senado reanudarán la discusión sobre la propuesta planteada por el Partido Acción Nacional para abrir al ciento por ciento la posibilidad de participación de capital extranjero en telefonía fija.
El eje del debate se centra en la exigencia del Partido de la Revolución Democrática y un parte del PRI de exigir reciprocidad, es decir que las naciones cuyas empresas lleguen a la pelea hagan lo propio con las nuestras.
Dando y dando, pajarito volando.
Por lo pronto, existen versiones de que la Telefónica México, filial de la española, podría dar un golpe espectacular con el concurso de Axtel y Maxcom, para jugar a las vencidas con Teléfonos de México.
La primera adquirió recientemente Avantel, y está en tratos para hacer lo propio con Alestra.
SIEMPRE NO
Aduciendo opacidad de la directiva del equipo sobre los compromisos adquiridos para la próxima temporada, el trío de inversionistas encabezado por el presidente del grupo Mega, Guillermo Romo Romero, en el que participaban el cantante Alejandro Fernández y el futbolista Rafael Márquez Álvarez, se desistió de presentar una oferta por el equipo de futbol Atlas.
La operación la intermediaba el banco Ixe.
La alternativa planteaba integrar como socio al Chicago Fire y lograr una alianza con el equipo español Barcelona para capacitar a las fuerzas básicas. De hecho, Márquez, jugaría sus últimos años en el equipo rojinegro.
Lástima.
