La muerte por el fuego y por asfixia de 44 niños en el incendio de una guardería en Hermosillo, Sonora, cimbró a México y a buena parte del extranjero.
En esta terrible tragedia se sobrepasaron los límites de la comunidad mexicana. Se pueden aceptar y entender los crímenes violentos por el narcotráfico y las muertes en un accidente aéreo, pero el fallecimiento de tantos inocentes en un siniestro que pudo evitarse o al menos controlarse, resulta por demás doloroso e indignante.
Una guardería sobrepoblada que albergaba a casi 150 menores, sin salidas de emergencia adecuadas ni un sistema efectivo contra incendios y apenas atendida por seis personas, es decir había un encargado por más de veinte niños.
El inmueble fue antes una maquiladora y fue adaptado para albergar bebés y niños sin los requerimientos necesarios, pero obviamente con la aprobación de las autoridades del Seguro Social, las estatales y las municipales.
Dos de los cinco dueños eran hasta el martes funcionarios estatales. La operación la iniciaron en 2001, pero crecieron en años recientes. Su renuncia empujada por el gobernador Eduardo Bours es lo menos que podía esperarse.
Las condiciones de esta guardería improvisada eran por demás deplorables. Muchos de los niños murieron asfixiados por el humo de un material llamado poliuretano que equivocadamente se utiliza para aislar paredes y techos por el terrible calor de Sonora.
Es extremadamente inflamable y ya en años anteriores fue prohibido en antros, hoteles y en edificios públicos, pero extrañamente nadie lo objetó en esta guardería.
La combinación de negligencia, irresponsabilidad y corrupción fue el origen de esta tragedia. Los accidentes ocurren y en ocasiones son difíciles de prevenir, pero no en este caso cuando tantos niños fueron puestos a merced del humo y del fuego.
El siniestro pasa a la historia de Sonora como la peor tragedia de las últimas décadas y ocurre en medio del fragor de una campaña política y cuando las fuerzas del poder están más preocupadas en ganar la elección que en brindar seguridad a los sonorenses.
Así tenemos al gobernador Eduardo Bours empeñado en imponer a su sucesor para entrar más relajado a la carrera presidencial, en tanto el alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara, apenas reasumió su cargo luego de buscar la candidatura del PRI a gobernador.
¿Quién entonces ha estado a cargo de la seguridad de los niños y bebés de ésta y otras guarderías? Obviamente no fue el director del IMSS, Alfredo Karam, como tampoco su delegado en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga, quienes de haberlo hecho habrían clausurado este inmueble algunos meses atrás.
En un estado como Sonora con recursos y más en su capital Hermosillo, resultó insultante la respuesta tardía de los cuerpos de rescate que no enfrentaron con éxito el siniestro.
¿De qué sirve, pues, que el presidente Calderón y el gobernador Bours gasten tiempo y recursos para visitar hospitales y consolar familias cuando su verdadero trabajo, para el cual les pagan los mexicanos, era evitar esta penosísima tragedia?
Los funcionarios y particulares con responsabilidad directa o indirecta en la muerte de estos 44 niños tienen una enorme deuda con sus familiares y con la sociedad sonorense, varios de ellos por dignidad y respeto deberían renunciar a sus cargos y todos enfrentar en su momento la acción de la justicia. Asimismo están obligados a reconocer sus culpas y a pedir perdón a las familias afectadas en esta desgracia social.
A su vez los gobiernos de México y de Sonora tienen el compromiso de aplicar todo el rigor de la ley a quienes resulten responsables de los daños humanos y materiales arrojados por el siniestro.
Y esperemos que la muerte de los 44 pequeños origine cambios profundos en los controles de seguridad de las guarderías de México, además de escuelas y centros educativos. Ya es hora que los funcionarios trabajen y dejen a un lado la politiquería.
