La defensa de los derechos humanos no forma parte de las prioridades de la administración calderonista y, sin embargo, esa tarea cobra importancia en estos días dada la violencia derivada del combate al narcotráfico y dada la creciente tensión social que, de pronto, amenaza con desbordamientos.
Desde esa perspectiva, el nombramiento del nuevo ombudsman resulta capital. Ahí, el Senado de la República -responsable de la designación- tiene una oportunidad de oro para mandar una buena señal para recomponer su relación con la ciudadanía, fortalecer el Estado de Derecho y colocar en esa posición clave a una personalidad con los méritos necesarios para ello.
Importante por la coyuntura el reemplazo del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo es también por dos razones: el lamentable estado en que José Luis Soberanes entrega ese órgano después de encabezarlo durante una década y la diferencia que el Legislativo puede marcar frente al Ejecutivo en el rubro de nombramientos en extremo relevantes.
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Si por sí misma la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exige un hombre o mujer de Estado, la coyuntura obliga a cuidar con esmero que quien llegue a encabezarla tenga esa condición.
Esa coyuntura está marcada por el deterioro y la consecuente debilidad de esa Comisión y por la espiral de violencia que, desde hace años, amenaza al país.
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En cuanto a lo primero, la gestión de José Luis Soberanes lastimó en su corazón a la Comisión.
El jurista le restó credibilidad, autonomía e independencia. Más de una vez, el titular y sus colaboradores parecían justificadores de los abusos de los funcionarios y no defensores de los derechos humanos. Invirtieron sin más la función, en algunos casos -ahí están los campesinos de Guerrero- nomás faltó que hicieran recomendaciones a las víctimas de los abusos y no a los autores de ellos.
De la autonomía presupuestaria hicieron una fortuna a despilfarrar y de la independencia una práctica condicionada al Gobierno. El prestigio y la credibilidad que ese órgano ganó a partir de su fundación se convirtieron en un recuerdo que su titular, frecuentemente, pretendió litigar con desplegados o cartas contra quienes cuestionaban su gestión.
Hoy, quien tome las riendas de la Comisión deberá empezar por recuperar el espacio que la institución perdió.
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En cuanto a lo segundo, el país vive en estos días la amenaza constante de la violencia criminal y social y, por consecuencia, exige mantener en alto el valor de los derechos humanos.
Sin mucho pensarlo, la administración calderonista le impuso al Ejército una tarea para la cual no está destinada la institución castrense y, lo peor, no ha acompañado ni respaldado la actuación de las Fuerzas Armadas con las acciones de Gobierno necesarias para, en verdad, recuperar el espacio social conquistado por el crimen.
Toda situación de guerra coloca en apuros la vigencia de los derechos humanos, el combate al crimen por naturaleza supone ese peligro. Y lo supone más cuando la acción militar no es respaldada por el empleo, la educación y la seguridad social que garantizan no perder de nuevo el espacio recuperado. Esa situación reduce el combate al crimen a una acción militar y esa acción implica un peligro para los derechos humanos.
El próximo ombudsman deberá encarar esa situación y, apenas se le nombre, procurar la defensa de la ciudadanía y no la justificación de la autoridad.
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Toda situación de crisis económica significada en la pérdida de empleos e ingresos y marcada por la desesperanza y el ensanchamiento de la pobreza tensa la situación social.
Cuando en vez de gobernar la crisis, la crisis gobierna, esa tensión frecuentemente se traduce en estallidos y, entonces, la violencia toca a la puerta. Lamentablemente muchos factores económicos, sociales, políticos y hasta sanitarios convergen en la dirección del agravamiento de la crisis que la administración calderonista no logra gobernar. El porvenir está marcado por la incertidumbre, hay más futurismo que futuro en estos días.
El próximo ombudsman deberá reconocer también esta situación y estar dispuesto, en el marco de su función, a desactivar con pinzas de sensibilidad ese peligro.
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La polarización y la paralización políticas, el estancamiento y el decrecimiento económicos, la tensión social, la impunidad en el abuso del poder y, desde luego, la actividad criminal atentan contra la convivencia civil y pacífica.
En estos últimos años, más de una vez se ha estado al borde de la fractura o del colapso y, entonces, la necesidad de defensores de ese valor superior que son los derechos humanos es fundamental. La designación del próximo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no puede ser producto, al menos esta vez, de negociaciones fincadas en cuotas de poder o canje de nombramientos, a las que tan proclives son los Poderes de la Unión y, desde luego, los partidos políticos.
Ignorar la dimensión de la tarea de la Comisión y la talla del hombre que debe presidirla para privilegiar los intereses partidistas o políticos sería un error, un atentado contra la posibilidad de fortalecer el Estado de Derecho en uno de sus capítulos fundamentales y vendría en abono de la denigración política que, desde tiempo, vulnera la esperanza democrática. Si los senadores no suben la vista y meten el nombramiento del ombudsman en el costal de las designaciones en juego, estarán faltando a la República y dejarán sentir que lejos de diferenciarse del Ejecutivo forman parte de ese juego donde la ciudadanía es el peón.
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Afortunadamente el elenco de aspirantes a ocupar la presidencia de la CNDH es bastante variado.
Entre esas personalidades, hay quienes provocan risa nomás de imaginarlos como defensores de los derechos humanos -Mariano Azuela a la cabeza-, y hay quienes habiendo tenido oportunidad de hacerlo, ahora dicen que sí se van a empeñar, pero hay también quienes infunden respeto y esperanza en razón del compromiso que, en esa tarea, han cumplido con o sin cargo oficial de por medio.
Los senadores tienen una buena mano en esa baraja, no pueden hacer valer el argumento utilizado para ratificar al procurador Arturo Chávez. Esta vez pueden hacer algo más que escoger al menos peor.
Los senadores tienen la palabra... y el voto, ojalá no pierdan la oportunidad.
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