El incendio en la guardería de Hermosillo que, de acuerdo a las cifras del sábado al mediodía, mató a 35 niños y lesionó a otros 41 infantes y 6 adultos, jamás debió ocurrir, pues si hubiera servidores públicos responsables ésta simplemente no podría haber abierto sus puertas. Lo criminal realmente es haber permitido que la guardería funcionara en ese local y en esas condiciones.
De acuerdo a la información difundida en los medios de comunicación la guardería operaba en una bodega, que hasta hace tres años albergaba una maquiladora, y que tenía como vecinos otras bodegas, una llantera y una gasolinera. Allí la primera señal de alerta: la ubicación era de por sí peligrosa, propicia a accidentes de todo tipo.
Segundo, el local no contaba con ninguna salida de emergencia y con ventilación inadecuada. Segunda señal: todas las tragedias similares muestran esta carencia, es básico en cualquier lugar público tener suficientes y diversas vías de evacuación, pues es la única forma de controlar las consecuencias de un siniestro.
Tercero, atendía a 176 niños menores de cinco años, incluyendo niños de meses, y al momento del accidente, de acuerdo al vocero de la procuraduría estatal, había seis personas que cuidaban entre 50 y 70 niños. Tercera señal: incluso sí únicamente hubiese 50 niños, la relación de niños/mayores es de casi nueve niños por adulto, alto si se considera que hay niños de meses, pero si fuesen los 70, que señala como máximo la autoridad, la relación se eleva a casi 12 niños. Y, con la información disponible, no es posible saber si estas seis personas atendían a los 176 niños o había más, pero en dicho caso serían casi 30 niños por adulto.
Las condiciones en las que operaba casi eran una garantía de que la tragedia ocurriría, todo era cuestión de tiempo y dimensiones. Ubicada en un lugar peligroso, propenso a todo tipo de accidentes; ausencia total de alternativas de evacuación, en caso de un siniestro; y con una relación de niños-adultos, que hacía imposible que los responsables del lugar lograran poner a salvo a los menores.
Eso fue exactamente lo que ocurrió: de acuerdo al dueño de la llantera vecina, Víctor Hugo Ayala Núñez, según El Universal, el siniestro lo provocó la explosión de un vehículo en una bodega aledaña a la guardería; ante la ausencia de salidas de emergencia, los vecinos y los padres de familia, tuvieron que derrumbar los muros a mazazos o con sus vehículos; y fueron los vecinos del lugar, los que tuvieron que acudir en auxilio de los menores y afortunadamente el siniestro se produjo a una hora en la que los niños en su mayoría habían sido recogidos por sus padres o madres, pues de lo contrario hoy las consecuencias serían todavía mayores.
Esto no fue un accidente, fue casi un asesinato masivo, pues estaban todos los ingredientes para que sucediera. Y para que la guardería funcionara en estas circunstancias tuvieron que concurrir, al menos, la irresponsabilidad (para no entrar en especulaciones de corrupción y demás vicios muy mexicanos) de los funcionarios del IMSS y del Municipio de Hermosillo.
Los primeros, por que la guardería ABC (nombre de la institución) era subrogada por el IMSS, es decir, dicha institución pública le pagaba a la privada para que prestara el servicio a sus derechohabientes. Pero el IMSS debe tener reglas claras para verificar las condiciones de operación de los establecimientos a los que les subrogan los servicios y debieran (al menos hipotéticamente) cubrir, al menos, los mínimos de seguridad, ya no hablemos de la calidad en el servicio.
Y los segundos, los funcionarios del municipio de Hermosillo, porque seguramente varias dependencias de esta instancia, tuvieron que autorizar el funcionamiento de la misma en esta ubicación y bajo esas condiciones. Probablemente había otras autoridades de algunas otras instancias, incluso estatales, que tuvieron que dar su anuencia para la operación de la guardería; pero éstas dos sí son seguras.
Todas las autoridades que participaron en las autorizaciones y supervisiones necesarias para que la guardería iniciara y mantuviera sus operaciones en este lugar (pues sin conocer la fecha exacta es evidente que es de muy reciente creación, al menos en ese sitio, ya que hace tres años operaba allí una maquiladora) son corresponsables de este homicidio (pues esto no fue un accidente, porque la guardería nunca debió operar en esas condiciones) y, por lo mismo, deben sufrir las consecuencias del mismo.
Las investigaciones de la tragedia no deben ni pueden limitarse a la causas del siniestro y demás aspectos relacionados con el evento mismo; deben extenderse a la operación misma de la guardería, lo que incluye revisar si cumplía con las condiciones mínimas que en cuanto a ubicación, condiciones del local y demás aspectos físicos, así como, las que tienen que ver con la función misma que desempeñaba y, en consecuencia, examinar la actuación de todas las autoridades involucradas en ello.
Una tragedia de estas dimensiones y evitable debe motivar sanciones ejemplares para los funcionarios públicos responsables de la misma, cualquiera que haya sido la causa de su deficiente actuación (pues esto no está en duda, al menos por la información que se conoce hasta hoy). No se trata de iniciar una cacería de brujas y buscar chivos expiatorios, pero sí de dejar claro que el servicio público implica una gran responsabilidad e incumplirla tiene consecuencias directas y personales, además de las institucionales.
