La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es válido imponer una pena agravada de uno a tres años de prisión por agredir a servidores públicos o a autoridades en ejercicio de sus funciones.
La Corte puntualizó que las autoridades y los servidores públicos son susceptibles de ser intimidados mediante diversas conductas delictivas para evitar el ejercicio de sus atribuciones, por lo que las lesiones contra ellos merecen una sanción adicional.
