MÉXICO, DF.- La ineficiente aplicación del gasto público en programas sociales incide en una menor competitividad laboral y en consecuencia ocasiona una mayor actividad económica informal, planteó Santiago Levy, vicepresidente de Sectores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Durante su participación en el foro "Desafíos de la Competitividad en México 2009", organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el ex funcionario señaló que el Gobierno, en su legítima preocupación por procurar el bienestar de la sociedad, distorsiona las actividades productivas.
Hay un dilema, dijo, cuando los trabajadores asalariados no tienen derecho a la seguridad social y surgen programas sociales en paralelo.
"(El Gobierno Federal) tiene que hacer un conjunto de programas paralelos para lograr sus objetivos, pero estos programas son los que están distorsionando y creando el crecimiento de la informalidad", apuntó.
Ante académicos e investigadores en el marco del 35 aniversario del CIDE, señaló que el país cuenta con un círculo vicioso en materia de productividad pues los empleos que se generan son deficientes, así como las empresas, por lo que están condenadas a cerrar o despedir empleados.
En este sentido, agregó que no se necesita una reforma laboral que termine con esta situación, sino una solución integral de reformas sociales que permitan revisar temas como el retiro, pensiones y de salud, entre otros.
"Lo que ha ocurrido es que se ha legislado de forma parcial, y a veces hay contradicciones en lo que se busca con las leyes", enfatizó. En términos de desarrollo económico falta mucho por hacer, dijo.
