Estimado por la Secretaría de Hacienda en 20 mil millones de pesos el monto de la indemnización a los trabajadores de la ex Luz y Fuerza del Centro, los cálculos más optimistas señalan que la cifra se quedó corta.
Más aún, si se anexa el monto que asumirá el Gobierno Federal al hacerse cargo de las pensiones y jubilaciones, el número parece de risa.
De acuerdo a un cálculo inicial del equipo de transición del actual gobierno al plantearse la posibilidad de la extinción del órgano desconcentrado, el monto del reconocimiento de los derechos adquiridos de los trabajadores jubilados, que en 2001 ascendieran a 21 mil 805, se ubicaba en 117 mil millones de pesos, al margen de otros 6 mil de quienes estaban en vías de retiro.
La cifra, sin embargo, no reconocía el incremento de 2% anual en términos reales de las percepciones, bajo el supuesto de que una vez liquidado el contrato colectivo las percepciones ya no se incrementarían en tal proporción.
El parámetro, en tal caso, sería la inflación.
De hecho, se advertía de la imposibilidad de repetir el caso de la Fundidora de Monterrey, en que el gobierno pagó en efectivo el monto total de la prestación, o fondear ésta, como en el caso de los trabajadores de los ex Ferrocarriles Nacionales de México y del ex Banco Nacional de Crédito Rural, planteándose como salida la constitución de un fideicomiso en Nacional Financiera.
La alternativa, sin embargo, reclamaría el que el Congreso autorizara una partida presupuestal especial, a título de deuda contingente.
La paradoja del caso es que hace tres años se calculaba que la indemnización a los trabajadores activos, en aquel entonces 40 mil 757, ascendería a 13 mil millones 200 mil pesos, empatándola con lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo.
Lo inaudito del asunto es que se calculaba que el monto bajaría ligeramente si se empataba a su vez con lo que estaba dispuesto en el contrato colectivo de trabajo.
El desglose hablaba de 12 mil 145 trabajadores sindicalizados y mil 94 de confianza, que tendrían derecho a seis meses de salario integrado más 20 días por año de servicios, compensaciones por antigüedad y pago adicional.
Más allá, 11 mil sindicalizados y mil 30 de confianza con derecho a una indemnización de tres meses de salario integrado más 20 días por año de servicio, compensación por antigüedad y pago adicional.
Finalmente, 6 mil trabajadores sindicalizados y 675 de confianza con derecho a una indemnización de tres meses de salario integrado, compensación por antigüedad y pago adicional.
A la mencionada cifra se le descontarían mil 400 millones por concepto de adelantos otorgados a los trabajadores a cuenta de compensación y 7 mil 700 por concepto de préstamos para terrenos o casas habitación, es decir, en conjunto 8 mil 600 millones de pesos.
El resto, 4 mil 600 millones, habría que pagarlo en efectivo, lo que representaría un promedio de 113 mil pesos por trabajador.
Sin embargo, se advertía la dificultad de que los trabajadores en cuestión renunciaran a las expectativas de derechos de jubilación, cuyo monto al 31 de diciembre de 2006, ascendía a 41 mil millones de pesos.
De perderse el punto, la liquidación se elevaría más de seis veces. La fórmula aconsejada era buscar un equilibrio bajo la base de que no hay ningún precedente práctico en la materia, dado que jurídicamente no es viable el reconocimiento de las expectativas de jubilación, entregándose una compensación en efectivo, en bono o una combinación de ambos.
En aquel entonces el grueso de los trabajadores, es decir, 50%, tenía entre 30 y 44 años, ubicándose sus antigüedades entre 10 a 14, 15 a 19 y 20 a 24 años, por más que 8% alcanzaba entre 25 y 29, y 2% entre 30 y 34 años.
El consejo, entonces, hablaba de un golpe rápido, dado el crecimiento de 900 plazas anuales en la nómina, y los incrementos salariales obtenidos, cuyo monto había sido de 2.2% en términos reales durante los últimos seis años.
De hecho, se planteaba aprovechar el emplazamiento a huelga frente a la revisión contractual correspondiente a 2008 para darlo, bajo la premisa de que si se extingue el organismo se congela el número de derechohabientes y se indexan las pensiones a la inflación.
De darse el zarpazo de esa manera en ese entonces se calculaba una base de negociación para liquidar a los trabajadores activos de 30 mil millones de pesos, incluido el "ni-tú-ni-yo" de expectativa de jubilación.
Pero la jugada se retrasó año y medio.
La gran pregunta ahora es qué cara pondrá la opinión pública cuando se entere de que de nueva cuenta el catarrito se volvió pulmonía.
El supuesto "ni-tú-ni-yo" que plantea el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para modificar la propuesta económica del gobierno federal pretende quedar bien con Dios y con el diablo.
Aunque en el papel golpea más a las clases desprotegidas al incrementar de 15% a 16% la tasa general del Impuesto al Valor Agregado, las compensa al mantener en cero la aplicable en alimentos y medicinas, y de pasadita le quita a las grandes empresas el fardo que representaba el no poder recuperar el supuesto impuesto antipobreza de 2%, por ubicársele en calidad de contribución.
Y ya picado, el ex partido oficial le quita a las empresas gigantes el coco de las modificaciones al Código Fiscal, a cuya vera se abría una temporada de terror, y les aplana el camino para seguir disfrutando de una consolidación fiscal acotada.
BUENA Y MALA La buena noticia para el Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, es que la Corte de Distrito de Corpus Christi ratificó una sentencia que le permite retomar el control de la firma productora de cobre Asarco, radicada en Estados Unidos.
La mala es que los steelworkers, el sindicato del ramo del país vecino, han lanzado a los cuatro vientos la amenaza de emplazar a huelga al día siguiente en que la compañía mexicana retome el control, en un capítulo más del pleito entre ésta y el líder minero Napoleón Gómez Urrutia.
Como usted sabe, la firma mexicana perdió su participación mayoritaria al acogerse Asarco al capítulo XI de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.
SE VA CÁRDENAS Este martes Jorge Cárdenas Romo oficializará su retiro de la contienda por la presidencia de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), cediéndole la estafeta a Juan Carlos Muñoz, propietario de Transportes Castores.
Este, pues, será el rival de Noé Paredes en la elección que se realizará en diciembre próximo.
AEROMÉXICO VUELA De acuerdo a datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en agosto pasado Aeroméxico dio otro pasito para consolidar su liderazgo en el mercado, avanzando de 28.5% al 32.5%.
Mexicana, a su vez, saltó al 29%.
La primera, a la par de sus filiales, transportó a 754 mil 522 pasajeros, es decir, 7.4% más que en el mismo mes de 2008, en tanto Mexicana y anexas alcanzó 654 mil 130.
Detrás de ellos se ubica Interjet, con una participación de 13.5, seguida de Volaris con 11.4.
