Cuestionable. Especialistas cuestionaron la efectividad de la propuesta económica del presidente Felipe Calderón para beneficiar a las familias más pobres.
MÉXICO, DF.- El impuesto del 2 por ciento al consumo propuesto por el presidente Felipe Calderón para financiar los subsidios a la población más pobre del país podría no tener los resultados anunciados debido a fallas estructurales de los programas sociales, advirtieron especialistas.
“Los pobres van a participar en el financiamiento del combate a la pobreza, y lo que se espera es que el aporte se canalice bien y los programas sean efectivos, pero los programas sociales tienen riesgos de inclusión y exclusión, no tan grave el primero como el segundo, que podría dejar fuera familias que aporten y no reciban los beneficios”, señaló Héctor Nájera, investigador del Observatorio de Política Social.
El Ejecutivo Federal propuso cobrar un nuevo impuesto de 2 por ciento al consumo para recaudar 70 mil millones de pesos que serían etiquetados para el gasto social.
El secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, explicó que el millón 350 mil de familias que recibirían apoyos con esos recursos serían casi en su totalidad de zonas urbanas porque ahí se ha registrado un mayor aumento de la pobreza alimentaria.
Sin embargo, los últimos datos de pobreza publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señalan que entre 2006 y 2008 el número de habitantes de zonas urbanas en situación de pobreza alimentaria aumentó de un millón 29 mil hogares a un millón 451 mil, mientras que en las zonas rurales pasó de un millón 784 mil a 2 millones 373 mil hogares.
Por otra parte, aunque los 5 millones de familias beneficiarias de Oportunidades se concentran en zonas rurales, hay población excluida por este programa -los más pobres de los pobres que viven en zonas donde no hay escuelas ni clínicas-, a la que se intentó cubrir con el programa Apoyo Alimentario, el cual se basó en Diconsa para canalizar los subsidios, dada la dificultad de elaborar un padrón de beneficiarios propio.
De acuerdo con John Scott, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ese esquema plantea un riesgo de exclusión.
“Usan Diconsa y está mal focalizado. A nivel municipal se deja ver que hay municipios no pobres cubiertos por Diconsa y no necesariamente está concentrado en las localidades más pobres”, alertó en entrevista.
“La mitad de la población de los tres primeros deciles (de ingreso) no está en Oportunidades, 15 millones de pobres de capacidades a los que estarían golpeando con el impuesto”.
El especialista consideró que ampliación de la cobertura de Oportunidades anunciada por el Ejecutivo Federal no resuelve el problema.
“Si ese millón 350 mil familias que se van a incorporar estuvieran bien identificadas, sería bueno para esa población a quien le vas a retribuir, pero no se cubrirán todas las que son pobres y no reciben ningún apoyo, además se van a incorporar familias urbanas y en estas zonas es mucho más difícil focalizar”, apuntó.
‘Propuesta económica no atiende el desempleo’
Tras manifestar su rechazo a la propuesta presentada en el Congreso de la Unión, a través de la Secretaría de Hacienda, por parte del Gobierno Federal, en la que propone aumentos que afectan alimentos y medicinas, el diputado federal, Héctor Fernández Aguirre, aseguró que no se observa ningún crecimiento positivo para el país, ni siquiera intenciones de afrontar uno de los problemas más graves de la nación como es el desempleo.
El legislador, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, consideró que el país necesita con urgencia mantener el circulante activo, por lo que es imprescindible apoyar desde la Cámara de Diputados un proyecto de nación que genere un crecimiento interno bruto, pues sólo así se reflejará finalmente un beneficio directo en los bolsillos de los mexicanos que en este momento forman parte de la larga lista de desempleados.
Fernández Aguirre lamentó de sobremanera que a pesar de la situación que se vive, el ejecutivo federal se atreva a tratar de gravar alimentos y medicinas mediante una propuesta económica que definitivamente será rechazada por los priistas.
