"En un sistema burocrático, el trabajo sin
Utilidad desplaza al trabajo útil."
Milton Friedman
"No es justo. No se vale. La plaza me costó 40 mil pesos. Y ahora me quieren dar 80 mil pesos de indemnización." La queja es una de las muchas que he escuchado sobre la decisión del Ejecutivo de liquidar a Luz y Fuerza del Centro y eliminar un contrato colectivo extraordinariamente costoso para los mexicanos, los verdaderos dueños de la empresa.
Luz y Fuerza del Centro no era, no es, la única paraestatal en que se venden las plazas sindicales. El problema ha sido endémico en las dependencias del Estado mexicano. Una razón es que el paquete total de remuneración, que incluye prestaciones y jubilación, supera con mucho lo que pueden ofrecer las empresas privadas, mientras que la carga de trabajo es usualmente inferior. La otra, el monopolio de los líderes sindicales o los políticos sobre las contrataciones.
Daniel García, un trabajador de Salamanca, Guanajuato, me escribe y explica que en 2008 fue liquidado junto a otros compañeros de una empresa privada que, en medio de la crisis, buscaba mantener su competitividad. "Como en toda pérdida, la del empleo lleva consigo un proceso de luto que hay que superar."
En Salamanca este hombre debe tratar con empleados de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex que "cándidamente platican de sus prestaciones, sus usos y costumbres, que incluyen la herencia de plazas para la familia, jubilaciones a los 30 años (con lo que usualmente viven más tiempo pensionados que el tiempo trabajado), bonos por asistencia al trabajo, gasolina o electricidad gratis, etc., [lo cual] deja una congoja en un ex empleado de empresa privada que ha pagado sus impuestos puntualmente".
Desde hace décadas se han venido forjando dos regímenes laborales distintos en nuestro país. Uno se aplica a los trabajadores de empresas privadas, que tienen que esforzarse en el empleo, reciben prestaciones de ley, se jubilan a los 65 años con una fracción de su sueldo y pueden perder el empleo en tiempos de dificultad. Otro es el de los trabajadores del sector público, que tienen prestaciones excepcionales, pueden negarse a hacer ciertas labores que no están en su descripción de puesto, a veces no tienen nada que hacer porque trabajan en empresas con exceso de personal o porque su responsabilidad ya no existe, no pueden ser despedidos y se jubilan con pensiones superiores a sus sueldos a los 55 años de edad en promedio.
El trato especial es producto del hecho que los dueños de las empresas y entidades gubernamentales, los ciudadanos mexicanos, no tenemos posibilidad de ejercer un control real sobre ellas. Los sindicatos y funcionarios, a través de un perverso proceso de privatización, se han convertido en usufructuarios.
El surgimiento de un mercado negro de plazas es natural en estas condiciones. Si bien los sueldos del sector público suelen ser inferiores a los de las grandes empresas privadas, aunque superiores a los de las pequeñas y medianas, la diferencia en condiciones hace que valga la pena refugiarse en él.
Una de las grandes ventajas de los empleos gubernamentales es la confianza de que, aun cuando uno no haga nada, podrá conservarlo hasta la jubilación. Esta certeza se pone en tela de juicio por el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Con razón los políticos y líderes sindicales que se han beneficiado de las condiciones especiales de trabajo en el sector público están tan decididos a impedir que la medida prospere. No se preocupan de los intereses de los verdaderos dueños de la empresa, el pueblo de México, sino sólo de su beneficio personal.
Los apagones han sido demasiado numerosos y prolongados para adjudicárselos simplemente a la lluvia. Sólo dos explicaciones se vienen a la mente: dificultades para que los 3,500 trabajadores de la CFE que han reemplazado a los 44 mil de LyFC manejen el sistema de electricidad del valle de México o actos de sabotaje.
