La investigación del asesinato del director de Protección Ciudadana de Gómez Palacio, Roberto Torres Salinas, será turnada a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se haga cargo del caso, informaron autoridades de Durango.
El subprocurador de Justicia para La Laguna de Durango, Alejandro Moreno, dijo que en el crimen hay tanto un delito del fuero común como uno del fuero federal (el uso de armas prohibidas) y por lo tanto la investigación será atraída por la PGR.
"En base a un razonamiento jurídico donde nos establece que cuando existe un delito del fuero común y del federal que estén relacionados, la averiguación tendrá que ser atraída por la fiscalía federal", explicó.
Torres Salinas, quien era jefe de la policía preventiva de Gómez Palacio, fue asesinado por un grupo armado la noche del miércoles cuando estaba a bordo de su camioneta afuera de su casa en Lerdo.
Los atacantes dispararon al menos 40 veces contra la camioneta y la casa con armas de alto poder AK-47 ("cuerno de chivo") y AR-15. Hasta ahora no hay detenidos.
Moreno dijo que su dependencia terminará de desahogar algunos procedimientos de la investigación y hoy viernes daría vista a la PGR.
El asesinato de Torres Salinas es el segundo caso en que un mando policiaco de la Comarca Lagunera es atacado en menos de dos meses. El 18 de octubre pasado, el director de Seguridad Pública de Torreón, Karlo Castillo, fue emboscado cerca de la Casa del Cerro.
Ayer se llevaron a cabo los funerales de Torres Salinas, con una ceremonia en la sede de la Secretaría de Protección y Vialidad de Gómez Palacio.
Torres Salinas había sido nombrado director de Protección Ciudadana en julio pasado, pero trabajaba en la corporación policiaca desde hace cuatro años.
Moreno dijo que los elementos de corporaciones policiacas corren el riesgo de ser atacados, pero señaló que "tienen la indicación de estar alertas y nunca trabajar solos, siempre tienen que andar dos o más".
El gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, dijo que el asesinato no debe ser motivo para que las policías municipales y estatales cedan en el combate al crimen organizado.
