La “liberación” de cinco reos por parte de un comando armado en el Cereso de Gómez Palacio resalta la necesidad de un penal federal para albergar a los malandros detenidos por fuerzas federales en Coahuila y Durango, pues ya quedó claro que su custodia no puede estar a cargo de autoridades estatales. El “modus operandi” en Gómez es similar al usado para sacar a nueve del Cereso de Torreón hace un mes. De esta forma, el Gobierno de Ismael Hernández Deras quedó en el mismo ridículo en el que quedó el Gobierno de Humberto Moreira en aquella ocasión. Es claro que el sistema penitenciario de los estados, diseñados para resguardar delincuentes comunes, no puede con los reos federales apoyados por grupos del crimen organizado.
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Para como están las cosas, los reos federales, en algunos casos, llegan a casi la mitad de la población de un Cereso, sin que haya un apoyo adicional de la Federación para su resguardo. Nuestros subagentes comentan que mientras la PGR ha buscado llevarse a algunos detenidos en La Laguna a penales federales en otras partes del país, éstos son retachados a la Comarca por los jueces que no les pueden (o quieren) fincar procesos en lugares donde no fueron detenidos. Lo curioso es que, en el caso de los reos de Gómez Palacio, éstos habían sido detenidos en Durango, lo cual lleva a preguntarse qué diablos estaban haciendo acá. La urgencia de un Centro Federal de Readaptación Social ya ha sido tocado con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y con el mismo presidente Felipe Calderón, pero hasta ahora no se ha movido un dedo. Los que tampoco han movido un dedo han sido los legisladores laguneros, los del PRI y los del PAN y los de Coahuila y los de Durango. Tanto, que vinieron a presumir el dinero de la Zona Metro, pero cuando se trata de la seguridad, brillan por su ausencia. Los mismos legisladores admiten que el dinero que envía la Federación a los estados para mantener a reos del fuero federal no está etiquetado para gastarse específicamente en seguridad, pero tampoco se ven muy dispuestos a ordenar el flujo de estos recursos o aumentarlo para proveer mayor seguridad. Así las cosas, la pregunta no es si habrá otra fuga en algún Cereso de la localidad, sino cuándo.
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En esto de la seguridad, interesante encerrona tuvo el lunes el jefazo de la XI Región Militar, Marco Antonio González Barreda, con el gober Humberto Moreira y el alcalde José Ángel Pérez. Nuestros subagentes infiltrados comentan que el tono fue más cordial que en ocasiones anteriores y que don José Ángel andaba de tan buen humor que ya accedió a llevarse el servicio de emergencias 066 al Centro de Control de Crisis que tiene el “Gobierno de la Gente” junto a la Policía Federal, que había sido uno de los principales puntos de conflicto entre el Gober y el Alcalde. De esta forma, los operadores y el equipo que están en la Dirección de Seguridad Pública se pasarán al C-3 para que desde ahí atiendan las llamadas. En la reunión las autoridades se tiraron flores mutuas sobre los operativos que se han llevado a cabo, aunque todavía es temprano para saber si han tenido resultados. Al parecer al general González no le han hecho ruido los roces que han tenido Estado y Municipio en el tema de la seguridad, pues la preocupación principal entre los mílites locales es que no pueden garantizar una presencia más activa del Ejército en la ciudad ya que el megaoperativo que maneja la XI Región en Ciudad Juárez les ha costado bastante en energía y recursos humanos y materiales. Tras la reunión en el Campo Militar, el gober Moreira se fue a reunir con el presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, Omar Gutiérrez, quien ha sido una considerable piedra en el zapato de don Humberto. Como se recordará, don Omar expresó duras quejas porque el Estado no los pela y luego el procu Jesús Torres Charles le reviró que no tiene representatividad para hablar a nombre de los empresarios. Al parecer la reunión serenó a las partes, se disculparon y se apapacharon y todos salieron muy contentos, casi como si fueran amigos de toda la vida. Sin embargo, nuestros subagentes reportan que en el “Gobierno de la Gente” no descartan que don Omar vuelva a las andadas con las críticas por la falta de atención en materia de seguridad y los empresarios tampoco están muy seguros de que una sola reunión arreglará las cosas.
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Ya van casi tres meses desde el cambio de titular en Ingeniería de Tránsito, cuando Alfonso Chavira entró a relevar a Francisco Torres, pero el cambio ni siquiera ha empezado a solucionar el problema que padece Torreón en la vialidad, sobre todo en los semáforos. Los cruceros siguen en un estado de desorden que ya parece permanente y la sincronización ocurre casi de manera milagrosa. Nuestros subagentes reportan que la gestión de don Alfonso ha empeorado el problema en algunos cruceros modificando los tiempos de los semáforos. Lo interesante, se dice por ahí, es que los cambios han obedecido a presiones de comerciantes que buscan atraer más tráfico a sus locales. En el Municipio dicen que están haciendo pruebas, pero vaya uno a creerles. Al parecer, el problema del creciente tráfico sigue pasando de noche en el área encargada de regularlo.
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Con los candidatos a las diputaciones federales agazapados mientras terminan las precampañas (que no sirven para nada pues ya todos quedaron designados por dedazo), los partidos se han enfocado a afinar sus estrategias. En el caso del PRI en Torreón, nuestros subagentes comentan que se han topado con un dilema: y es que si bien los candidatos Héctor Fernández Aguirre y Miguel Ángel Riquelme harán campaña sobre una plataforma dictada desde la peronera capital por el hermano cómodo Rubén Moreira, a la hora de aterrizar los temas en Torreón y deplorar el lamentable estado de la ciudad en cuanto a seguridad y crisis, no podrán escapar la responsabilidad que tiene la Administración del gober Humberto Moreira. Para los priistas, la plataforma apunta cómodamente las críticas a los gobiernos municipal y federal, que son panistas, por lo que se les hará fácil soltar los dardos sobre las carencias de la ciudad. El problema es que parte de las crisis en seguridad y empleo también deben atribuirse a las acciones, o falta de ellas, en el Gobierno Estatal, en asuntos que van desde delitos como secuestro y extorsión, hasta el desempleo por la falta de inversiones. En el tricolor confían en que la ola de descontento va a favorecer de tal manera al PRI que podrán navegar la campaña mirando la paja en el ojo ajeno sin fijarse en la viga en el propio.
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Por otra parte, en el PAN tienen el problema opuesto. Responsables de la Administración local y la federal, el partido tiene pocas agarraderas para capitalizar el descontento de la población, de modo que ya preparan las baterías contra el “Gobierno de la Gente”. La batalla se dará con mayor fiereza en el distrito 6 de Torreón, que es el más panista de Coahuila, donde el aspirino Luis Gurza prepara las baterías contra la Administración estatal para culparla de todos los males. La estrategia se observa también desde el Congreso del Estado, donde los curulecos blanquiazules la han agarrado contra funcionario “de la gente” que se les atraviese. En los últimos días sus blancos han sido variados, desde el procu Jesús Torres Charles por eternizarse en la nueva Fiscalía General del Estado, hasta el director del Instituto Coahuilense de Cultura, Armando “El Chino” Guerra, por supuestos malos manejos. Con esto el PAN buscará hacer algo de ruido y tratar de recuperar espacios perdidos en las últimas elecciones.