Sin querer (¿queriendo?) el hermano cómodo y candidato del PRI a diputado por la peronera capital, Rubén Moreira, tomó prestada una página de la plataforma del PAN cuando propuso la reducción de diputados federales, recortando 100 plurinominales. Lo curioso es que la idea de reducir el número de curules en la Cámara Baja lleva años congelada, pues el principal obstáculo ha sido, precisamente, el tricolor. De ahí que resulte curioso que don Rubén haya agarrado esa bandera, impulsada por el PAN, que no es muy bien vista en la cúpula priista. La explicación estaría en lo atractivo de la idea, pues es generalizada la percepción de que hay un exceso de diputados que nada más se aprovechan de la nómina, sobre todo los "pluris" que ni siquiera tienen que sudar la elección.
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Más bien, reciben la curul como un premio por servir a su partido o por tener un “padrino” poderoso. El candidato tricolor asegura que esa propuesta ya se hizo realidad en Coahuila, con la reforma electoral que recortó “pluris”, aunque fueran nada más tres. La pregunta es: ¿qué pasará a nivel nacional si el PRI mantiene su oposición a tal propuesta? Hasta ahora don Rubén y el gober Humberto Moreira no han dudado en aparecer como “contreras”, como cuando enviaron al diputado Jericó Abramo a votar en contra de la reforma electoral o del presupuesto de 2008 a pesar de que el pleno del PRI votó a favor. Pero habrá que ver si tal postura conviene a sus intereses en la próxima legislatura. ¿Llevará don Rubén al pleno de la Cámara la propuesta de recortar diputados? O si otro partido la plantea, también vale preguntar si la apoyarán los priistas de Coahuila aun en contra de su dirigencia nacional. Por ahora, lo más raro es que el PAN ganó un aliado inusual, al menos para alzar una de sus banderas.
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Con un año de retraso, el Municipio finalmente decidió la ruta a seguir en la concesión del servicio de limpieza, pero al decidirse por abrir una licitación podría toparse con un buen lío jurídico y político. Uno de los problemillas que seguramente saldrán es el futuro del relleno sanitario, que es propiedad de PASA. Habiendo perdido la renovación automática del contrato y obligada a entrar a la licitación, a la empresa le queda el relleno como una poderosa ficha de negociación, pues hasta ahora no es claro si PASA, perdiendo el concurso, estaría dispuesta a vender el terreno a la empresa ganadora. Lo que sí está claro es que los funcionarios encargados de este asunto, entre ellos el secretario del Ayuntamiento, Gerardo Puentes, no pensaron en las consecuencias. Cuestionado al respecto, don Gerardo sólo atinó a decir que quizá podrían usar el relleno de Gómez Palacio para la disposición final de la basura, pero no dejó ver nada concreto. El otro problema es político, pues la licitación se resolvería en septiembre, justo en medio de la elección para la presidencia municipal. Nuestros subagentes reportan que ya la empresa regiomontana “Proterra”, que tiene el servicio en Gómez Palacio, está dando brincos para entrarle al concurso y buscar ganarle el mandado a su archirrival PASA. Pero en La Laguna ya sabemos lo que sucede cuando estas dos empresas, que traen un pleito añejo, se dan un agarrón en época electoral, como sucedió en Gómez en 2007, donde volaron acusaciones de corrupción a diestra y siniestra y el proceso quedó atrapado en el desaseo y las impugnaciones. El problema, en todo caso, no fue abrir el concurso, al contrario, ésa es la mejor forma de garantizar la transparencia, sino abrirlo al cuarto para las doce, en época electoral cuando a la Administración le quedan pocos meses y, sobre todo, cuando tenían tiempo de sobra para hacerlo oportunamente.
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La estrategia de las autoridades estatales y municipales en el combate a la inseguridad parece ser más la forma que el fondo o la apariencia más que la sustancia. Esto a raíz de una serie de anuncios que se vendieron como “pasos firmes” en el combate a la delincuencia pero que hasta ahora no se han concretado. En el caso del “Gobierno de la Gente”, se anunció con bombo y platillo que el servicio de emergencias 066 se incorporaría al Centro de Control de Crisis del Estado. Cuando se hizo el anuncio, en marzo, se dijo que la fusión quedaría en abril. Ya en junio, salieron con que hasta septiembre, por lo que todavía no son capaces de tener un sistema unificado de reacción a emergencias. Caso similar sucede con el famoso helicóptero, cuya compra se ha cacareado más de un año. Finalmente llegó un aparato, con un piloto que no tiene idea de la Comarca pues se lo trajeron de la peronera capital. Pero además resulta absurdo que haya venido nada más un piloto, cuando es obvio que un helicóptero de apoyo en vigilancia y operativos necesita estar disponible las 24 horas y nadie espera que el aviador se mantenga en vigilia permanente (a lo mejor tiene insomnio, quién sabe). Mejor que contraten unos taxistas y les den lecciones de vuelo, hasta saldría más fácil. Otro problema es que el aparato que llegó a la región es rentado, pues la compra del bueno todavía no se realiza. Nuestros subagentes comentan que el helicóptero definitivo sigue sentado en la Ciudad de México porque el Gobierno Estatal no ha pagado los seis millones de pesillos que se requieren para completar el costo total. Otro caso de anuncio espectacular se dio en Torreón, donde el anuncio del cese de 302 policías levantó revuelo, pero luego las autoridades se toparon con el pequeño detalle de que no sabían de qué se les acusaba pues los despidos se anunciaron sin que hubiera una investigación de cada caso. La consecuencia es que los agentes están inhabilitados, pero siguen cobrando y, en una de ésas, hasta podrían regresar al trabajo si el Municipio no comprueba las faltas que justifiquen los despidos. Mientras tanto, los índices delictivos y los hechos violentos en La Laguna van en ascenso. No cabe duda que Torreón aguanta todo; hay que seguirle cargando.
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Y en esto de la seguridad, resulta curioso que las policías estatales a cargo de la flamante Fiscalía General, que comanda Jesús Torres Charles, hagan fuerte presencia para proteger pleitos entre particulares y no donde más se les necesita, que es en la calle previniendo o investigando delitos. Esto fue evidente por el fuerte despliegue de agentes de las policías investigadora y operativa del Estado, que vigilaban la demolición de bardas en el fraccionamiento Los Azulejos, que sigue con sus eternas broncas jurídicas. No es la primera vez que sucede, pues el año pasado ocurrió un episodio similar. En esa ocasión las quejas de los vecinos por el despliegue policiaco fueron atendidas por el gober Humberto Moreira quien respondió que no volvería a suceder. A lo mejor se le olvidó, pues ahora alguien juzgó necesario mandar la fuerza pública a un pleito que no amenaza a nadie, mientras en la ciudad el crimen avanza, en buena medida, por la falta de vigilancia. Son curiositas nuestras autoridades.
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Nuestros subagentes en la Presidencia Municipal de Gómez Palacio comentan que en el Gobierno Federal andan muy interesados en las finanzas del Municipio, particularmente lo que tiene que ver con los dineros destinados a obras financiadas con recursos federales. Los subagentes no puntualizaron si hay una auditoría en forma, pero reportan que sí hay una revisión del uso de dinero federal en los puentes que se construyen desde tiempos del alcalde Ricardo Rebollo y ahora con su sucesor Mario Calderón. Como se sabe, cinco puentes que se hacen con mezcla de recursos de los tres niveles están detenidos porque la Federación no suelta el billete, y en algunos casos se señala que problemas en las licitaciones serían la causa de que el dinero esté congelado. Mientras tanto, en el Ayuntamiento y en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Durango operan como si no pasara nada.
